País ASAMBLEA LEGISLATIVA

Diputados aprueban traslado de ¢162 millones de recursos públicos a Asociación Obras del Espíritu Santo

El sacerdote Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, y un grupo de diputados liderados por el legislador Pablo Heriberto Abarca, presentaron este proyecto de ley.

Esta tarde fue aprobado en segundo debate un proyecto de ley que traslada ¢162 millones de recursos públicos que se encuentran en la Junta de Protección Social (JPS) a la Asociación Obras del Espíritu Santo.

El expediente N° 21.423, “Ley para el fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras del Espíritu Santo” fue aprobado por 43 diputados a favor, 5 en contra y 5 ausentes.

Esto fue posible después de que el 19 de agosto la Sala Constitucional resolviera que el proyecto no tiene los problemas de constitucionalidad que fueron alegados por un grupo de diputados.

Las y los legisladores que votaron en contra del proyecto fueron Laura Guido (PAC), José María Florez-Estrada (Frente Amplio), Nielsen Pérez (PAC), Enrique Sánchez (PAC) y Paola Vega (PAC).

Estos recursos fueron generados mientras estuvo vigente el artículo 1 de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, que luego fue derogada. Son un total de ¢162.350.075, que se encuentran en las arcas de la JPS y estaban destinados a la Casa Hogar Tía Tere.

Sin embargo, en febrero de 2019 se derogó la Ley de Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere (No. 7817), y su patrimonio, infraestructura y funciones pasaron al PANI. Entonces, estos recursos acumulados en la JPS quedaron sin asignación y calificación.

Fue cuando el sacerdote Sergio Valverde y un grupo de diputados liderados por el legislador Pablo Heriberto Abarca, presentaron este proyecto de ley para que los recursos fueran asignados a Obras del Espíritu Santo.

El jueves 29 de octubre, el diputado Pablo Heriberto Abarca (PUSC), justificó su apoyo a la iniciativa y llamó a los diputados de Acción Ciudadana “inútiles”, “carebarros” e “hipócritas”, porque dijo que el segundo legislador en firmar ese proyecto de ley fue Víctor Morales.

“¿Cuál es el drama? Se trasladan recursos que estaban en manos de una asociación privada a otra asociación privada. Lo que está de fondo es que lo dirige un sacerdote. Ese es todo el pleito”, afirmó Abarca.

Mientras que Jonathan Prendas, uno de los defensores del proyecto, manifestó: “La cacería de brujas que se hizo en el plenario contra este proyecto fue por una cosa religiosa. Es una de las organizaciones más auditadas porque siempre hay recelo religioso; eso es persecución religiosa”.

Ese mismo día, la diputada Paola Vega anunció que su voto sería negativo.

“No me importa si lo firmó Víctor Morales. No me tiembla a mí el pulso para decir que esa firma comete errores con respeto al uso adecuado y honesto de los recursos públicos. No importaría si los dineros donados fueran del bolsillo particular de los diputados. Pero cuando se comprometen recursos publicos de los contribuyentes a esta escala para trasladar dinero de todas las personas que pagan impuestos, sin importar si creen o no en una asociación”, dijo Vega.

Para la diputada, “cuando la caridad es patrocinada deja de ser caridad”. “Hay un montón de instituciones que hacen el mismo trabajo que OES (Obras del Espíritu Santo) y no les están considerando. Esto fue una asignación a dedo de 162 millones de colones”, agregó.

“De nada sirve toda la gente que mandó correos, criterios, argumentos, porque a los que vinieron con rompope y niños a cantar villancicos sí les hicieron caso. Aquí está ganando la política del clientelismo y la política del rompope”, criticó Vega.

Minutos antes de la votación, hoy lunes, el frenteamplista José María Villalta se declaró “respetuoso” de los credos religiosos y afirmó que esta iniciativa no es la forma de asignar los recursos públicos de la JPS.

Dijo que el proyecto se asemeja al sistema de “diputados gamonales”, que asignaban “a dedo” los recursos públicos de antaño.

“No creo que esta sea la forma de asignar los recursos de la Junta de Protección Social, la Junta tiene recursos para asignar a las asociaciones de bien social de todo el país y debería asignarlo con base en criterios técnicos”, dijo Villalta.

Colaboró en esta información Natalia Díaz Zeledón.

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