La Corte Plena del Poder Judicial descartó este lunes remover de la presidencia de la Sala Tercera al magistrado Jesús Ramírez Quirós, de 77 años de edad, como habían solicitado algunos grupos gremiales.
Los magistrados conocieron una solicitud del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) y la Asociación Nacional de Investigadores Investigadores en Criminalística, quienes pedían que en lugar de Ramírez se nombrara a otra persona “sin cuestionamientos”.
Ramírez, quien ocupa la silla de magistrado desde 1985, fue sancionado en el 2018 con dos meses de suspensión por ser parte de la Sala Tercera que desestimó una causa penal contra dos exlegisladores en medio del caso conocido como “cementazo”, a pesar de que la solicitud que hizo la Fiscalía contenía prueba falseada.
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Por esos mismos hechos, el magistrado y otros exintegrantes de la Sala Tercera afrontan una investigación penal.
Además, en 1988 un informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico le atribuyó acciones que habrían favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial.
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Ramírez es presidente interino de la Sala Tercera desde hace más de un año y, el pasado 20 de enero, sus compañeros de Sala, de forma unánime, le eligieron para que se mantenga en el puesto en propiedad.
La decisión generó malestar entre organizaciones gremiales. Algunas, como la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), incluso le pidieron públicamente no asumir la presidencia, pero él no se ha referido a esa petición.
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Además, en la solicitud ante la Corte Plena, los sindicatos argumentaron también que la elección de Ramírez era ilegal porque fue realizada solo por sus compañeros de Sala y no por la Corte Plena, como ordena la Constitución.
Sin embargo, la magistrada de esa misma Sala, Patricia Solano, expuso que los compañeros lo eligieron pero la Corte ratificó el nombramiento, por lo que, en su criterio, el proceso se apegó a derecho.
Esa postura fue avalada por otros magistrados y finalmente la Corte mantuvo a Ramírez en el puesto, sin hacer alusión a los cuestionamientos en su contra.
El magistrado penal, Álvaro Burgos, sí externó ante la Corte las razones por las que avaló el nombramiento de Ramírez en ese puesto. Estos argumentos los había manifestado horas antes en entrevista con UNIVERSIDAD.
Burgos adujo que Ramírez había logrado buenos resultados siendo presidente interino. También, que era la persona de más experiencia dentro de la Sala y que, con respecto a la causa penal que afronta, se debe respetar el principio de inocencia.
El magistrado penal Gerardo Alfaro respaldó la posición de Burgos y aseguró que Ramírez se desempeña con “rigor” y dando seguimiento a todos los magistrados para “asegurarse del correcto funcionamiento” de la instancia que dirige.
