La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), propuso el martes que los gobiernos avancen hacia hacer permanentes las transferencias monetarias temporales que están entregando a los hogares que se quedaron sin ingresos o cuyos ingresos disminuyeron como resultado de los efectos de la pandemia de COVID-19.
“En el largo plazo, el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia”, dijo la secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, al presentar un nuevo informe sobre los desafíos sociales de la crisis por covid-19 en la región.
“Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”, dijo el organismo.
Según el Informe Especial COVID-19 N⁰ 3, titulado “El desafío social en tiempos del covid-19”, “en un contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe”.
En el documento, la Cepal hace “una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde Santiago de Chile, Bárcena entregó también los detalles de la propuesta de la Cepal y plantea la propuesta de avanzar hacia la creación de un ingreso básico de emergencia (IBE) “que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país”.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, dijo la funcionaria.
El IBE que propone el organismo es equivalente a “una línea de pobreza” -o al costo por persona de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas)- durante seis meses y debe darse “a toda la población en situación de pobreza en 2020”, esto es, a 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional.
Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la Cepal, en el 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año anterior, para un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región).
La pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Según los cálculos del organismo, la desigualdad también crecerá en todos los países de la región, pues el coeficiente de Gini llegaría a entre el 0,5% y el 6,0%. Los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
“Los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle”, dice el organismo.
El informa que, a partir del 13 de marzo, los gobiernos de la región tomaron medidas de protección social ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares, que incluyen transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).
A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, recalcó Bárcena.
La Cepal señala como retos para la región “la necesidad de superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos. En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles”.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, afirmó.
“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida. Un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia”, enfatizó.
Además, dijo que “para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal”.
