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Declarada ilegal la huelga en el ICE y el INS

Ya son 15 las instituciones del Estado donde la huelga ha sido declarada ilegal, con argumentos que varían entre una y otra

Los tribunales declararon “ilegal” la huelga de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) que se sumaron desde el 10 de septiembre al movimiento de protesta contra el plan fiscal.

El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José y el Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial de Alajuela declararon en sendas sentencias que la huelga en ambas instituciones careció de los requisitos mínimos legales. Con los fallos emitidos relacionados a estas dos entidades, son 15 las declaratorias de ilegalidad de la huelga, que inicia este lunes su quinta semana con un apoyo menguante.

El juez Yadir Jiménez Gutiérrez, en San José, determinó que la huelga en el ICE careció de los requisitos básicos para considerarse apegada a la ley: haber agotado las vías de diálogo previas y haber protegido los servicios públicos esenciales, como cataloga a la electricidad y a la telefonía.

La sentencia condena a pagar 500.000 colones por cosas  cada uno de los ocho sindicatos denunciados por la administración del ICE desde que comenzó la huelga. Son Abogaproice, SIICE, SITET, Siproceice, Anttea, Acotel, Anttec y Asdeice.

En el caso del INS, el juez determinó que el sindicato la Unión del Personal del INS (Upins) no logro acreditar haber cumplido el requisito de agotar las posibilidades de diálogo que solo 28 funcionarios se sumaron a la huelga, lo que provoca el incumplimiento del requisito mínimo de participación.

En este caso, Upins fue condenado a pagar 1 millón de colones, segun se lee en la sentencia firmada por el juez César Delgado Montoya.

Estos casos, como las otras 15 declaratorias, no están aún en firme, pues las partes aún pueden apelar las resoluciones. Esto lo pueden hacer tanto los sindicatos en las 13 sentencias desfavorables como las autoridades de las instituciones donde los jueces consideraron “legal” el movimiento huelguístico.

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