Respecto a las convenciones colectivas de trabajadores, la contralora Marta Acosta afirmó que la Ley Marco de Empleo Público (21.182) “resulta bastante omisa en este tipo de regulación, siendo necesaria su incorporación acorde con algunos criterios de razonabilidad y legalidad”.
Acosta respondió directamente a una pregunta del liberacionista David Gourzong sobre el tema.
En audiencia con la Comisión de Gobierno, grupo que estudia el plan del Poder Ejecutivo, Acosta dijo que el proyecto en estudio “es un muy buen punto de partida para empezar a ordenar este gran desorden y esta gran atomización que tenemos en materia de empleo público en el país”.
“Sin embargo, sus ventajas se podrían ser limitadas si su conceptualización es imprecisa, su implementación es compleja y no considera criterios de sostenibilidad”, advirtió durante una presentación previa.
Además del tema consultado por Gourzong, otros diputados abordaron imprecisiones y complejidades del proyecto de ley.
El diputado independiente Dragos Dolanescu preguntó sobre el concepto de “alta gerencia” incluido en el proyecto. El legislador dijo que proviene del derecho privado y resaltó que ya Procuraduría General lo llamó un ““concepto jurídico indeterminado”.
Acosta dijo que ella entiende “que cuando se habla de alta gerencia, se está refiriendo a las jerarquías”.
“No se aclara bien quiénes son y cuáles condiciones les regirán”, confirmó Acosta en la Comisión.
El gerente de la Contraloría, Hansel Arias, dijo que ese tema de alta gerencia no deja claros aspectos de desvinculación de dichos funcionarios. Actualmente, estos puestos jerárquicos “son desde un régimen de confianza, a plazo definido bajo ciertas condiciones o cargos de jefaturas a un plazo indeterminado”.
La socialcristiana Aracelly Salas preguntó por los “derechos adquiridos” de los trabajadores.
“Ningún empleado público tiene derechos adquiridos, el único derecho adquirido que tiene un empleado público en este país es que no se le rebaje el salario”, afirmó la diputada.
Acosta aclaró que la cobertura del texto será únicamente para “los trabajadores nuevos”.
Por otro lado, la Contralora insistió en que el plan “carece de cobertura que alcance a todo el sector público” y que las ocho familias de puestos determinadas no tienen “parámetros de conformación”.
El texto sustitutivo que se estudia en Asamblea Legislativa excluye a las instituciones públicas que no son estatales y a las empresas públicas que “operan en un marco de competencia”.
“Originalmente su aplicación se extendía a los bancos, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y al Instituto Nacional de Seguros”, dijo Acosta sobre una versión previa del proyecto. La versión que se está modificando es un texto sustitutivo presentado por el Poder Ejecutivo, en mayo.
Frente a los diputados, Acosta insistió en que el futuro ordenamiento de empleo deberá ser aplicado en todo el aparato público.
“La ley debería ser para todos, según criterio de la Contraloría”, afirmó Acosta.
El liberacionista Luis Fernando Chacón preguntó que si esta unificación requiere de modificaciones constitucionales, específicamente del artículo 191 de la Constitución Política (“Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”).
Acosta dijo que no habría incumplimiento de ese artículo, en tanto cada institución seguirá usando sus reglamentos autónomos.
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