La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega criticó la posición del presidente de la República, Carlos Alvarado, de no contemplar por el momento, el tema del aborto terapéutico como prioritario en la agenda de Gobierno.
El mandatario se refirió al tema durante la atención de medios la mañana de este jueves en el Estadio Nacional, por una consulta que le realizó UNIVERSIDAD y dijo que el asunto no era prioritario, pues habían otras discusiones importantes que tienen que resolver antes.
“Yo entiendo que en mi mandato está resolver los principales problemas que tiene Costa Rica, para eso estoy aquí. Pero, en el orden de esos problemas hay temas importantes como la seguridad ciudadana, infraestructura, generación de empleo, o dar solución al tema fiscal”, contestó el presidente Alvarado.
El mandatario agregó que el plazo para iniciar el trabajo sobre el aborto terapéutico son cuatro años y que quien quiera llevarlo a discusión en estos momentos, “lo hace a sabiendas que genera distracción de los temas prioritarios para Costa Rica”.
Vega dijo que las declaraciones del presidente son de “mal gusto y desafortunadas”, teniendo en consideración que el tema lo ha llevado ella misma y la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, y agregó que no debería de prevalecer un tema sobre el otro.
“Me parece un poco ofensiva con ambas. Entiendo que él tiene otras prioridades pero nosotras como mujeres tenemos esas prioridades. Creo que él habla desde su perspectiva como hombre, las mujeres llevamos 100 años esperando esta norma técnica. Creo que el problema está ahí, en llevar a la discusión en decir que una prioridad va sobre otra”, indicó la legisladora.
Sobre la valoración que hizo el mandatario sobre quienes quieran llevar el tema a discusión, lo hacen teniendo en consideración que genera distracción, la diputada alegó que no ve razón para que se puedan discutir los temas en le mismo orden de prioridades.
“Lo de la distracción es lo que han dicho históricamente los hombres sobre los derechos reproductivos de las mujeres y nosotras no lo vemos como una distracción, en el mismo orden de prioridades está lo fiscal, lo ambienta, lo social y los derechos reproductivos de las mujeres”, acotó la diputada.
Por su parte, la también legisladora oficialista, Nielsen Pérez -quien también ha manifestado la posición del Gobierno en el Plenario Legislativo- indicó que el tema de la norma técnica es potestad del Ejecutivo, de la rectoría de Salud, no obstante, el plazo en que se resuelva es potestad del presidente, ya que la prioridad es el tema fiscal.
“No queremos entrar en una crisis que vaya a disparar la pobreza. En materia de aborto terapéutico está nuestro compromiso de que salga más normativa ligada a la ciencia. Por otro lado tenemos otro compromiso de no modificar el Código Penal para despenalizar otras figuras. Tampoco estamos de acuerdo que se vaya a retroceder como el proyecto que pretende criminalizar el aborto. Respetamos al Ejecutivo en sus tiempos”, aseveró.
Intento a medias
La implementación de la norma técnica, fue una de las promesas que hizo el anterior presidente de la República, Luis Guillermo Solís, no obstante al finales de su administración suspendió dicha aprobación porque “no había ambiente político para hacerlo”.
La llamada norma técnica es una reglamentación breve que serviría para regular temas como identificar las situaciones de riesgo y establecer la manera de proceder en cada caso. Esa norma precisaría, además, los plazos y las instancias que deben intervenir en cada procedimiento. Esta regla es una necesidad para que el personal que atienda esos casos tenga seguridad jurídica sobre su actuación.
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Solís manifestó su compromiso con la aprobación a raíz de la situación de Ana y Aurora -víctimas de la no aplicación de la ley que regula el aborto terapéutico.
El caso se remonta al 2013, cuando ambas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poner una demanda contra el Estado Costarricense por no aplicarse la ley escrita en el artículo 121 del Código Penal.
El artículo de este Código dice que “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Durante la campaña electoral, el presidente Alvarado y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, firmaron en su acuerdo de negociación para el Gobierno de Unidad en le que establecieron como abordarán el tema, dada las diferencias ideológicas de los partidos.
En este acuerdo el mandatario se comprometió a “no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, por ninguna acción de Gobierno a nivel nacional o internacional. No ampliar en modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma”.