El plenario avaló con 41 votos convocar a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, para que presente información sobre “la situación actual del sistema educativo, el impacto financiero que tendrá la actual crisis en el sistema educativo, el curso lectivo 2020 y 2021” y sobre las medidas que el Ministerio de Educación (MEP) implementa para “evitar el rezago educativo, reducir la brecha digital, evitar la deserción estudiantil”.
La moción, aprobada este jueves, fue defendida por los liberacionistas Silvia Hernández y Wagner Jiménez.
Hernández destacó que existe una cantidad considerable de estudiantes sin acceso a educación de forma remota, como se ha diseñado para confrontar la pandemia por COVID-19.
“¿Cómo nos vamos a enfrentar el próximo año a niños que no están estudiando? Más de 500 mil estudiantes de primaria y secundaria no tienen acceso a Internet, o un dispositivo que les permita tener acceso a educación. ¿Qué ha impedido al MEP hacer pruebas piloto en bajas tasas de contagio?”, preguntó Hernández.
La liberacionista sugirió que se adelante “el calendario escolar para empezar la primera semana de enero del 2021 y (así) aprovechar para sentar a los estudiantes al aire libre como lo hace El Salvador”.
Rechazan llamar a cuentas a Seguridad
Por otro lado, los legisladores rechazaron llamar a cuentas al ministro de Seguridad, Michael Soto, para discutir las acciones policiales durante las manifestaciones presentadas en octubre. Los votos en contra de la convocatoria fueron 24 y 16 a favor.
La moción que se leyó el jueves 5 de noviembre fue presentada por la socialcristiana Shirley Díaz y otros diputados desde el 13 de octubre, un día de enfrentamientos entre policías y manifestantes frente a Casa Presidencial.
La moción pretendía cuestionar a Soto por ese día y, también por las “anomalías” presentadas en “Altamira, San Carlos y Cañas”, donde también hubo enfrentamientos físicos.
El legislador Wálter Muñoz (Partido Integración Nacional) defendió la moción porque identificó “acciones que nosotros pudimos corroborar y que no corresponden a una seguridad de manera pacífica sino, por el contrario, sentimos más represión que la posibilidad de poder dar atención a las diferentes manifestaciones que hubieron”.
“Los costarricenses que representan el sentir popular deben tener el derecho a manifestarse, siempre y cuando no incurran en actos de violencia. Las autoridades deben, permanentemente, brindar la protección y posibilidad de no incurrir en la represión de la manera en que pudimos observar”, afirmó Muñoz.
El diputado fue respaldado por su jefa de bancada, Patricia Villegas, quien pidió que los diputados que atiendan las voces de los manifestantes.
Por otro lado, se manifestó en contra la independiente Zoila Volio, quien dijo que “no hay ninguna aberración porque en todos los operativos hay (oficiales) encubiertos; no son infiltrados”. Agregó que hubo actos violentos contra policías y patrullas en manifestaciones que “de pacíficas, algunos bloqueos, no tuvieron nada”.
La votación para convocar al ministro Soto resultó de la siguiente forma:
