Las críticas variadas y abundantes contra un decreto publicado hoy en el diario oficial La Gaceta obligaron al Gobierno a derogarlo sin que transcurriera ni un solo día, con el argumento de “abrir un espacio de diálogo” sobre el acceso de la Presidencia a datos confidenciales de las personas.
El decreto 41996-MP-Mideplan se refería a la creación de una Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para toma de decisiones en política pública desde la Casa Presidencial, pero le confiere acceso a “información confidencial con la que cuenten las instituciones cuando así se requiera”.
Esta potestad provocó una fuerte reacción de diputados de distintos partidos y de otros líderes de opinión en las redes sociales apenas se conoció la existencia de ese decreto, mediante una información del medio CRHoy.
Debido a ello, la Presidencia prefirió desistir de ese decreto de creación de la UPAD y a la 1:13 p.m. distribuyó un comunicado con la noticia sobre la derogación, aunque sin explicar nada relacionado al manejo de información sensible.
La Presidencia sí justificó la existencia de este grupo asesor: “en el siglo XXI los gobiernos deben trabajar con información precisa y oportuna que permita orientar la política pública”, dijo en el comunicado la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
Añadió que tres profesionales en estadística llevan varios meses trabajando con bases de datos para precisar las necesidades y posibles soluciones en materia de educación, transporte público, presupuesto público y pobreza, entre otros.
Este equipo ha desarrollado herramientas que permiten atender los problemas de manera más eficaz, con base en la integración de distintas bases de datos públicas que usualmente se manejan de manera aislada.
Sin embargo, el elemento de acceder a datos confidenciales no estaba sobre la mesa hasta este viernes 21 de febrero, cuando se publica en La Gaceta el decreto para darle formalidad a ese grupo bajo el nombre de UPAD y se le confiere esa posibilidad, sin especificar a qué tipo de datos podría echar mano.
Esto provocó una fuerte reacción de distintos actores políticos y desde medios de comunicación, lo que hizo al Gobierno dar marcha atrás solo horas después, tener que salir a intentar explicar lo que hace este grupo de estadísticos y lo que pretende hacer con su trabajo, ahora bajo sospechas.
