El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, mostró este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, su rechazo al expediente 21.522, el cual busca generar una amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales.
De acuerdo con Macaya, este proyecto debería considerar varios elementos legales, constitucionales, entre otros; sin embargo, a como está redactado, la Junta Directiva de la Caja no lo respaldará.
“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”.
“Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, mencionó Macaya.
El artículo 73 de la Constitución Política señala que la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Este proyecto de ley concede una amnistía a los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, consistente en la condonación de cobros por mora, multas, sanciones e intereses siempre que se regularice su situación dentro del plazo de seis meses de la entrada en vigor de esta ley, sea a través del pago en un solo tracto, o bien a través de un convenio o arreglo de pago con la CCSS.
Este plazo no podrá exceder cinco años; además, no tendrá como requisito contar con un fiador.
Según se lee en el proyecto, el pago, el convenio o arreglo de pago para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, incluirá las cuotas que correspondan a los cuatro años anteriores contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Efectuado el pago, se considerará extinguida cualquier obligación contributiva anterior al plazo de cuatro años.
Durante la sesión de la Comisión, el diputado independiente, Erick Rodríguez, señaló que esta amnistía no viene a resolver la informalidad.
“La amnistía lo que viene a hacer es dos cosas, una que la Caja recupere plata que está perdida o en alas de cucaracha y la otra es darle un respiro a los trabajadores independientes y microempresas. Para resolver el problema de la Caja, lo lógico sería que el 48% de la población económicamente activa que está en la informalidad pase a la formalidad o por lo menos un porcentaje importante. Eso sí viene a resolver el problema de la Caja”, destacó Rodríguez.
Los diputados de la comisión deberán continuar en el análisis del expediente.
