La Corte Suprema de Brasil puede debatir el miércoles una alteración de normas que impactaría el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado desde el sábado por corrupción.
El problema es que los 11 jueces de la Corte están tan divididos como el resto de la sociedad, y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.
Mientras el expresidente Lula afronta la justicia, miles de brasileños mantienen una vigilia en apoyo a su exmandatario, frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba, Paraná, con el fin de presionar por el cambio en la jurisprudencia.
Los magistrados debatirán sobre el momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.
Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de seis votos contra cinco. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años.
Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla. Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser –inesperadamente- de apenas unos días, al menos por el momento.
Credibilidad y democracia
El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento de Lula. Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que estaba a favor de modificar la jurisprudencia cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.
Los partidarios de volver a discutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al criterio de cada uno de los dos grupos en que se divide el STF.
“La impresión de la población es que hay inestabilidad en las decisiones del STF, que estas se toman simplemente en función de las preferencias en la composición del tribunal” y eso “es muy nocivo para su imagen”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.
Para Daniel Vargas, especialista en derecho público, también de la FGV, “lo que está en juego es la credibilidad del STF y de la propia democracia”.
El STF es a la vez un tribunal de última instancia, una corte constitucional y la que está a cargo de juzgar a los políticos con fueros.
Pero la crisis no se resolverá con un fallo, porque el desgaste afecta a todas las instituciones brasileñas.
Según Vargas, “el gran problema” empezó con el impeachment de la presidenta de izquierdas Dilma Rousseff “sin evidencias suficientes para conquistar consenso nacional”.
La exmandataria, heredera política de Lula, fue destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.
La “esperanza de pacificación” reside en la celebración de “elecciones democráticas y libres, incluso con la participación de Lula”, dice Vargas.
El líder de la izquierda encabeza las intenciones de voto para los comicios de octubre, pero su participación parece remotísima: no solo está preso, sino que la ley electoral prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.
“Bien, pero indignado”
Entre tanto, Lula se mantiene en prisión “bien”, pero “indignado”, dijo Cristiano Zanin, el abogado del líder de la izquierda, en un video colgado en Facebook después de visitarlo en la cárcel.
Tras realizar un gran acto declarando su inocencia y la “injusticia” a la que estaba siendo sometido, frente al sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo (Sao Paulo) -donde se atrincheró durante dos días ante su orden de cárcel- Lula, de 72 años, se entregó la tarde del sábado a la policía.
Después de ser trasladado en avión hasta Curitiba, llegó en helicóptero en la noche a la sede policial donde empezó a purgar su pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Es el primer expresidente (2003-2010) de Brasil encarcelado por un delito común.
Los encarcelamientos al cabo de la segunda instancia son una de las tres armas usadas por la Operación Lava Jato, que descubrió una red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de mediaciones en la petrolera estatal.
Las otras dos armas son las prisiones preventivas y las delaciones premiadas.
La llegada de Lula a Curitiba causó una conmoción en esta ciudad conservadora, con disturbios entre sus simpatizantes y los agentes que custodiaban la sede de la Policía Federal donde se halla la celda de Lula.
“La ciudad de Curitiba será el centro de nuestra acción política. Sólo saldremos de aquí cuando Lula salga”, proclamó el sábado la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, poco después que la policía lanzara bombas de gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a sus partidarios.
Lula, quien lidera las encuestas para las elecciones de octubre, “no es un preso común, es un preso político, el primero desde de la reapertura democrática” en 1985, insistió el domingo en la tarde Hoffman en un acto con decenas de militantes frente a la sede policial.
El expresidente está recluido en una celda de 15 metros cuadrados con baño propio y una televisión.
