El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este lunes por la mañana la ley 9808, que pretende regular el ejercicio del derecho a huelga, imponiendole nuevas normas, requisitos y limitaciones.
La ley declara ilegales las huelgas en servicios públicos esenciales como en suministro de combustibles, atención hospitalaria, seguridad y comedores escolares. Además, suspende el pago de salario a los funcionarios que participen en estos movimientos.
La nueva legislación establece que un juez deberá especificar la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión la reposición del salario de los trabajadores en caso de que el movimiento de huelga sea declarado legal.
También se definió el concepto de huelga política, la cual será permitida siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
La actividad contó con la participación de la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, el presidente Carlos Alvarado y un grupo de diputados, encabezados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides.
“Ahora hay reglas y procedimientos más claros. Esta Asamblea Legislativa ha generado un cambio en el paradigma de lo que esperan los costarricenses que pase en el Congreso. Antes costaba mucho que las cosas pasaran (…). En los últimos dos años, con el trabajo que ha llevado a cabo el Congreso se ha logrado cambiar ese paradigma”, dijo el presidente Alvarado.
El diputado y presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, celebró la firma de la ley y destacó el establecimiento de un mecanismo de arbitraje, cuando exista una demanda de trabajadores de servicios esenciales (donde la huelga está prohibida) a sus patronos. “Aquí vamos a tener una forma de solucionar conflictos que no es en la calle”.
“Puede que haya huelgas en servicios esenciales en el futuro, pero tendrán consecuencias. No tiene por qué el costarricense sufragar ilegalidades, no tiene por qué pagar de su bolsillo la actividad contraria al Estado de derecho”, comentó el diputado liberacionista.
“Más que consagrarse un derecho, se generó una enorme impunidad para un grupo que abusaba de la mayoría, pisoteando sus derechos a la salud y a la educación, entre otros. Esta nueva ley establece un equilibrio, un nuevo balance, para que la huelga siga siendo un derecho, pero sin permitir que unos pocos abusen de la mayoría”, aseguró.