País

Asociación bancaria podría sumar unos $30 millones a fondo para proteger a ahorrantes

Ese dinero es procedente de préstamos que la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno de los Estados Unidos, dio al país en los años 80 del siglo pasado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) podría sumar, si así lo decidiera, $25 millones o $30 millones al Fondo de Garantía de Depósitos para proteger a los ahorrantes, el cual se pretende crear mediante un proyecto de ley en trámite en la Asamblea Legislativa.

Ese dinero es procedente de préstamos que la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno de los Estados Unidos, dio al país en los años 80 del siglo pasado. Actualmente la ABC los administra como garantía para quienes invierten su dinero en los bancos privados.

Mario Gómez, asesor legal de la ABC, aseguró que no existe ninguna duda legal en cuanto a que ese monto corresponde a dinero privado y no público, pues proviene de empréstitos que la AID le concedió al país y no de las importantes donaciones que en esos años también entregó a Costa Rica, según dijo a UNIVERSIDAD semanas atrás.

“El fondo de garantías de la ABC fue importante en los inicios de la banca, cuando la banca no tenía el tamaño que tiene hoy y funcionó. Pero este es un fondo que -yo no me atrevo a darle el monto exacto-, pero debe andar por los $25 millones o $30 millones de dólares. Y hoy en día los depósitos de los bancos en montos que deberían ser los montos asegurables son mucho, mucho muy superiores a un monto como ese”, argumentó. (Ver la entrevista: “No fue ninguna donación”).

UNIVERSIDAD solicitó más información de este tema pero no le fue suministrada.

Desde el año 1985, a raíz de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR), ese fondo pasó de estar en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para ser administrado por la ABC.

A pesar de que hubo cuestionamientos legales contra esa decisión, después tanto los tribunales de justicia como la Procuraduría General de la República y la propia CGR validaron reiteradamente lo actuado (Ver “Cronología”).

El relato de Gómez sobre cómo ocurrió la constitución de ese fondo fue coincidente con el que hizo, por aparte, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en entrevista con este medio. Tiempo atrás, cuando ella ingresó a trabajar la CGR, se apartó de conocer ese tema porque venía de laborar en el sector bancario privado.

Tanto Gómez como Aguilar dieron su respaldo a la necesidad que crear el fondo de garantía que hoy se discute en la Asamblea Legislativa, tanto para proteger a las personas usuarias del sistema bancario nacional, como para disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

“Si bien el fondo de garantías es importante para efectos del ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es más importante para efectos de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y se lo digo como exministra de Hacienda”, comentó Aguilar. (Ver la entrevista: “Esta es una extraordinaria manera de darle contenido a la garantía del Estado”).

El pasado 9 de diciembre, la Comisión Especial para el ingreso de Costa Rica a la OCDE dictaminó positivamente el proyecto de “Ley del Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria”, expediente No. 21.325, por el cual se dará contenido económico tanto a la garantía constitucional que existe para los depósitos que las personas hacen en la banca pública, cuanto para los que invierte en la banca privada, la semi-pública y en el sector cooperativo.

Sin embargo, los recursos, que serán aportados por las propias entidades, serán administrados de forma separada por el BCCR.

Ahora, este proyecto debe ser discutido por el Plenario de la Asamblea Legislativa.

Cronología

1984. Con fundamento en las disposiciones establecidas en los Convenios de Asistencia suscritos con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del Gobierno de los Estados Unidos de América, la Junta Directiva del BCCR emitió el “Reglamento para la utilización de los recursos de los convenios de asistencia AID 515-0185, 0186, 0192 y 0194 (Préstamos AID 515-K-037, 040 y 043)”, en el año 1984. A pesar de que no estaba considerado dentro de los objetivos de esos convenios, ni formaba parte de los condicionamientos de los mismos, el BCCR incorporó la constitución de dicho Fondo de Garantía mediante una reforma al citado Reglamento, en el año 1985.

