Los diputados de la Comisión Plena Primera aprobaron en segundo debate el proyecto de justicia restaurativa, una iniciativa que permitirá a ciertos ofensores a purgar su sentencia fuera de una cárcel, por medio de medidas alternativas.
Este beneficio es para personas que reciben una condena inferior a los tres años y aplica para delitos como conducción temeraria, desobediencia a la autoridad, estafas de seguro, hurtos, lesiones leves o fraudes de simulación entre otros, y a su vez excluye delitos violentos o de crimen organizado.
Para recibir este beneficio, la víctima debe estar de acuerdo. En medio de esta negociación, el ofensor puede retribuir económicamente a la víctima, hacer trabajo comunitario, inscribirse en talleres de desintoxicación o cualquier otra medida alternativa que repare el delito.
La comisión, que tiene potestades legislativas, realizó una votación de 18 a uno, dando el aval a la iniciativa del exdiputado Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional y liderada por la magistrada de la Sala III, Doris Arias. Solo el legislador Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional votó en contra.
Antes de su aprobación, la Fiscalía envió una advertencia sobre algunos artículos del proyecto que debían ser modificados, a su criterio.
Se trata del el artículo 6 que crea un órgano rector denominado “Dirección de Justicia Restaurativa”, el cual sería dependiente de los magistrados.
“La Fiscalía cree en el proyecto, actualmente se está implementando y es una buena forma de resolver conflictos entre las personas. Este proyecto debe ser reformado en tres aspectos que afectan la independencia del Ministerio Público, a las mujeres que son víctimas de violencia y al presupuesto que está destinado para ellas”, comentó Emilia Navas, fiscal general.
De acuerdo con Navas, poco más de ₡300 millones que se destinan para dar atención en trabajo social, atención psicológica y legal a las víctimas de violencia se verían amenazados por la nueva ley.
Por otro lado, consideran incorrecto que el artículo 55 establezca la creación de una Unidad de Justicia Restaurativa dentro de la Oficina de Atención a las Víctimas, la cual solo atendería esa materia y que además, fije partidas presupuestarias que se alimentarían del fondo de las víctimas.
De acuerdo con la magistrada Arias, el proyecto permite un proceso gradual para que cada dependencia judicial dirija los recursos y presupueste los requerimientos para la implementación de la ley.
“Hoy ganó el país. Demostramos que cuando hay que corregir algo, lo vamos a corregir, pero no vamos a atrasar el crecimiento de lo mucho que se ha hecho. Este proyecto ha demostrado que produce un ahorro, ha traído más beneficios que perjuicios”, comentó Ana Karine Niño, diputada del PLN.
Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, afirmó que la fracción socialcristiana votó a favor del proyecto, con la condición de que se modifiquen los artículos 14 y 55 6 bis.
“En el artículo 14 se excluyen los delitos contra la mujer y en el artículo 55 se trae otra vez al tema. Deben quedar bien claro por qué se están excluyendo”, dijo Monge.
El presidente de la comisión, Eduardo Cruickshank afirmó que impulsarán un proyecto en vía rápida para que se hagan las correcciones que hizo Emilia Navas, así como la presidenta del Inamu, Patricia Mora.