El presidente Carlos Alvarado perdonó a su ministra de Justicia, Marcia González, el incuplimiento del pago del impuesto a las “viviendas de lujo” entre 2016 y 2019.
La expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC) seguirá en el cargo a pesar de los hallazgos de una investigación publicada por el medio Ameliarueda.com.
González dejó de pagar durante cuatro períodos el impuesto correspondiente por su residencia de 835 metros cuadrados en Pozos de Santa Ana. Solo lo hizo después de que el Ministerio de Hacienda recibiera la consulta de los periodistas, el 13 de enero, según la publicación de hoy jueves.
La ministra primero omitió a los reporteros la fecha en la que hizo el pago y solo contestó que estaba al día. Al cierre de este jueves admitió que fue un error, pero asegura que ya lo enmendó de manera suficiente (con el pago de casi ¢4,5 millones por los montos adeudados más intereses).
En un tuit, el mandatario Alvarado solo escribió una especie de regañada para la ministra y, de paso, una instrucción para que el resto de su gabinete revise si están al día con las obligaciones tributarias. Pero no dijo nada de pedirle la renuncia, a pesar de que a un viceministro de su Gobierno y a un ministro de otra administración, tiempo atrás, se les exigió la salida por conductas similares.
González Aguiluz fue la principal compradora de bonos del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña en del 2018 en la que Carlos Alvarado ganó la presidencia de la República, según la plataforma Voz y Voto. Ella invirtió entonces ¢27 millones en bonos, según los reportes de la agrupación política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) referidas por distintos medios de comunicación.
Desde mayo del 2018 González es la ministra de Justicia, un puesto del cual el ahora presidente Alvarado descarta removerla. Sus incumplimeintos tributarios no le impedirán, por tanto, siendo parte de un gobierno cuyo discurso ha priorizado la atención de la crisis fiscal mediante medidas como la aplicación de medidas de recolección de impuestos y la necesidad de recortar gastos públicos.