2005. La Contraloría General de la República (CGR) emite el Informe No. DFOE-FEC-6/2005 y la resolución R-CO-73-2005 por los cuales establece que los recursos en cuestión son de naturaleza privada y no pública.

2010. En respuesta a una consulta de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República ratifica el criterio de la CGR por los cuales establece que los recursos en cuestión son de naturaleza privada y no pública.

2012. La División Legal de la Contraloría General de la República emite la opinión jurídica DJ-1020-2012, por la cual ratifica a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa que los recursos en cuestión son de naturaleza privada y no pública.

 

Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense:

“No fue ninguna donación”

Foto: (Tomada de página de ABC).

En los años 80 se depositó en el BCCR un dinero procedente de la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, que luego pasó a ser custodiado por la ABC. ¿Ese dinero se trató de una donación?

-Eso es incorrecto. En 1985, el AID abrió unas líneas de crédito para que fueran intermediadas por los bancos privados y los bancos estatales. Y los bancos privados podían accesar a esas líneas de crédito con la condición que, de la tasa de interés que ellos le cobraran al usuario final, el equivalente a cuatro puntos porcentuales lo separaran y lo entregara a la ABC para crear el fondo de garantía. En otras palabras, quienes crearon ese fondo de garantías fueron los bancos privados que existían en ese momento y que pagaron ese costo que se les requirió como una condición para poder accesar a esas líneas de crédito.

Así se formó el fondo de garantía. Lo que sucedió fue que el AID agarró un dinero, se lo prestó al BCCR con la condición de que este se lo prestara a los bancos privados y estatales, a los dos, porque en ese entonces, el BCCR también tenía un departamento que operaba como banca comercial de segundo piso. Y, eso sí, a los bancos privados se les puso como condición, que, si ellos querían accesar a esas líneas, ellos tenían que, el equivalente a cuatro puntos porcentuales del spread que ellos tenían a la hora de colocar esos créditos, tenían que cederlo a la ABC para crear ese fondo de garantías.

Ellos tenían que pagar ese spread aun si a ellos los beneficiarios finales no les pagaran. O sea que el costo y el aporte de eso fueron de los bancos privados que accesaron a esas líneas de crédito que existían en ese momento. No fue ninguna donación.

¿Ese fondo de garantía se encuentra en este momento en la ABC?

-Ese fondo se encuentra en la ABC, efectivamente.

 ¿A qué monto asciende?

-Yo no tengo el dato en este momento, como para darle el costo. Podemos averiguarlo y tal vez más adelante darle el dato. Pero en este momento no quisiera especular.

Fíjese que, en el pasado, este fondo se ha usado varias veces con muchísimo éxito. Se usó para pagar a los inversionistas de varios delos bancos que quebraron, como el Federado, ELCA, Bancoop, Viesa. En esos casos, hubo algunos inversionistas que superaban el monto de lo establecido en el reglamento del fondo, que, si no me equivoco, está en $5.000 en este momento. Presentaron juicios alegando que ese fondo no le pertenecía a la ABC y hay varias resoluciones tanto de los tribunales contenciosos superiores y civiles como de la Sala Constitucional que dicen que ese es un fondo privado, propiedad de la ABC y constituido con los aportes de los bancos privados que en ese momento constituían la ABC.

¿Usted considera, entonces, que ya existe un fondo de garantía de depósitos para la banca privada?

-No. Existe un fondo de garantías privado que es importante que exista, que ha dado algunos buenos resultados, pero que hoy en día es insuficiente y es importante que se cree el fondo o el seguro de depósitos institucionalizado.

La iniciativa que se está proponiendo en la Asamblea Legislativa, sobre todo aquella que concentra toda la banca en la creación de un fondo de seguro de depósitos es un gran beneficio para el país. Todos los sistemas del mundo prácticamente lo tienen y los sistemas modernos también. Es parte de la red de seguridad que tienen los sistemas.

