Tras terminar anticipadamente su sesión del martes, la Comisión de Asuntos Hacendarios convocó a una sesión de trabajo con líderes de instituciones públicas interesadas en el proyecto de topes de usura (expediente 20.861, Reforma a la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor).
Para este miércoles, la presidenta de la Comisión, la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, coordinó la asistencia del presidente del Banco Central Rodrigo Cubero; el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro; el gerente del Sistema de Banca para el Desarrollo, Miguel Aguiar y el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), Víctor Garro.
De acuerdo con el diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) Otto Roberto Vargas, estas instituciones “no coinciden en cuanto cuál es el monto de la tasa de usura, pero sí coincidieron en que un 30% o 32%, que es lo que trae el proyecto de don Welmer (Ramos) y don David (Gourzong) es muy bajo”.
Tras la reunión, el diputado liberacionista Gourzong sostuvo que el porcentaje debe mantenerse en un porcentaje cercano al 35%.
La Comisión de Hacendarios acordó convocar una segunda sesión de trabajo con los cuatro jerarcas. En esta próxima reunión, sin fecha aún, el Banco Central deberá entregar una nueva propuesta de tope y entregar su metodología por escrito.
El proyecto establece que los operadores de financiamiento podrán ser denunciados penalmente si cobran una tasa de interés superior a la establecida por los diputados.
El último texto sustitutivo del proyecto establece que, en colones, “la tasa máxima de interés no podrá ser superior a la tasa básica pasiva (TBP) más 25 puntos porcentuales”.
La Comisión modificó este texto para que ahora diga que “La tasa anual máxima de interés no podrá superar 2,2 veces la tasa activa promedio del sistema financiero”. Para esta siguiente semana, el Banco Central anunció que el indicador de la TBP en colones es del 5,55%. No obstante, este mismo indicador ha sido volátil durante todo el año: alcanzó un pico del 6,65% en julio pasado.
Originalmente, el proyecto detallaba que las tasas máximas “serán calculadas por el BCCR de manera trimestral, utilizando el promedio de los últimos 3 meses de la tasa básica pasiva o de la tasa efectiva en dólares, según corresponda”.
Según la última moción esa consideración se eliminó y ahora dice “las tasas máximas señaladas serán calculadas por el BCCR, el cual las deberá publicar, cada seis meses, en La Gaceta”.
Banco Central insiste en tope del 57%
El primero en abandonar la sesión de trabajo fue Cubero. El jerarca del Banco Central dio breves declaraciones a la prensa, mientras caminaba hasta su carro en las afueras de Castillo Azul.
En sus declaraciones apresuradas, afirmó que no se llegó a ningún “acuerdo” en la reunión.
“Ese no era el propósito, ahora, de llegar necesariamente a un acuerdo. Era para exponer metodologías y alcanzar…” dijo, pero no terminó la idea. “Nosotros propusimos dos indicadores diferentes. La Asamblea podría tener cualquiera dos de esas decisiones”, añadió después.
El diputado del PRSC Otto Roberto Vargas explicó que la recomendación del Banco Central es un tope del 57%: un promedio entre las dos “metodologías”, una estima un tope del 51% y la otra del 63%.
Según dijo el director de la Escuela de Administración Pública de la UCR, este cálculo del Banco Central fue “estadístico” y está sesgado por lo altas que están las tasas de crédito en el mercado actual.
“Si ya las tasas de interés están altas porque hay un poder oligopólico, entonces la tasa va a ser alta. La vía que presenta la Sugef, Banca de Desarrollo y la misma que nosotros hemos presentado considera los costos: de intermediación, administrativo, por riesgo y el de encaje”, explicó.
Sugef apuesta por un 42%
UCR, Sugef y Banca de Desarrollo presentaron una cifra calculada de forma similar que ronda un 42% de tope.
El cálculo de la Sugef del tope fue calculado en “bloques”.
“Tomamos primero el costo financiero promedio de los bancos; le agregamos el costo del encaje mínimo legal (o costo de la liquidez); le agregamos un costo administrativo que es el costo promedio de todas las entidades del sistema financiero nacional simplemente por administrar la gestión crediticia y le agregamos la pérdida esperada, el riesgo de los deudores. Usamos la pérdida esperada que calculan los mismos bancos para el sector consumo bajo un escenario difícil, una pérdida esperada relativamente alta. Le aplicamos un porcentaje de utilidad moderada, de un 15%. Y llegamos al 42%”, explicó Alfaro.
El superintendente de Sugef está a favor de una “única tasa de usura”, es decir, que no varíe según el producto de consumo porque, según el criterio de Alfaro, “es demasiado complejo de administrar, de manejar y de actualizar”.
La exclusión es inevitable coinciden UCR y Sugef
La exclusión del sistema crediticio es inevitable sin importar el tope de usura, de acuerdo con Alfaro.
“En el rubro de pérdida esperada, que es parte de la tasa calculada, voy a cortarla. Aquellas personas que presenten un nivel de riesgo superior a, no sé, 10%, simplemente no les doy crédito. Ellas me van a superar el nivel que me cubre la tasa de interés”, explicó sobre los escenarios con el 30% del proyecto de ley.
Según el legislador Otto Roberto Vargas, con el cálculo original se logrará “la exclusión de más de 600.000 personas” que no tendrán acceso a crédito.
No obstante, Alfaro dijo afirmar la cantidad exacta de posibles afectados por la exclusión es “difícil” por las múltiples variables que el cálculo implica.
“Yo no me imagino cómo se puede calcular eso, para serle muy honesto”, afirmó.
El director de la Escuela de Administración Pública de la UCR confirmó que la tasa de penalización de la usura es necesaria.
“Estamos en un mercado imperfecto. Un mercado donde los intermediarios tienen poder por sobre los que pide prestado, porque hay asimetría en la tasa de interés. Compran en un almacén, dice tantos de cuotas y no se fijan en la tasa que está implícita”, explicó Víctor Garro de la UCR.
Garro sostiene que ya existe población excluida porque hay 733.000 expedientes en cobro judicial: es decir, “un 34% de la población económicamente activa”.
El académico calcula que la población del primer quintil no tiene la capacidad de pago para los intereses de un saldo acumulado “¢700.000” porque pagan intereses equivalentes a un 17% del ingreso de ¢272.000 mensuales.
Este miércoles, la UCR adquirió el compromiso de proyectar el comportamiento de los tres topes de usura conversados en la reunión con Hacendarios. A partir de esta documentación y los datos del Banco Central, los diputados deberán acordar un nuevo porcentaje para el proyecto de ley.