La Comisión de Gobierno y Administración finiquitó este martes el trámite de la Ley Marco de Empleo Público (21.336), antes de dirigirse al plenario para su debate y votación.
El expediente que unifica la contratación pública y otorga su rectoría al Ministerio de Planificación (Mideplan), recibió seis votos a favor y tres en contra. Al igual que ocurrió la semana pasada, esta Comisión no transmitió los votos con nombre de los diputados.
No obstante, previamente, se manifestaron en contra del dictamen los legisladores Jonathan Prendas (independiente, del bloque Nueva República) y Pedro Muñoz (Partido Unidad Social Cristiana). Dragos Dolanescu confirmó a UNIVERSIDAD, vía mensaje, que votó en contra del expediente, al igual que Prendas y Muñoz.
Los votos a favor pertenecen a: Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana; David Gourzong, Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca del Partido Liberación Nacional; Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana; y la independiente Zoila Volio.
Este martes, los únicos diputados que tomaron la palabra por el fondo del expediente fueron Muñoz y, sin ser miembro votante, el liberacionista Roberto Thompson.
En nombre de ambos, Muñoz anunció que están preparando un borrador sobre “empleo estatal” que van a validar con el foro convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, para luego presentarlo a la corriente legislativa.
Thompson confirmó que están juntos en un “proyecto alternativo que pretende fortalecer el Servicio Civil y resolver todos estos temas que, a juicio nuestro, han quedado pendientes”.
Después de la votación, el socialcristiano Abarca anunció un dictamen afirmativo de minoría que contendrá un texto sustitutivo.
La semana pasada, antes del dictamen, una moción de Abarca modificó un aspecto sustancial del proyecto. El cambio avalado por la Comisión permite que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público absorba en el salario global a los empleados públicos actuales.
Esta inclusión es controversial y, en una versión previa del proyecto, los cambios para los empleados actuales obtuvieron advertencias de posibles indemnizaciones, en criterios emitidos por la Contraloría General de la República (considerando temas de vacaciones) y la Corte Suprema de Justicia (en una opinión general del proyecto).
Abarca asimismo dijo que le sorprendía que “la gente descubrió que el salario global va a aumentar el gasto los primeros años”, en tanto el proyecto aún no cuenta con proyecciones de cuánto dinero será erogado mientras se equiparan los salarios al salario global y, además, se resuelven los temas de las posibles indemnizaciones.
“No entiendo cuál es la novedad”, aseguró Abarca, porque ya existen referentes de esos mismos gastos en casos del Banco Central y Contraloría General de la República (quienes se rigen por sus propios regímenes salariales).
Trámite en plenario estará condicionado
Tras consolidarse el dictamen de la Comisión, varios legisladores que votaron a favor expresaron que el trámite en plenario mantendrá condicionamientos.
El liberacionista David Gourzong justificó su voto porque el proyecto necesita “una discusión profunda” del pleno de 57 legisladores. Admitió que “Efectivamente, el proyecto tiene sus defectos”. Aclaró que “si lo perfeccionamos en el plenario, este diputado lo votará favorablemente, caso contrario lo votaré negativamente”.
Esta misma posición la compartió su compañero de bancada y jefe de fracción, Luis Fernando Chacón, quien añadió que “la creatividad que aparece en muchos diputados, la hagan en el plenario”.
Sin embargo, según adelantaron el socialcristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson, el proyecto también tendrá competencia de un expediente nuevo.
Muñoz mencionó cinco puntos que tendrá ese nuevo proyecto:
- Despolitización del Empleo Estatal para “eliminar las superpotestades de Mideplan para empleo público”. Muñoz advirtió que la rectoría de Mideplan “somete función pública a capricho del gobernante de turno”
- Fortalecimiento Servicio Civil
- Salario Global porque “mantiene salario global y lo hace optativo para funcionarios actuales”.
- Respeto a derecho de negociación colectiva
- Regulación diferenciada para empresas del estado, en tanto Muñoz afirmó que estas empresas “se rigen por un régimen de empleo predominantemente privado (…) acorde a la naturaleza de actividad comercial que realizan”.
