La última versión del proyecto de retiro para el Régimen Obligatorio de Pensiones (expediente 21.309), Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria, fue un “pulso en condiciones muy desiguales” en el que “los actores no son transparentes”, de acuerdo con el diputado José María Villalta del Frente Amplio.
Villalta afirmó que la negociación para llevar a término el proyecto del ROP “no fue en comisión ni plenario, fue con la Superintendencia de Pensiones (Supen)” porque “tiene poder de veto el capital financiero”.
“Lo que está en ese texto es lo que los banqueros le dieron permiso a los diputados de que se aprobara. Esas son las debilidades de nuestro sistema democrático, que se reflejan aquí”, aseguró Villalta a UNIVERSIDAD.
“Hay diputados que no quieren modificar lo acordado con la Supen porque temen que ese capital financiero, que a regañadientes aceptó que se aceptaran algunas cosas de la ley, ya no esté de acuerdo con la reforma”, dijo también.
Este lunes, el frentamplista tramitó seis cambios por medio de mociones de reiteración; es decir, mociones que no fueron aceptadas en la Comisión respectiva y que se podían votar en el plenario que revisó el texto con potestades de Comisión.
Los cambios rechazados modifican la aplicación del plazo de retiro de la pensión para quienes se pensionen, a partir de diciembre, en los próximos 10 años.
La última versión del proyecto —la cual fue aprobada en junio— tiene un transitorio para la próxima década de pensionados que dice que “podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen”.
En condiciones de que una persona haya aportado al ROP desde sus inicios, en el año 2000, eso significa esperar el mismo plazo de años laborados para recibir la totalidad de su ahorro complementario.
“Los que salen más perjudicados son los que se pensionan en los próximos 10 años porque la mejora es imperceptible. Hay gente que podría quedar hasta peor que como está ahora”, opinó el legislador.
De acuerdo con el diputado “las operadoras alegaron que no podían aceptar el retiro automático ni de todos los recursos”.
Villalta presentó varias modificaciones para reducir ese plazo, mencionó que idealmente habría especificado el plazo entre los 36 y 60 meses.
La negociación del texto para el proyecto de ley no solamente fue dura sino que Villalta afirma que, en la Comisión de Hacendarios, “logramos frenar los goles que quería meter (la superintendente) Rocío Aguilar para regular el Sicere de la Caja y el Régimen No Contributivo”.
Se rechazó un cambio del PLN
Sin embargo, la propuesta de Villalta no fue la única que se rechazó este lunes.
El plenario también desechó una modificación solicitada por la liberacionista Yorleny León, para que el Banco Popular pague intereses más altos por el rendimiento que da su administración del ROP.
Esta mañana, León dijo que, para evitar que se aprobara la moción, el Banco Popular “los ha llamado a cada uno de ustedes por teléfono, los ha visitado y, en otros casos, les ha mandado comunicaciones para contactarlos directamente” para dirigir diversas advertencias sobre afectaciones a sus servicios.
Villalta dijo a UNIVERSIDAD que el Banco Popular dijo a la Asamblea Legislativa que realizar cambios sería “inconexo” con el proyecto original, respaldado por legisladores Luis Fernando Chacón (PLN) y Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional), quienes sí hablaron positivamente del proyecto en el plenario.
“Sale determinado por esos condicionantes. Por un lado de la condición jurídica que podría hacer inviable o inconstitucional todo el texto. Ese es el criterio que les impidió votar la moción de Yorleny León”, afirmó Villalta.
No obstante, pese a que el proyecto no recibirá cambios, el diputado del Frente Amplio dice que lo votará afirmativamente este martes, cuando continúe la discusión.
¿Qué defendieron los diputados proponentes del proyecto?
“Es importante que los costarricenses conozcan que la lucha que hemos dado estos meses, y, de acuerdo a un voto de la Constitucional, logramos que la Supen cambiara la fórmula perversa en la que una de las variables es que los costarricenses vivían 115 años. Obviamente tenía una variable que no reflejaba el promedio de vida de los costarricenses y estaba perjudicando al trabajador”.
Eduardo Cruickshank, Restauración Nacional
“La Sala Constitucional entregó la entrega de la totalidad de recursos a jubilados con enfermedades terminales y la SUPEN ordenó a las operadoras de pensiones publicar la lista de jubilados fallecidos. Los jubilados atrapados por la fórmula del 10% podrán retirar todos sus recursos en un plazo de 29 meses. Quienes se jubilen entre el 2021 y 2030 recibirán casi el doble que actualmente reciben, por cuanto desacumularán en la misma cantidad de cuotas que acumularon”.
