Corte considera que proyecto para hacer un solo régimen de pensiones afecta su funcionamiento

La magistrada Marcela Allón indicó en un análisis que el régimen de pensiones del Poder Judicial constituye uno de los mayores incentivos para sus trabajadores

La Corte Plena determinó que el proyecto impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para que los empleados públicos coticen para un único régimen de pensiones afecta al Poder Judicial.

La iniciativa de ley se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 20.927 y propone que todos los empleados públicos coticen para régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), independientemente de la institución en la que laboren.

Esta mañana de lunes, 13 de los 15 magistrados presentes votaron en contra del proyecto, tras conocer el criterio de un análisis que realizó la magistrada de la Sala Segunda, Marcela Allón, por encargo del presidente de la Corte, Fernando Cruz.

El criterio que expuso la magistrada es que el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, principalmente porque toca la Junta de Administradora del Fondo, que es un órgano adscrito a este Poder de la República y tienen funciones delegadas por ley. Si se aprueba el proyecto, las funciones de supervisión y regulación serán trasladadas a un órgano distinto y el órgano desaparecerá.

Además, la magistrada mencionó que para los funcionarios de la institución, el régimen de pensiones constituye “uno de los principales activos” por lo que, si se eliminase, podrían afectar la permanencia de los trabajadores y por ende la labor que realiza.

“Las personas que laboran en esta institución han contribuido con el fondo de pensiones con un esfuerzo mayor: 11% hasta mayo del 2018 y 13.5% a partir de este mes.  Un esfuerzo mayor al que realizan los que lo hacen para el régimen general de la CCSS que es de un 3.26%, lo han hecho con la expectativa de obtener una pensión mejorada”, dijo la magistrada.

Agregó el régimen de pensiones del Poder Judicial es una de las motivaciones que han tenido quienes han logrado por permanecer en esta institución y “ha evitado la fuga de profesional valioso”.

“Este nuevo cambio sin duda afectará la permanencia y motivación de los funcionarios en el Poder Judicial. Un bien que aun intangible, constituye el principal activo de la institución lo que redunda sin duda en una grave afectación de administración de Justicia que se brinda”, describió en el análisis.

La magistrada también mencionó el caso de otras instituciones que al igual que el Poder Judicial, tienen regímenes de pensiones especiales, por ejemplo, el del Ministerio de Hacienda, el del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), el del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) o el del  Registro Nacional, los cuales, al igual que el del Poder Judicial, pasarían a cotizar a un sólo fondo.

 “Desazón”

El presidente de la Corte añadió que el proyecto requiere de más reflexión por parte de los impulsores, ya que deja muchos cabos sueltos y podrían provocar un “gran conflicto”.

Cruz criticó que en el proyecto se habla de “liquidar” el fondo de pensiones del Poder Judicial, en vez de la unificación, lo que resulta muy fuerte.

“Yo creo que debiera haber habido un poquito más de meditación sobre el proyecto (…) Esta es una liquidación y una variación fundamental a todo el régimen. Puede provocar una gran conflictividad para un sector minoritario aristocrático, que serían los pensionados  y por esta razón no son de tanta relevancia, pero sí tiene importancia porque si usted dice: los nuevos no ingresan, tiene una gran trascendencia en el fondo”, dijo el presidente Cruz.

“La ley debiera de decir liquidación del régimen de pensiones del Poder Judicial. Es muy fuerte, me sorprende que nada más nos lo hubieran planteado y no consultado”, añadió.

También, la magistrada, Julia Varela se unió al criterio de la mayoría y expresó que el proyecto que se tramita bajo el expediente 20.927 “tiene una misión político estratégica”. Así mismo indicó que aboga a un desequilibrio porque no es justo que “todo el mundo tenga la misma pensión, aunque haya una cotización diferente”.

Durante la sesión, el magistrado Román Solís, se apartó del criterio de la mayoría y argumentó que la Sala Constitucional ya había declarado anteriormente que un único sistema de cotización no afectaba  el funcionamiento del Poder Judicial.  De la misma manera lo consignó el magistrado Jaime Robleto.

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Trámite legislativo

El proyecto fue presentado por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a inicios de agosto y en este momento se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos, en la fase de consultas institucionales.

El diputado del PUSC, Pablo Abarca, indicó que toman la opinión de la Corte como  insumos ya que el proyecto está en fase de consulta, además, que “hay observaciones interesantes que en el trámite que podríamos incorporar en el dictamen”.

“Nosotros ya sabíamos que no iban a estar de acuerdo. Teníamos sobrentendido que se iban a oponer, eso no nos sorprende. El proyecto está en construcción y puede cambiar”, apuntó el diputado.

Abarca subrayó que si no se  toman medidas por la situación fiscal del país, de igual manera, los trabajadores deberán aportar una gran parte del salario.

Anadió que si bien hay puntos con los que están de acuerdo, también hay cosas con las que no como el hecho de que al pretender unificar un régimen con otro, esto signifique que alguno de los dos sea insolvente.

La iniciativa impone una contribución solidaria para quienes actualmente se encuentren jubilados y reciban una o más pensiones que, al sumarlas, superen el tope máximo que se otorga en el IVM (¢1,5 millones). El aporte especial sería de entre el 10% y el 80% sobre el exceso del tope, sin que la reducción total sea mayor al 55% del monto bruto total de esas pensiones.

El proyecto surge a la luz de que el sistema jubilatorio costarricense se compone de regímenes públicos distintos en cuanto a cotizaciones y beneficios, que a su vez generan gran desigualdad, pues mientras un reducido grupo de personas concentra sumas millonarios por las que no necesariamente cotizaron, otros reciben ingresos que no les permiten salir de la pobreza.

Para este proyecto, los legisladores utilizaron los hallazgos de la investigación UNIVERSIDAD como parte de los insumos para elaborar el plan de ley, según se lee en el documento.

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