Es más, yo creo que nosotros somos uno de los pocos países que no cuenta con un instrumento como ese. El fondo de garantías de la ABC fue importante en los inicios de la banca, cuando la banca no tenía el tamaño que tiene hoy y funcionó, pero este es un fondo que -yo no me atrevo a darle el monto exacto-, pero es un monto que debe andar por los 25 a 30 millones de dólares. Y hoy en día los depósitos de los bancos en montos que deberían ser los montos asegurables son mucho, mucho muy superiores a un monto como ese.

 

Exministra de Hacienda, Rocío Aguilar:

“Esta es una extraordinaria manera de darle contenido a la garantía del Estado”

(Foto: Katya Alvarado)

Los recursos del fondo de garantía que existe en custodia en la ABC, proveniente del dinero que la AID donó a Costa Rica ¿son fondos públicos o privados?

-Voy a usar mi memoria. En los 80 –y esa parte la conozco porque yo estaba en banca en esa época-, la AID hizo operaciones con Costa Rica para que se pudieran canalizar recursos precisamente con los bancos privados para financiar proyectos –porque las empresas estaban prácticamente quebrando, acuérdese que es la época del mercado común centroamericano, las empresas endeudadísimas en dólares, etcétera-, entonces se hicieron una serie de programas para financiar al sector privado con créditos en colones de largo plazo a una tasa de interés de mercado, pero, una tasa razonable.

Una parte de esa tasa de interés, no se la dejaban los bancos, sino que se utilizó para ir generando una especie de fondo de garantía. Entonces, en realidad la aportaba cada banco que hacía operaciones con sus clientes. Entonces, en lugar de dejarse el banco, por decirle, algo así como 5 puntos de margen, se dejaba 3. Esto último no lo recuerdo de memoria, así que es soloun ejemplo inventado. Pero eso quedaba en el fondo.

Es a partir del año 1982, con los préstamos AID 515-K 037, 040 y no recuero cuál otro y ese fondo fue administrado por el BCCR para una supuesta garantía. En algún momento la CGR -y lo recuerdo porque fue antes de que yo llegara a la CGR-, definió que esos fondos no eran públicos y que, como no era esa su naturaleza, no debían ser administrados por el BCCR.

Ante esta situación, los fondos pasaron a la ABC, quien es quien hoy lo administra.

En el pasado se han utilizado cuando los bancos han tenido problemas, pero como soluciones de carácter temporal. Hubo en algún momento legislativo interés de que esos fondos se utilizaran para una especie de seguro de depósito similar a esto, pero eso en nada determinó y no sé cuál haya sido el fin de la historia.

Pero, definitivamente, esos fondos nacieron de allí. Fue la CGR la que, en el año 1984 si mal no recuerdo, porque en 1985 define que el BCCR no tiene que administrarlo porque no son fondos públicos y allí se acaba parte de la historia.

Pero, entonces, esos recursos ¿todavía deberían de cumplir ese papel?

-Vamos a ver. Dado que no son fondos de carácter público o así por lo menos lo definió la CGR en su época, será la ABC la que lo tenga que definir.

Pero, ese dinero originalmente era una donación de la AID al Estado costarricense ¿verdad?

-No, ese dinero fue un préstamo a Costa Rica y estaba destinado para ayudar al sector productivo, así se usó, los bancos se pudieron haber dejado el margen completo, pero por la misma decisión del BCCR resolvieron que parte de ese margen, en lugar de que se lo dejaran los bancos o le cobraran menos al cliente, se generara ese fondo de garantía.

Pero, lamentablemente, creo que, allí, el hecho de haber sacado esos fondos del BCCR por orden de la CGR, al decir que no eran fondos públicos, sino privados, perdieron ese carácter.

Cuando yo llegué a la CGR estaba el recurso y yo me separé de conocerlo, porque yo había estado en la banca.

No sé si fue en época de don Luis Fernando Vargas o en la época en que estuvo don Alex Solís
al frente de la CGR.

