La presidenta de la Comisión legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) concluyó que el decreto que creó dicha instancia “se armó de tal forma de que (la Dirección de) Leyes y Decretos no tuviera la posibilidad de alertar sobre fallos de legalidad o vicios de constitucionalidad”.
La diputada Silvia Hernández dijo que los asesores del Grupo de Apoyo Legal Presidencial (conocida como GALP), fue creado por Marvin Carvajal, en el 2018, “no para asesorar sino para brincarse los proceso legales que, a toda luces, la persona competente para llamar a cuidar esto es el Presidente de la República”.
Hernández emitió estas declaraciones a la luz de una comparecencia del funcionario de Casa Presidencial, Fred Montoya, quien labora para la Dirección de Leyes y Decretos.
Montoya mantuvo comunicaciones con la GALP entre el 28 de enero pasado y el 11 de febrero, en coordinación para publicar el decreto que creó la UPAD en Presidencia.
Montoya reiteró, en varias ocasiones, que la Dirección de Leyes y Decretos no hizo revisión del decreto, tal y como lo remitió la GALP para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El decreto llegó en físico el 28 de enero a Leyes y Decretos. El abogado Luis Salazar Muñoz, entonces asesor de la GALP, envió dos correos electrónicos a Montoya para pedir que se publicara el decreto.
Este procedimiento que ocurrió, dijo Montoya, “no es normal pero no es la primera vez que ha sucedido”. Sin embargo, aunque el diputado Jonathan Prendas pidió ejemplos de esos casos, Montoya dijo que no podía “precisar un caso específico”.
Sobre el proceso “normal”, el funcionario de Presidencia explicó que el “despacho (del ministro de la Presidencia) nos lo hubiera tenido que pasar a nosotros, nosotros revisarlo y si el decreto estaba bien, remitir al despacho del Ministro (de la Presidencia) para que él lo firmara y, luego, fuera firmado por el Presidente”.
No obstante, el decreto llegó firmado tanto por el Ministro (Víctor Morales, que regresó a su puesto como diputado del PAC) y el presidente Carlos Alvarado.
“Como constitucionalmente vino del órgano competente para ello, nosotros no procedemos a una revisión posterior”, afirmó Montoya.
Tras el decreto de la UPAD, Montoya dijo que “tanto los decretos que ellos (GALP) elaboran como los que vienen de afuera, se está respetando el procedimiento”,
“Lo que antes se pasaba a la firma de él (Presidente), ahora nos lo están remitiendo a nosotros para revisión”, añadió.
La diputada Ana Lucía Delgado presionó a Montoya para que explicara si medió algún acto administrativo en relación con el “deber de obediencia” que, según explicó la diputada, se realiza “precisamente para salvar la responsabilidad de atinencia y probidad” de funcionarios que deben cumplir con un proceso que no avalan de forma técnica.
Montoya afirmó que no se firmó el decreto bajo el deber de obediencia porque “cumplía todos los requisitos de validez”.
Delgado preguntó cuáles eran estos criterios y el funcionario de Presidencia contestó que “el contenido, el fin”.
No obstante, en un intercambio previo, Montoya opinó que el contenido del decreto “con este tema del acceso a la información privada de las personas, es desde ese punto de vista, ilegal e inconstitucional”.
Seguidamente, Montoya explicó que “cuando un decreto trata sobre alguna reorganización o una creación de un órgano” el decreto tiene que expresamente indicar el oficio que el Ministerio de Planificación emitió como autorización para su creación.
“En este decreto no venía ese aspecto”, afirmó Montoya.
Al concluir la audiencia, la presidenta de la Comisión afirmó que la GALP se creó como una estructura paralela.
“Lo que está quedando claro es que el diseño y proceso estuvo armado de tal forma para Leyes y Decretos que no incidiera en ellos. No es letra menor que exista una estructura paralela, no que quiera asesorar y ayudar, sino que permita esto: brincar procesos de estructura institucional”, dijo la diputada Silvia Hernández.
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