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Contraloría señala que instituciones públicas deben mejorar capacidad para prestación de servicios durante pandemia

Solo una de 90 instituciones públicas del país se encuentra en “nivel óptimo” en cuanto a gestión de la continuidad institucional. Los gobiernos locales alcanzan en promedio el nivel más bajo de esa gestión.

Solo una de 90 instituciones públicas del país se encuentra en “nivel óptimo” en cuanto a gestión de la continuidad institucional. Así lo reveló un informe de la Contraloría General de la República dado a conocer este jueves.

La gestión de la continuidad institucional permite identificar las amenazas potenciales, los posibles impactos para las operaciones y los servicios, así como, las medidas de protección y mitigación para que su afectación sea la mínima posible. Además promueve la prestación continua de los servicios públicos mediante la reducción de los riesgos y la planificación de su recuperación.

De acuerdo con el informe, en promedio, las 90 instituciones analizadas que prestan 21 de los servicios públicos se encuentran en promedio en nivel “Básico” de gestión de la continuidad institucional, ya que se han realizado esfuerzos aislados para implementar acciones y existe un amplio margen de mejora en la mayoría de ellas.

Del total de instituciones solo el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) se encuentra en nivel “óptimo”, siete están en el nivel “avanzado” (Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Comisión Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Bomberos, Municipalidad de Cartago y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)), mientras que 82 entidades se sitúan en los niveles intermedio, básico e incipiente.

“Lo anterior, refleja una brecha de mejora significativa respecto a la gestión de la continuidad institucional, lo que constituye una oportunidad para las administraciones, considerando que esa gestión es un factor clave para asegurar razonablemente una mejor capacidad de adaptación ante eventos imprevistos. Esto se vuelve crítico ante la emergencia sanitaria, que exige una toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica para minimizar el impacto sobre la operación de las instituciones, la prestación continua de los servicios; así como, sobre las finanzas públicas y la economía nacional”, señala el informe.

Por grupo institucional, los resultados arrojan que las instituciones financieras (77,1%) y las empresas públicas no financieras (54,0%), que pertenecen a un sector supervisado y cuentan con alguna regulación sobre la continuidad institucional o que promueve su fortalecimiento, presentan los porcentajes más altos de aplicación de buenas prácticas.

Las instituciones del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados, por su parte, reflejan un nivel promedio de aplicación de prácticas para la gestión de la continuidad institucional de 44,7%, lo que denota la necesidad de fortalecer aspectos en todas sus etapas. 

En el caso de los gobiernos locales, estos alcanzan en promedio el nivel más bajo de esa gestión (33,8%), lo que refleja una amplia brecha de mejora respecto a la definición e implementación de acciones que les permita consolidar la gestión de la continuidad institucional, para minimizar posibles afectaciones a los servicios públicos que prestan.

“El análisis por etapas de la gestión de la continuidad institucional refleja que la mayoría de las entidades no dispone de una línea de acción formalmente establecida para esa gestión, lo que es relevante a efectos de orientar su proceder ante un evento imprevisto, ya que de esta forma se define el marco de referencia que permite operativizar dicha gestión”, se lee en el informe. 

La Contraloría señaló también que en el 55,6% de las instituciones no se evalúan los riesgos sobre la continuidad institucional; y en el 83,3% no realiza un análisis de impacto como insumo para conocer las posibles consecuencias de eventos imprevistos sobre la continuidad de los servicios. No obstante, ante la emergencia sanitaria, el 72,2% y el 51,1% de las entidades realizaron esos análisis, respectivamente, lo que refleja un mayor interés por conocer los efectos inmediatos de esa emergencia.

Durante la pandemia, las instituciones se han enfocado en la definición de medidas de mitigación, principalmente en respuesta a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, de manera que se han implementado acciones de forma reactiva para gestionar la continuidad institucional.

Del total de instituciones analizadas únicamente 19 instituciones disponen de un plan de continuidad, 28 de planes de contingencia; y, a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la emergencia sanitaria, solo 7 entidades han definido un plan de recuperación.

Considerando el rol del Gobierno Central en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos y la promoción de la reactivación económica se recomienda a los rectores institucionales la definición de orientaciones o guías para la gestión de la continuidad institucional tanto para su propia aplicación como por parte de sus órganos desconcentrados y las instituciones bajo su rectoría”, recomendó la CGR.

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