Dado que hoy día esos fondos son –no sé si la palabra correcta es “propiedad” o que son administrados por la ABC-, pues a esta es a la que le corresponderá decidir qué se puede hacer con esos recursos.

Si bien el fondo de garantías es importante para efectos del ingreso a la OCDE, es más importante para efectos de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y se lo digo como exministra de Hacienda. Me parece que no podríamos dejar de aprovechar de aprobar ambas cosas, la resolución bancaria y el seguro de depósitos.

Es imperativo darle contenido económico a la garantía del Estado. Uno, para mantener el equilibrio entre los bancos públicos y privados, porque, si no, quedarían en preferencia los privados, al tener un fondo de garantía. Y, segundo, para reducir los riesgos fiscales.

La historia nos cuenta de dos accidentes que le han costado a las finanzas públicas: el Banco Anglo y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), que si bien no llegó a la quiebra, pudo haberle costado por lo menos .40 del PIB en momentos tan trágicos como el año 2018. Y, la segunda razón, para garantizarle a los pequeños ahorrantes hasta por 6 millones de colones que puedan realmente recuperar su capital.

Con la legislación actual, que es tan rígida, casi solo cubre la quiebra. Allí hay un proceso intermedio donde usted puede separar los activos buenos y buscar rápidamente cómo corregir el problema o mitigarlo y entonces para eso es que funciona ese seguro de depósito. Mientras ese proceso se va dando, le puede pagar a los pequeños ahorrantes hasta un límite de 6 millones de colones para que lo que quede ya sea básicamente mucho más fácil de resolverse y además ya sería asegurando al inversionista.

En la actualidad, ni los bancos públicos ni los bancos privados tienen un fondo que garantice a los inversionistas. En el caso de los estatales, el Estado y en el caso de los privados, nadie.

Entonces, con el fondo, no es que se elimina la garantía del Estado. Lo que se hace, en el caso de los bancos del Estado, es darle contenido económico a esa garantía. Porque, así como con el caso del Banco Anglo lo que hubo fue que endeudarse para cubrir la torta, en el caso del BCAC, en mis dos meses en la Sugef me tocó mandar la nota a la Asamblea diciendo que ya era inviable, y entonces allí lo que seguía era la quiebra, en cuyo caso Hacienda hubiera tenido que ir a cubrir todo o por dicha allí se logró la fusión [con el Banco de Costa Rica].

Pero, básicamente, es un asunto para garantizarle a todos los inversionistas, de cualquier naturaleza, y en el caso de los bancos estatales, para que esa garantía sea una garantía viable, que sea una garantía líquida.

Por ejemplo, hace muchos años, cuando ocurrió lo del Banco Anglo, el que honraba esa obligación rápidamente era el BCCR, emitiendo dinero. Después, con un cambio en la legislación, ya eso no fue posible y, entonces, a quien le corresponde es a Hacienda. Y si el Estado y las finanzas públicas están muy débiles, para los inversores en general, aunque exista la garantía del Estado, si no tiene contenido, no deja de ser un riesgo y a todos nos pone en problemas.

Y a mí me parece que esta es una extraordinaria manera de darle contenido a la garantía del Estado de los bancos estatales y además de reducir los riesgos fiscales que esa garantía sin contenido implica para la hacienda pública.

De haber existido este fondo ¿los inversionistas de Aldesa estarían más protegidos?

-Esto es solo para los bancos y cooperativas, no está diseñado para puestos de bolsa. Los bancos públicos, privados y las cooperativas.

No que en el caso de Aldesa esto hubiera sido posible, pero es lo que sucedería, haciendo una analogía con el caso de Aldesa, en el caso de los bancos privados. Recuerde que en el pasado ha habido también, en los bancos privados y cooperativas, situaciones en donde la gente tiene que esperarse no sé cuántos años a que se liquiden los activos y la gente termina perdiendo.

Ahora, no es que no existan riesgos para el inversionista, de lo que se trata es de proteger a los ahorrantes más pequeños.

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