El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó este miércoles por la mañana, que “la posición del Gobierno es la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, en el conflicto que enfrenta a esta entidad con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico (Japdeva).
El martes por la tarde, el presidente ejecutivo de Japdeva, Greivin Villegas; el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez; y el viceministro de Trabajo, Carlos Alfaro, mantuvieron una reunión con el mandatario Carlos Alvarado, donde llegaron a varios acuerdos.
“Tuvimos una reunión para ver los puntos. Los acuerdos fueron, dado que el tema marítimo está en rectoría del MOPT, vamos a abrir un espacio para que el Japdeva, MOPT y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) vean distintos puntos del tema operativo para buscar cuáles son los diferendos. La posición del Gobierno es la del MOPT”, externó el presidente de la República.
Alvarado afirmó también que el tono de la carta que envió Villegas al ministro del MOPT no le parece “oportuno”; sin embargo, lo más importante es que los jerarcas dialoguen sobre sus diferencias.
Como parte de los acuerdos de la reunión, el mandatario mencionó que las autoridades deben enfocar el trabajo en los proyectos que desarrollará Japdeva con el canon que le girará APM Terminals.
Según el contrato de concesión de obra pública, APM Terminals deberá pagar a Japdeva un canon del 7,5% de los ingresos brutos, que según el consorcio de origen holandés sería de $20 millones anuales. Estos recursos deberían destinarse a proyectos de desarrollo regional.
Durante la inauguración del megapuerto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, fue consultado sobre el destino que se dará a esos recursos, sobre lo cuál aseguró que actualmente se realizan estudios de factibilidad para determinar qué obras obtendrían este financiamiento.
Conflicto
El pasado viernes 1 de marzo (un día después de la inauguración de la TCM), el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, emitió a la autoridad portuaria el oficio DM-2019-0700, donde señala que Japdeva posee limitación de sus competencias en puertos concesionados y no puede establecer la programación de los buques que van a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El malestar de la Junta no se hizo esperar. El martes 4 de marzo el presidente ejecutivo de Japdeva declaró nulo el oficio enviado por Méndez, pues, en su criterio, su orden no se apega a la ley.
“El contrato de concesión y el mismo concesionario reconocen que la TCM solo puede atender buques portacontenedores de tipo fully cellular. La situación se agrava más cuando se instruye una programación mensual de las operaciones de la TCM para el período del 19 de febrero al 19 de marzo del 2019, sin conocer de antemano la demanda de servicio ni el tipo buques que serán atendidos, lo cual es improcedente y contrario a lo establecido en el Reglamento de Operaciones de Japdeva”, señaló el presidente ejecutivo de Japdeva en una respuesta al oficio del MOPT.
Según el contrato de concesión la Terminal de Contenedores de Moín será la única encargada de atender barcos portacontenedores tipo fully cellular container ships (buques cuya naturaleza es el transporte de contenedores cargados en celdas) destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica.
De esta forma, las otras embarcaciones deberán cargar o descargar sus mercancías (granelera e hidrocarburos) en el muelle administrado por Japdeva.
Villegas externó que el MOPT solo es un órgano rector; no obstante, no existe relación de jerarquía entre ambas instituciones.
La situación que en este momento atraviesa la Junta resulta preocupante para su jerarca, quien señala que si APM Terminals recibe buques portacontenedores (además de los fully cellular container ship), provocaría una quiebra técnica de la institución.
De acuerdo con las proyecciones de Japdeva, para abril de este año no se tendría la capacidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios, la gestión del Desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y las demás obligaciones.