País

Contralora recomienda convertir a Coprocom en una institución autónoma

La Contralora General de la República rindió su punto de vista esta mañana sobre el proyecto de fortalecimiento de autoridades de la competencia en el país ante la Comisión especial para la adhesión de Costa Rica ante la OCDE.

La recomendación que externó la Contralora  General de la República, Marta Acosta, ante la la Comisión Especial para adhesión a la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue que la Comisión de Competencia (Coprocom) debería transformarse en una institución autónoma, dado que actualmente funciona como una oficina adscrita al Ministerio de Economía, Industria  y Comercio (MEIC).

Acosta fue citada esta mañana de lunes para dar su punto de vista sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica que se tramita bajo el expediente 21.303.

El proyecto fue planteado por el Ejecutivo  y  recoge una serie de recomendaciones de la OCDE para fortalecer Coprocom, quien tutela la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia y sanciona prácticas como los monopolios. 

“Yo respecto que esto debería de venir del MEIC y de Comex, sin embargo, nosotros hemos discutido la posibilidad de lograr una independiencia con un órgano que esté metido en el MEIC no se logra, debería de ser una institución autónoma. También entendemos que eso tendría un costo para el país”, aseveró la jerarca ante una consulta de la diputada oficialista, Carolina Hidalgo.

Durante la comparecencia, la Contralora se refirió a varios puntos dentro del proyecto que consideran  “improcedentes”, por ejemplo, transformar a Coprocom en una entidad con independencia administrativa y presupuestaria a partir de una figura con “personalidad jurídica instrumental”.

Acosta manifestó que dicha figura no necesariamente le permitiría decentralizar sus funciones ni gozar de independencia orgánica o absoluta.

“Cuando a un órgano decentralizado de un ministerio se le otorga personalidad jurídica instrumental,  que le permite administrar un presupuesto independiente, se debe tener claro que ese órgano continua siendo parte del Poder Ejecutivo y que sus funcionarios pueden ser catalogados como servidores de ese ministerio”, indicó.

Además, señaló que bajo esta figura los funcionarios de Coprocom continuarían bajo el régimen jurídico laboral del resto de los funcionarios del ministerio de Economía.

Por otro lado, con el proyecto de ley se pretende que la remuneración de los funcionarios de Coprocom se fijen  tomando como referencia remuneraciones de otros organismos con funciones similares como los de a Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y que la remuneración de los funcionarios no esté sujeta a lo que establece la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, punto que la Contralora calificó de “improcedente”.

Actualmente, los miembros de la Coprocom son nombrados a tiempo parcial y se les paga a través de dietas, un monto que es determinado por cada institución, según  la legislación.

“En el caso de los destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la Constitución Política, o su financiamiento no provenga de una renta especial creada para financiar el servicio social de forma exclusiva, el Ministerio de Hacienda determinará el monto  presupuestar, según el estado de las finanzas públicas para el periodo presupuestario respectivo”, señaló Acosta.

El proyecto fue presentado el pasado 14 de marzo  por el Gobierno. Su objetivo es modernizar el funcionamiento de la Coprocom dándole autonomía administrativa y presupuestaria, pues actualmente es un órgano adscrito al Ministerio de Economía.

La comisión especial de la OCDE está  integrada por varios diputados junto con el ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel);  el ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Entre las recomendaciones que ha dado la OCDE a Costa Rica en cuanto a este tema destacan el otorgar independencia  a la Comisión y fortalecer de recursos a la Comisión para que cuente con los mecanismos necesarios para sanción de prácticas abusivas.

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