Una serie de fallas en el sistema de vigilancia electrónica a presos con tobillera electrónica ocasionó la fuga de 21 personas y mantiene a otros 62 privados de libertad desconectados pero con vigilancia telefónica y presencial, según reconoció el Ministerio de Justicia.
Pese a esto, el Gobierno repartió culpas entre el Poder Judicial y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), compañía que provee las tobilleras al sistema penitenciario.
Así lo expuso la ministra de Justicia,j Marcia González, este jueves por la mañana ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
El Gobierno critica que hay una “lentitud en la respuesta de los jueces”, en los casos donde Justicia detecta infracciones en el uso de la tobillera, como salidas por fuera de los perímetros permitidos o desconexiones. Cuando Justicia reporta estas infracciones, el juez o jueza debe resolver si es necesario quitarle la tobillera al privado de libertad o si se le perdona la infracción.
De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, solo un 15% de los informes remitidos a los jueces de ejecución de la pena había obtenido una respuesta.
De esas respuestas recibidas, Justicia reportó que en 20% de ellas se tardó más de dos meses en contestar. La ministra de Justicia, Marcia González, destacó que en 13 solicitudes para quitarle la tobillera a un usuario, el promedio de espera fue de 244 días.
“A como está la ley no hay nada que podamos a hacer, hasta esperar que los jueces accionen”, dijo González.
Sin embargo, reportes de jueces de ejecución de la pena señalan que varios de los atrasos se dan en el mismo Ministerio de Justicia. El Gobierno se atrasa cuando se le pide ampliación de pruebas cuando los informes son “incoherentes, incompletos o contradictorios” y en algunos casos el Gobierno se toma hasta un año.
“Se ordena prueba por informes mal elaborados, contradictorios, incompletos o incoherentes y tienen un atrasado de meses al contestar, es una oficina prácticamente desbordada por la limitación de recurso humano y deberían autoanalizar sus disfunciones antes de buscar culpables externos, pero lo más fácil es endosar la culpa a otros”, dijo Roy Murillo, juez de ejecución de la pena de San José.
“Yo diría que de todos los programas de atención del Ministerio de Justicia, el de Monitoreo es el peor de todos, la población está otra prácticamente abandonada y es un desorden, no funciona como una unidad, sino como dos oficinas distintas, por un lado la de seguridad y por otro la de atención profesional, que de atención tiene muy poco porque es mínima la atención que se da a las y los usuarios”, agregó Murillo.
Consultada por UNIVERSIDAD sobre esta réplica, la ministra posteriormente bajó el tono de sus críticas a los jueces.
“Todos tenemos que asumir responsabilidades en lo que estamos haciendo (…) Hay una dinámica compleja, esto inició como un programa piloto y creció de una manera acelerada. Estamos en total control de lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que tenemos que mejorar la coordinación con todos los actores”, dijo González.
Pulso con ESPH
Justicia también señaló problemas en la prestación del servicio de parte de la ESPH. El Gobierno criticó que en dos ocasiones se ha dado un desabastecimiento de dispositivos, mientras que la empresa ha señalado a Justicia por el atraso de hasta tres meses de pagos por el servicio y por el manejo inadecuado de los dispositivos.
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Ahora, ante los diputados, el Gobierno reclama que el servicio utiliza una tecnología GSM que hoy es obsoleta.
En mayo anterior, se reportaron 559 casos en donde existían pérdidas de comunicación y se logró hacer un análisis de 273 de estos casos. La mayoría (210) responden a una descarga de la batería y otros 49 a un problema de hardware, mientras que 14 no tuvieron justificación alguna.
Las discrepancias con la empresa hicieron que Justicia acelerara el proceso de contratación de una nueva compañía que se hará cargo de proveer las tobilleras electrónicas a partir de 2021, cuando finaliza el contrato con la ESPH.
Según la ministra González, el concurso se publicará en las próximas semanas.
Reforma
Una de las posibles soluciones al problema se encuentra en la reforma a la ley de vigilancia electrónica, en donde se pretende incorporar cambios al texto actual, a raíz de la experiencia desde su puesta en marcha, en febrero de 2017.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, asegura que uno de los cambios que deberían implementarse es el de darle la potestad al Ministerio de Justicia de imponer medidas cautelares cuando encuentre incumplimientos en el uso de tobilleras electrónicas.
“Esto vendría a poner a salvo un sinnúmero de situaciones. Si el juez considera que la medida cautelar no es correcta, entonces lo regresan a su situación, con las responsabilidades que pueda generar”, dijo Bertozzi.
“El sistema no solo pasa por el Ministerio de Justicia. Hay actores que están dentro del Poder Judicial como jueces y fiscales. A veces la respuesta que recibimos respecto de una situación específica no es la más alegre. Nosotros no tenemos la decisión de revocarle la tobillera a un individuo que sorprendemos violentando lo que el juez le ordenó”, agregó.
Desde su llegada a Justicia, González hizo varios cambios en la unidad. La jerarca sustituyó al jefe –quien la denunció por supuesto acoso laboral– y se negó a dar permisos laborales a usuarios de tobilleras, a pesar de las órdenes de los jueces. La jerarca celebra que pasó de contar con 10 oficiales en monitoreo electrónico a 50 que hoy laboran para la unidad.
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Pese a los constantes problemas, la ministra destacó que de unas 1.515 personas con tobillera, solo un 2% reincide en algún delito.
