Entre martes y jueves, los votos fueron inamovibles para el proyecto de huelgas (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 21.049). Dos días después de su primer debate, en la segunda votación antes recibir la firma del presidente Carlos Alvarado, la ley recibió 35 votos a favor y 13 en contra.
Estos últimos votos los emitieron, prácticamente, los mismos diputados que manifestaron su desacuerdo desde semanas pasadas.
Votaron en contra: Paola Vega del Partido Acción Ciudadana (PAC); Shirley Díaz y Óscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José María Villalta del Frente Amplio; Franggi Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN); Walter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN) y Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). La mayoría de votos fueron del bloque independiente Nueva República: Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman nuevo, Marulin Azofeifa y Jonathan Prendas.
Con respecto al primer debate del martes, la oposición del PLN perdió los votos de Daniel Ulate y Paola Valladares, ambos ausentes. En el caso del PAC, estuvo ausente Welmer Ramos.
Durante la discusión, los voceros de la oposición fueron, igual que el martes, los legisladores Villalta, Vega y Díaz. A sus peticiones se unió Muñoz del PIN.
Por otro lado, hablaron a favor del proyecto Pedro Muñoz del PUSC; Yorleni Chacón y Luis Fernando Chacón del PLN; Laura Guido y Enrique Sánchez del PAC.
La última legisladora en manifestar públicamente su adhesión al proyecto fue la independiente Ivonne Acuña; la única legisladora alineada con el bloque Nueva República que apoyó su aprobación.
La discusión del segundo debate ocurrió, en simultáneo, con la movilización de varios sindicatos que aseguran que “Con ley o sin ley, huelga es huelga”.
El meollo de la discusión: la huelga por la reforma fiscal
Igual que ocurrió el martes, los legisladores se sumieron en describir los efectos de la huelga de tres meses del 2018 contra el plan fiscal.
Para probar sus puntos, los legisladores a favor del proyecto usaron anécdotas y cifras de la afectación provocada por la parálisis de servicios públicos y transporte.
El liberacionista Luis Fernando Chacón usó como ejemplo la huelga de salud en el 2019. “Los números reflejan como algunos, sin temor, sin asco, sin temor ciudadano, tomaron la salud de rehén para proteger privilegios salariales”, dijo.
Nuevamente, igual que el martes, la diputada Vega opinó que la clase política “está tomando decisiones en caliente y sin contexto histórico”. La diputada aprovechó la presencia de los sindicatos en la barra del público para pedir en la “cúpula sindical”. Advirtió que, en el futuro, para demandas por trabajadores en plataformas digitales “como Glovo o Uber” deberán reemplazar negociadores como el sindicalista Albino Vargas (Vargas secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados desde 1991).
“Aquí hay un responsable llamado Albino Vargas que ha llevado al declive el movimiento sindical costarricense, (él) desvirtuó la lucha y lo ha caracterizado por ser machista, porque (Vargas) es incapaz de sentar una mujer en una mesa de negociación, es totalmente ajeno a otras luchas intersectoriales: no le importan las luchas ambientales, la diversidad sexual, incluso homofóbico ha salido”, afirmó Vega.
Los legisladores Pedro Muñoz (PUSC) y José María Villalta enfrascaron sus participaciones en corregirse el uno al otro sobre la interpretación del artículo 379 para el pago de salarios en retroactivo de huelguistas (lo cual ocurrirá después de que un juez declare la huelga como legal).
Muñoz sostuvo que la interpretación de cómo se pagan los salarios de las huelgas proviene de una sentencia de Sala Constitucional del 2011 e increpó al Poder Judicial por “rebeldía” para no cumplir con la regla fiscal ni con los recortes a las pensiones de lujo.
“Legislaron pero legislaron contra la historia legislativa de este país. Tras de que se meten a legislar, legislan mal. No permitamos que la Corte Suprema y la Sala Constitucional se metan aquí. Es un conflicto de poderes porque no quieren que ejerzamos derecho constitucional a marcarles la cancha”, afirmó Muñoz.
Entre otros conflictos, los legisladores también confirmaron la necesidad de diálogo con sectores para evitar la polarización del país.
“Todos sabemos que conciliación y el arbitraje no fueron herramientas que se utilizaron previo a que los sectores fueran a esta huelga. “(El gobierno) no abrió los espacios para que las partes reconocieran. La experiencia con la reforma fiscal se negoció de forma oportuna con sectores económicos poderosos y afectó a sectores medios del país”, afirmó Díaz.
La diputada Laura Guido, secretaria del directorio, apoyó el proyecto diciendo que ahora se crea una “responsabilidad” para crear un “cambio en la cultura política de este país”.
“Será necesario profundizar cada vez más en vehículos de participación ciudadana para que nos hablemos y escuchemos”, dijo Guido.
No obstante, la definición de los mecanismos de escucha quedaron pendientes para futuros proyectos de ley.
Tras su aprobación en el congreso, la ley de huelgas pasa a Casa Presidencial para recibir la firma del presidente Carlos Alvarado y ser publicada en el diario oficial La Gaceta.