Cámaras empresariales, sindicatos y autoridades de Gobierno expondrán ante los diputados sus opiniones sobre el proyecto de ley que pretende ordenar las reglas del juego en materia de huelgas, específicamente cuando se afectan servicios esenciales como el de los hospitales.
Así se aprobó este miércoles por la mañana en la comisión especial creada para discutir este proyecto, elaborado por el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides y que cuenta con el respaldo mayoritario de las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Entre las instituciones invitadas a audiencia destacan los ministerios de Educación Pública, Seguridad y Obras Públicas y Transportes, además, también se convocó a los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Procuraduría, Contraloría General, Sala Segunda y Defensoría de los Habitantes.
Por su parte, también se recibirá a los sindicatos de educación (ANEP, APSE y SEC), salud (ANPE, Undeca) y otros como Sintrajap (trabajadores de Japdeva), el colectivo Patria Justa y los sindicatos del Poder Judicial, entre otros.
También asistirán a la comisión los representantes de las cámaras empresariales (Industrias, Comercio, Exportadores e Importadores).
La lista fue sugerida por los diputados Yorleni León y Carlos Ricardo Benavides, del PLN; Floria Segreda, de Restauración Nacional y Víctor Morales, del PAC.
En la lista de actores invitados a dar su punto de vista figura la abogada laboralista Paola Gutiérrez, exsecretaria del Partido Liberal Progresista. Consulta al respecto, Gutiérrez afirmó que desconoce quién sugirió su nombre, y que el proyecto debe referirse al tema de las “huelgas políticas”, ya sea definiendo sus requisitos o prohibiéndolas.
“Si el Gobierno tramita el proyecto de ley de empleo público y se genera la misma situación de la reforma fiscal, vamos a quedar con las mismas interrogantes”, dijo la abogada.
El proyecto busca agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales encargados de declarar las huelgas legales o ilegales, reformar las causales para la disolución de un sindicato y definir los requisitos para penalizar a los funcionarios que se sumen a movimientos ilegales.
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De acuerdo con Benavides, la comisión tiene cuatro meses para discutir el proyecto, luego de aprobarse la vía rápida para su tramitación. Este mecanismo se empleó en proyectos como la reforma fiscal, con el fin de acelerar su votación y reducir los tiempos de debate.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, propuso, antes de aprobarse la moción, elaborar una lista conjunta de personas afectadas y expertos para convocar a audiencia, sin embargo, su propuesta fue rechazada.
Se espera que las audiencias inicien el próximo lunes.
