Ya es ley de la República, con declaratoria de interés público y con un reglamento en construcción, pero el bloqueo de señal celular en las cárceles está lejos de ser una realidad que permita abolir las estafas y otros delitos que se cometen desde las prisiones a través de estos dispositivos.
Con recursos escasos y una infraestructura deteriorada, el Ministerio de Justicia busca diagnosticar cuáles centros requerirán mejoras con el fin de implementar una tecnología que aún está por determinarse.
Según la ministra de Justicia, Marcia González, la falta de inversión en infraestructura carcelaria de los últimos años plantea un reto enorme para implementar el bloqueo de la señal celular.
González afirmó que hay recursos para mejorar el sistema eléctrico de seis cárceles, los cuales se realizarán este año, y que en este momento Justicia, junto al Patronato Nacional de Construcciones y el Instituto Costarricense de Electricidad, realizan un diagnóstico para definir los trabajos que se requieren en cada cárcel y sus costos.
“En muchos lugares donde ya tenemos los fondos para construir nuevos módulos, no podemos ejecutarlos porque tenemos problemas con las acometidas eléctricas o con el manejo de aguas negras. Esa falta de inversión que no se hizo durante muchos años nos está afectando mucho en este momento la capacidad de hacerle frente al hacinamiento y al bloqueo de señal”, dijo González.
Las dificultades para implementar el bloqueo celular preocupan a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quienes recibieron en audiencia a González, junto al director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi; al jerarca del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Luis Salazar; y al viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada.
“Existe preocupación porque la ley tiene como objetivo bloquear la señal celular en los centros penitenciarios, si tenemos dificultades materiales para que eso ocurra, ya no será problema de los operadores sino de la institucionalidad. Le corresponde al Gobierno garantizar que eso se pueda aplicar, si no, por más leyes que apliquemos, no vamos a tener una disminución de las estafas y homicidios que se ordenan desde la cárcel”, comentó el presidente de la comisión, Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional.
Solo el año pasado se decomisaron 2.245 celulares en seis prisiones distintas, según datos de la Policía Penitenciaria. Estos dispositivos ayudan a reos a coordinar estafas y además, el ingreso de droga en los centros penitenciarios.
Con la ley también se busca poner fin al mercado clandestino que ofrece hasta ₡400.000 a funcionarios de las cárceles para ingresar teléfonos.
Según explica el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, los celulares ingresan de todo tipo de formas. En algunos casos, se esconden en el ano de los reos y en otros, son transportados incluso por drones.
“Ahora nos los tiran por drones. En las comidas preparadas meten los teléfonos y la droga. Los vemos cuando están sobrevolando y aterrizan, hasta hemos cogido las cosas”, describió Bertozzi. “Tenemos clarísimo que el bloqueo de la señal celular no es la solución total del tema, pero lo peor es no tener nada del todo. Tenemos que evolucionar”, agregó.
¿Cómo va a funcionar?
Aún no se sabe qué tipo de tecnología se implementará ni cuáles serán las exigencias que esta ley tenga sobre el presupuesto. Todo lo que hay es un borrador.
El Ministerio de Justicia elaboró un reglamento para sentar las bases del funcionamiento del sistema. Esta normativa apenas está en fase de elaboración, sin embargo, el texto establece funciones para la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio de Justicia, así como de los operadores de telecomunicaciones que se encargarían del sistema.
Por ejemplo, a Justicia le corresponderá dotar y habilitar los espacios necesarios para la instalación de los equipos, según el diseño técnico proporcionado por los operadores, mientras que los operadores deberán aplicar las soluciones técnicas para bloquear la señal celular, sin afectar a las comunidades aledañas.
Los operadores tendrán la libertad de escoger las tecnologías por utilizar, e inclusive, podrán subcontratar a una empresa que se encargue de este servicio.
“Las operadoras pueden escoger por sí mismos si ofrecen el servicio o si lo tercerizan con otra empresa, ya que este no es el giro de negocio principal de estas compañías. El ICE comunicó al Micitt que ya están pidiendo a la Contraloría para que se les autorice una contratación en conjunto con los otros operadores”, explicó Edwin Salazar, ante los diputados.
A criterio del diputado Viales, el reglamento deberían incluir multas a los operadores, en caso de incumplimiento o fallas en el sistema.
La ley que permite bloquear la señal celular en los centros penitenciarios se aprobó en agosto pasado, sin embargo, entrará a regir nueve meses después de que se apruebe el reglamento, con el fin de acondicionar las cárceles de manera gradual.
Al reglamento se le harán correcciones y arreglos durante la próxima semana. Aquí puede consultar el borrador.
