Comisión Legislativa que investiga Créditos Bancarios

Crédito del BCR para cemento chino se basó en estudios del mismo beneficiario  

Analistas de credito del BCR afirmaron que sus responsabilidades se centraron en evaluar “la parte financiera”, más allá de las garantías y su respectiva aseguradora.

Los analistas de crédito del Banco de Costa Rica (BCR) reconocieron esta tarde que todos los estudios con los que contaron para recomendar la aprobación del préstamo otorgado a la empresa Sinocem Costa Rica fueron aportados por el propio importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, como parte de una comparecencia en el que se desmarcaron del análisis de las garantías presentadas y de su respectiva aseguradora.

En esta línea, el analista Freddy Morera fue enfático en señalar que este procedimiento “siempre es así”, aunque evitaron hacer valoraciones sobre el impacto de este tipo de operación en el verdadero planteamiento de la factibilidad de pago.

Además, el funcionario y sus compañeros de oficio Evelyn Mayo, Luis Javier Varela y Angie Fuentes también manifestaron que sus potestades les excluyeron de la aprobación de la aseguradora Oceánica para la garantía de caución en el crédito, a pesar de que sí reconocieron su participación en la recomendación final de la aprobación, realizada en conjunto por todas las comitivas involucradas.

En esta línea, señalaron que las garantías y las aseguradoras son analizadas por la división Comercial del BCR, dato que redondeó un disgusto generalizado de los diputados por la inactividad de los analistas crediticios en el proceso y la elaboración de estos procesos.

Incluso, la diputada Patricia Mora (FA) criticó a los funcionarios y apuntó que “el título de analistas de crédito les queda grande”, a lo que el legislador Ottón Solís (PAC) añadió que también parecería necesario analizar “en qué se está gastando la plata de las instituciones públicas”, pues para ambos diputados -como para el resto de la Comisión- el análisis fue pobre.

La disconformidad también la mostraron los diputados Jorge Rodríguez (PUSC), Julio Rojas y Ronny Monge (PLN), quienes completaron el quórum en medio de una actividad en la que el diputado Solís cuestionó si el asunto se trataba de falta de conocimiento, ignorancia o delincuencia.

“Ustedes aceptaron un estudio de factibilidad aportado por un cliente”, les recriminó el legislador. “Ustedes dicen que era viable, pero era viable de acuerdo con el informe que presentó el cliente”, puntualizó.

Antes estas declaraciones, tanto Morera como Mayo señalaron en distintas ocasiones que la recomendación debían hacerla con los insumos con los que contaban (los propuestos por Bolaños), con los que se analizaban temas en materia “cuantitativa” (como la parte financiera, flujo de caja y proyecciones) y se aseguraba la capacidad de pago.

Ante este desempeño de sus funciones, los analistas aseguraron que finalmente cualquier responsabilidad por el crédito debería recaer sobre quienes finalmente firmaron la aprobación (el Comité de Crédito), y evitaron responder a si dejarían sus puestos en caso de que el préstamo resultara negativo para la institución.

“Es la plata de los costarricenses, no de ustedes, se nota”, respondió el diputado Ronny Monge, quien realizó la consulta.

Sobre cualquier tipo de controles, los funcionarios -acompañados por el área de Cumplimiento- también señalaron que se hicieron dos informes de seguimiento en diciembre y julio pasados; aunque reafirmaron que en estos casos la información también es suministrada por el cliente.

Este punto cobra mayor fuerza si se toma en cuenta las palabras del funcionario Luis Javier Varela, quien comentó que “cuando no tenemos los insumos, no podemos hacer un seguimiento”, lo que luego simplemente se cobra con “penalizaciones al crédito” en materia de pago.

Reunión jurídica con Bolaños

Terminada la comparecencia de los analistas de crédito y la división de Cumplimiento, la Comisión Investigadora decidió citar al gerente jurídico comercial, Leovigildo Rodríguez, quien además asumirá la asesoría en materia de crédito a partir de marzo próximo.

La comparecencia fue corta; sin embargo, sirvió para comprobar una reunión entre la directiva en proceso de destitución Paola Mora y el empresario Juan Carlos Bolaños, en la que este último habría expresado abiertamente su intención de “responsabilizar al Banco por una fuga de información”.

Esta hipótesis ya había sido sustentada por el exgerente del Banco, Guillermo Quesada, quien grabó una conversación secretamente con Bolaños, de la que luego este reconoció su voz, pero insinuó una posible manipulación en entrevista con Universidad.

A esta reunión, “entre finales del año pasado e inicios de este”, Rodríguez señaló que fue citado por la propia Mora para representar “los intereses del Banco”, como parte de una reunión que -desde su punto de vista- “puede suceder, pero no es normal”. “He visto otros casos, pero no es normal”, subrayó.

Sobre esta reunión, Rodríguez rehuyó de calificar el encuentro en términos de legalidad, aunque sí señaló que las relaciones comerciales son privadas por lo que “todo lo que no está prohibido en la ley está permitido”. Esta observación fue rebatida por Ottón Solís, quien señaló que en el derecho público (sector al que se circunscribe el Banco), el principio es el contrario.

Finalmente, en materia del cambio de reglamento para que se pudiera aceptar a Oceánica como aseguradora del préstamo, el abogado comentó que esta fue una decisión tomada por los altos mandos de la institución, quienes -eso sí- pudieron haber solicitado una observación al asesor jurídico, Eduardo Ramírez.

Ante esta declaración, los diputados aprobaron una moción para convocar a Ramírez este martes, voto unánime.


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