Los magistrados de la Corte Plena acordaron pedir a la Procuraduría General de la República hacer los trámites legales para que inicie el proceso de calificación de huelga en el Poder Judicial.
Así se acordó en sesión de Corte Plena, tras una votación de 13 contra uno, en donde los jueces de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar, por existir procesos pendientes de resolución en esta materia.
Pese a que la mayoría de juzgados están funcionando de manera regular, en medio de la huelga indefinida, algunos de ellos, localizados en Guanacaste, San Carlos y Limón se sumaron al movimiento de protesta.
En este caso, la Procuraduría, al ser el abogado del Estado, representará al Poder Judicial y le corresponderá al juez de trabajo determinar si la huelga se declara legal o ilegal.
Desde el Ministerio de Educación Pública, hasta la Refinadora Costarricense de Petróleo y otra veintena de instituciones, pidieron a los juzgados de Trabajo que se declare el movimiento de huelga como ilegal.
El movimiento contra la reforma fiscal, que grava con un 13% del Impuesto del Valor Agregado a determinados productos y sectores, y a su vez, hace unas modificaciones en temas de empleo público, es adversado por los sindicatos, quienes se lanzaron a las calles para pedir que el proyecto se desconvoque del plenario legislativo.
Este movimiento ha ocasionado la cancelación de gran cantidad de cirugías en hospitales, el desabastecimiento de combustibles en distintas zonas del país, saqueos y disturbios en las calles.
