La ampliación de la definición de los tipos penales relacionados con violencia de género, como el femicidio, violación, abuso sexual, explotación y violencia patrimonial, es un buen comienzo pero queda mucho por hacer, afirman las familias de víctimas de femicidios.
El pasado miércoles 9 de setiembre la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente el expediente 21.793, que amplía la tipificación de estos delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, a razón de quién comete el crimen.
Así, no solamente se considerarán como actos de violencia contra las mujeres los cometidos por sus esposos o cónyuges, sino que se incluirán aquellos que cometa quien “mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, ya sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura”.
El proyecto fue propuesto por Aida Montiel del Partido Liberación Nacional y modifica los artículos 1, 2, 21, 22, 23, 25. 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres No. 8589 del 25 de abril de 2006, que limitó la definición de violencia de género a la que ocurre en el marco de relaciones formales de cohabitación.
En próximos días la iniciativa será enviada al plenario para ser discutida y aprobada o archivada, aunque tiene buen ambiente.
Ana Patricia Zamora, madre de Luany Salazar, comentó que es una muy buena noticia que se haya dictaminado favorablemente, aunque su lucha por justicia para su hija no ha terminado. El abogado de la familia, Joseph Rivera, dijo que es buena noticia pero que aún es necesario aumentar las penas a los femicidas, dirigir más recursos a las acciones preventivas y ampliar la definición del tipo penal para que alcance a la establecida por la Conveción de Belém do Pará.
En la actualidad nuestra legislación indica que se penalizará como femicidio cuando se de “muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, ya sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura”.
En cambio, en la convención citada el tipo abarca toda muerte de mujer por acción u omisión, que derive de la condición de subordinación de las mujeres, incluyendo suicidios por violencia contra las mujeres, muertes por enfermedades no atendidas por la familia o el sistema, muertes maternas evitables.
Según el abogado, las diputadas Paola Vega, Laura Guido y Aida Montiel están planteando y construyendo iniciativas que pretenden avanzar en estos temas y “todo apunta a que será posible sacar adelante los proyectos y mandar un mensaje a los femicidas”.
Óscar Morera (papá de Eva, la joven asesinada por su expareja en el 2019) consideró que el avance del proyecto es positivo, pues corrige el abandono de un sector de las mujeres, aunque aún deja algunas desprotegidas, aquellas “que han sido violentadas por ser mujeres, por personas con las que no tenían ninguna relación”.
También afirmó que es necesario que la sociedad costarricense entienda que hay que “pensar en soluciones proactivas y no reactivas, porque hay que asumir que cada vez que tenemos que levantar el cuerpo de una mujer y enjuiciar a su asesino es porque les fallamos como sociedad”. “Es un error enfocarnos en lo punitivo porque estamos olvidando las posibles acciones preventivas, olvidando el poder que hay, sobre todo en los hombres, para provocar un cambio”, dijo.
El Grupo de Familias de Víctimas de Femicidio, del que Morera es parte, circuló un pronunciamiento en el que hicieron un llamado a la sociedad a dejar de asignar toda la responsabilidad de romper el círculo de violencia en manos de la víctima y su familia, al tiempo que demandan que el gobierno y sus tres poderes cumplan los compromisos internacionales adquiridos en la Convención de Belém do Para. tipificando correctamente el femicidio y asignando las penas máximas correspondientes en los casos correspondientes.
La misiva, firmada por al menos cuarenta familiares de ocho de las más recientes víctimas de femicidio en el país plantea también la urgencia de implementar desde las municipalidades y comunidades equipos interdisciplinarios de valoración y acción tácticos contra la violencia hacia las mujeres y niñas, para “monitorear y dar seguimiento permanente a los casos de violencia para poder actuar de forma inmediata”. También proponen “abrir espacios para el diálogo constructivo de la gente joven, los grupos de riesgo y los hombres para poder desarrollar una cultura de tolerancia y justicia para todas”.
