La empresa Telefónica, dueña de la marca Movistar, creó una filial para trasladarle activos y así evitar el pago de unos ₡1.251 millones producto de sus utilidades.
Esta es la hipótesis que maneja el Ministerio de Hacienda, luego de realizar una serie de pesquisas que dieron inicio en el primer semestre de 2018 y culminaron con la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público, en diciembre anterior.
Según la investigación del fisco, esta maniobra le permitió a Telefónica “venderle” a la filial Tejisa una serie de activos indispensables para la realización de su actividad económica. Para ejecutar esta venta, Telefónica y Tejisa suscribieron un contrato de compraventa financiada, en donde se le otorgó un préstamo a la filial, dado que no tenía la solvencia para comprar esos activos.
“Una empresa madre crea una empresa hija, una sociedad. Esta sociedad tiene como único accionista a la empresa madre. La empresa madre le vende activos indispensables para su función a la empresa hija. En el momento que se hace esa compraventa, la cual es financiada por la empresa madre, se hace un contrato de arrendamiento donde la empresa hija adeuda los activos a la empresa madre, lo que pasa es que esos activos nunca salieron de la esfera de poder de la compañía madre. Ahí es cuando Telefónica hace una declaración donde, en las utilidades, resta la cantidad de dinero que había pagado por el concepto del contrato de arrendamiento, pero son montos que nunca salieron de ninguna de las dos”, explicó Irving Malespín, director de la Policía de Control Fiscal.
Otro de los elementos que genera suspicacia sobre el actuar de la empresa es que el capital social de la filial pasó de ₡12 mil a ₡48.000 millones, que es justamente el precio por el cual se dio la compraventa de activos.
Esta denuncia penal motivó al allanamiento de las oficinas de Movistar, ubicadas en el Oficentro Cedral, en San Rafael de Escazú, así como al bufete Zurcher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG.
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De acuerdo con Malespín, tanto en el caso del bufete como en la compañía asesora, se investiga a un empleado, respectivamente, que registró la dirección de alguna de estas empresas como su domicilio fiscal. Por este caso también se investiga a seis personas, de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.
Paralelo a la denuncia penal, Hacienda le reclama a Telefónica el pago de otros ₡1.749 millones por impago de impuesto de utilidades. Este monto no es parte de la supuesta maniobra que el fisco denunció ante el Ministerio Público.
Telefónica declaró cero ganancias durante siete periodos fiscales consecutivos (2011-2017), de acuerdo con una lista suministrada por el Ministerio de Hacienda.
