Los representantes de las cinco Cámaras Nacionales de Transporte Público del país, anunciaron este lunes una medida para exigir a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que suspenda la aplicación de la metodología tarifaria autobuses y que conforme una comisión que valore una nueva aplicación que agilice el proceso de reducción de las tarifas.
De no tomarse la medida por parte de la Agencia Reguladora, los representantes de las cámaras indicaron que tomarán acciones esta misma semana en las que no se descarta la posibilidad de un paro, según lo confirmó Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans).
“Ya no tenemos por qué sostener más. La Autoridad Reguladora tiene un informe que realizó financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual les indica errores existentes en el modelo. Ellos realizaron ese informe a raíz de la desconfianza del estudio presentado por nosotros para el que contratamos a la Firma Deloitte y nos indicó exactamente lo mismo”, manifestó Bolaños.
Bolaños dijo que las 5 cámaras que integran el sector están de acuerdo en tomar las medidas del caso. Al mismo tiempo que hacen un llamado a aquellos que no están afiliados al sector o hayan decidido emprender la lucha por aparte, para que se se acerquen y sean parte del proceso.
El acuerdo al que han llegado es que se conforme una comisión mixta integrada por Aresep, Consejo Nacional de Transporte Público (MOPT) y Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener la transparencia en las decisiones y hacer un ajuste al modelo que ha generado la afectación por lo menos a unas 6 empresas de autobuses.
Esta medida, viene luego de que durante 2 años el sector haya mantenido abierto a un diálogo por llegar un acuerdo y hacer una modificación en el modelo, dado que desde el 2012 se pidiera a la autoridad regulatoria, ajustar los coeficientes del modelo tarifario que estaban desfasados con un modelo inactual.
Según los representantes, el método contiene errores como la evaluación de las unidades, el no reconocer costos por mantenimiento del transporte, horas extras de los trabajadores, costos personales administrativos, afectación de los procesos de modernización del transporte entre otros, que perjudican considerablemente a las empresas autobuseras.
La aprobación de la nueva metodología se dio el pasado 29 de febrero del 2016, pese a una resistencia del sector por la posible afectación que tendrían sus empresas, a hoy no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre las distintas partes.
