Unos 819 privados de libertad se graduaron este año en una de las cárceles del sistema penitenciario nacional.
En total, fueron 422 personas que obtuvieron título de educación primaria, 259 de secundaria, siete con título universitario y 131 que se graduaron de algún programa de educación técnica.
La más reciente oleada se dio en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela, al entregar este miércoles 116 títulos a privados de libertad de los programas de educación formal (63 en primaria y 53 en secundaria).
El mismo centró entregó 39 certificados en educación técnica, entre los cuales destaca un curso de computación del programa de extensión de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Uno de los graduados, Alonso Baltodano, ingresó al centro penitenciario con tan solo título de educación primaria y primer nivel de colegio terminado. El miércoles recibió su título de bachiller en educación media.
“Estar aquí es muy difícil, hay que poner mucho empeño y responsabilidad para salir adelante, estoy muy contento de haber concluido mi bachillerato, entré aquí solo teniendo sétimo año de colegio y hoy, cuatro años después estoy cumpliendo una meta más en mi vida. Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado. Tenerlos a ellos es muy importante para mí, para seguir adelante”, comentó Baltodano.
La cifra de este año superó a la de 2016, cuando se graduaron 181 privados de libertad y otro grupo de la cárcel de Pococí que aún no se contabiliza.
“Es una llamada de atención para el sistema, hay más de 800 personas graduadas y esto no es suficiente. Hay que seguir haciendo esfuerzos para que más personas puedan salir en mejores condiciones. La educación es una herramienta fundamental para quienes están en los centros penitenciarios”, comentó Marco Feoli, viceministro de Justicia.
Unidades productivas
En 2017 se dio la apertura de tres centros penitenciarios nuevos, denominados “unidades productivas”, cuya construcción se dio gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las unidades productivas de Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí abrieron este año unos 1.600 espacios para privados de libertad -en su mayoría- con posibilidades de egresos en los próximos cuatro años.
En general, las unidades cuentan con clínica, comedor, cocina, aulas para procesos educativos, talleres laborales, dormitorios para la Policía Penitenciaria y los privados de libertad, así como oficinas administrativas, espacios para visita íntima y gimnasio.
La estrategia del Ministerio de Justicia consiste en someter a las personas a una serie de compromisos de estudio y trabajo, con el fin de que encuentren mayores oportunidades al salir de la cárcel.
Este proceso se realiza en coordinación con la nueva Oficina de Reinserción Social, que entró en funcionamiento a inicios de este año y funciona como una bolsa de empleo para los privados de libertad que están a punto de egresar.
Además, esta oficina brinda seguimiento en las áreas de familia, salud, psicología y otras.
“Hay muchísima gente que llega al sistema que tiene que hacer cosas que no hizo antes porque no tuvo las oportunidades que tuvimos el resto. Esto sirve para sensibilizar y entender cómo funciona el fenómeno de la delincuencia”, agregó Feoli.
