El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, ordenó a la Dirección de Gestión Humana y a la Dirección del Centro de Apoyo a la función jurisdiccional que rindan un informe sobre lo ocurrido con tres magistrados suplentes de la Sala Tercera, quienes cobraron dietas y jubilación simultáneamente, a pesar de que laboraron por periodos de más de un mes, con breves pausas de uno a tres días.
Este miércoles, UNIVERSIDAD dio a conocer que, durante el 2017, los jueces jubilados Rosibel López Madrigal, Jorge Enrique Desanti Henderson y María Elena Gómez Cortés, se beneficiaron al laborar durante más de un mes, pero con nombramientos fraccionados, lo cual permitió que algunos meses recibieran más de ¢10 millones entre la pensión y las dietas.
De esa forma, el Poder Judicial eludió una prohibición contemplada en el artículo 63 de la Ley orgánica de esa institución, la cual establece que los magistrados suplentes devengarán dietas por cada día de trabajo o sesión, y que estas serán proporcionales a la remuneración de los magistrados propietarios. Pero ese mismo artículo precisa que, cuando se trata de pensionados o jubilados de cualquier régimen, “el desempeño del cargo por más de un mes suspenderá el goce de su pensión o jubilación”.
Según publicó este jueves el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, la presidencia de la Corte ordenó a esas dos oficinas rendir un informe “en el plazo perentorio de tres días, que corren a partir de este jueves”.
Además, la institución comunicó que dichos informes “se analizarán y se tomarán las acciones que sean necesarias”.
La revisión de datos que hizo UNIVERSIDAD sobre los nombramientos de suplentes desde el 2016 -con base en la información remitida por la Unidad de Investigación y Control de Calidad de la Dirección de Gestión Humana-, detectó que solo en la Sala Tercera se dieron estos nombramientos a personas jubiladas, por un mes exacto, con una pausa y un nuevo contrato.
La directora a.i. del Centro de Apoyo y Coordinación del Poder Judicial, Maricruz Chacón, indicó vía correo electrónico el lunes que la designación de los suplentes se realiza mediante el Sistema de Sorteo de Magistrados Suplentes del Poder Judicial, denominado SIMAS.
Añadió que los días del contrato son definidos por la presidencia de cada Sala y que para asignar a la persona se hace un sorteo.
Por ello, este medio intentó contactar a los expresidentes de la Sala Tercera, Doris Arias y Carlos Chinchilla (quien también fue presidente del Poder Judicial), pero no respondieron las llamadas. Ambos salieron pensionados de la institución en julio de este año, tras ser sancionados por desestimar, con prueba falseada, una causa en la que se investigaba a diputados por el caso del cemento chino.
La magistrada suplente Rosibel López, quien ocupa de manera provisional la presidencia de la Sala Tercera, aseguró que desconocía cómo se determinaban los nombramientos y que ella se limitaba a presentarse cuando la llamaban.
“Se lo garantizo que a mí nunca me han pagado un centavo más de lo que a mí me corresponde, y nunca jamás buscar una estrategia para que me paguen más porque yo gracias a Dios tengo principios y valores. Y tampoco comprometer a alguien, no; más bien, para mí es venir y prestar un servicio”, expresó en entrevista telefónica con este medio.
Por su parte, el juez Desanti respondió que las contrataciones son realizadas por el Departamento de Gestión Humana conforme a las necesidades del nombramiento y que los suplentes no pueden determinar la cantidad de días en que se harán las suplencias.
Desanti es candidato a ocupar de forma permanente una silla en la sala de Casación Penal.
Actualmente, hay ocho plazas vacantes en la Corte Plena, las cuales deben ser llenadas con nombramientos que realice la Asamblea Legislativa.