El proceso para nombrar magistrados tendrá una serie de variaciones, con el fin de que estos puestos sean ocupados por las personas con los mejores atestados, y así disminuir las arbitrariedades y decisiones políticas.
Los diputados de la comisión de nombramientos aprobaron la noche de este lunes la nueva metodología que se aplicará de ahora en adelante para designar a los jueces de mayor rango.
El cambio se da en medio de la crisis del Poder Judicial, que desencadenó en la suspensión de los magistrados de la Sala III, el despido de uno de ellos y la jubilación del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla. A raíz de esta situación, la forma en que se han designado estos nombramientos se puso sobre la mesa de debate.
De hecho, grupos como el Foro Judicial sometieron a un examen profundo los procesos de elección para sustituir al exmagistrado José Manuel Arroyo (Sala III) y Gilbert Armijo (Sala IV). Como resultado de esta radiografía, se le comunicó a los diputados que no existía una metodología fija, no se argumentaba por qué un candidato era mejor que el resto y no existía un sistema de medición objetiva de atestados y de la entrevista.
Lea también: Opacidad y discrecionalidad marcan elección de magistrados
La nueva comisión, encabezada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) , Ana Lucía Delgado, acogió varias de las observaciones de este grupo.
Este sistema de elección se comenzará a aplicar en cuatro concursos, por ejemplo en la elección de un sustituto o sustituta para las plazas de Ernesto Jinesta (Sala IV), Celso Gamboa y Carlos Chinchilla (Sala IV), así como en la reelección o no de Julia Varela (Sala II).
Entre los principales cambios, los diputados no recibirán a quienes intenten hacer lobby o promocionar su candidatura, ya sea por vía telefónica, presencial o por correo electrónico, si se logra demostrar. Además, se incorpora un sistema de medición de atestados y entrevista profesional.
Estos son los nuevos criterios para elegir magistrados y magistradas:
Perfil
Una de las críticas comunes en los concursos para magistrados era que no existía un perfil diseñado para el puesto de mayor importancia en el Poder Judicial, aunque sí existen perfiles en el servicio civil para misceláneos, oficinistas y otros cargos con menores responsabilidades.
Entre las características requeridas destacan: una sólida formación jurídica, conocimientos de carácter gerencial o administrativos, formación de valores éticos y morales para su desempeño independiente, probidad en la función pública, así como un conocimiento profundo del Poder Judicial.
La comisión incluyó unas características adicionales para los jueces que aspiren a ser magistrados de la Sala IV: con gran dominio del derecho público en general y derecho administrativo en particular; garantes de la supremacía de las normas y principios constitucionales, así como defensores del Estado democrático y social de derecho, entre otras.
Publicidad
Los concursos deberán publicarse en dos diferentes periódicos de circulación nacional en fechas distintas y consecutivas. También se deberá comunicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa la metodología y los plazos establecidos para la entrega de documentos.
Además, la comisión abrirá un expediente digital, el cual tendrá la información de los postulantes que serán recibidos en audiencia.
Requisitos constitucionales
En este apartado no hay cambio alguno. Para ser magistrado se requiere, entre otras cosas, ser costarricense de nacimiento, del estado seglar, mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido durante al menos diez años, salvo que sean funcionarios con práctica judicial no menor de cinco años.
Además, cualquiera que esté ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con cualquier miembro de la Corte Suprema de Justicia, no podrá ser magistrado.
Documentación
Pese a que la anterior comisión solicitaba una larga lista de documentos, ahora se solicitarán hasta 23 distintas certificaciones, si el caso lo amerita. Por ejemplo, la comisión pedirá que quienes tengan causas abiertas de violencia doméstica en su contra lo aclaren, así como deudas de demandas por pensiones alimenticias.
Además de las copias de los títulos académicos, currículum, se pedirá que los postulados demuestren estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias, pago de impuestos y cargas sociales en sociedades a las que pertenecen.
Inclusive, para los abogados litigantes que quieran participar en el concurso, deberán presentar un listado de la clientela con la que ha mantenido una relación profesional durante los últimos dos años.
Además, los miembros o exmiembros de la judicatura deberán aportar un informe de “todas las sentencias que haya emitido en los últimos 5 años, con indicación de cuántas han sido apeladas y de éstas, cuántas han sido confirmadas y/o revocadas”.
Aquí puede ver la lista de los documentos requeridos.
Criterios de evaluación objetivos
Se establece una calificación para cada aspirante a magistrado, en donde un 60% de esa nota se obtiene al analizar los atestados académicos y profesionales, mientras que el restante 40% de la calificación se evalúa en la entrevista o audiencia con los diputados.
Evaluación de atestados (60%)
Los diputados diseñaron un esquema, basado en la propuesta del Foro de Justicia, para medir los atestados con reglas objetivas. De esta manera, los puntos se distribuirán de acuerdo a los siguientes rubros:
- Grados, títulos y estudios académicos (30 puntos).
- Capacitación en últimos cinco años (3 puntos)
- Publicaciones atinentes a la Sala que concursa (2 puntos)
- Experiencia profesional (65 puntos)
Aquí puede ver el sistema de puntaje con todos los rubros específicos.
Este sistema de medición difiere en algunos puntos con la propuesta original del Foro de Justicia. Este grupo sugirió una distribución del puntaje en donde las capacitaciones y las publicaciones tenían un valor de 15 puntos cada una, sin embargo, los diputados de la Comisión de Nombramientos decidieron darle mayor valor a la experiencia profesional, así como al grado académico. Aquí puede ver la propuesta original del Foro de Justicia.
Luego de analizados los atestados, solo serán recibidos a audiencias o entrevistas a quienes hayan superado una nota mínima de 75 puntos. Posteriormente, se publicará en el sitio web de la Asamblea Legislativa y en un medio de comunicación el nombre de los clasificados a la fase de entrevistas.
Antes de recibir a los aspirantes, habrá un periodo de cinco días para que los ciudadanos puedan presentar objeciones a la candidatura que consideran inapropiada. Las objeciones que sean declaradas “con fundamento” se tomarán en cuenta durante la entrevista y podrían considerarse como elementos de juicio para excluir a algún candidato.
Entrevista (40%)
La comisión no fija un cuestionario determinado o una línea temática para que los diputados cuestionen a los candidatos, sin embargo, describe algunas de las cuestiones a indagar: coherencia en la estructuración de ideas, expresión oral, independencia e imparcialidad, valores éticos, compromiso con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, motivaciones y vocación judicial, aspectos gerenciales, gestión judicial, habilidades blandas, entre otras.
Los diputados podrán calificar de la siguiente manera: sobresaliente (10 puntos), muy bueno (8), bueno (6), regular (4) y malo (2 puntos). La nota final será un promedio entre las calificaciones de los siete diputados.
Trámite final
Las calificaciones finales (que reúnen los atestados y la entrevista) se publicarán en el sitio web de la Asamblea Legislativa. Solo los diez mejores promedios generales serán considerados por los diputados para la elección de tres concursantes que serán recomendados al Plenario. Se realizarán tres votaciones para seleccionar a las personas que ocuparán los lugares en la terna final, que solo necesitarán de una mayoría simple de los votos emitidos.
Como último cambio, el documento con las sugerencias finales deberá contener una justificación de la comisión, por la cual se eligió a cada una de las personas. La votación final corresponderá al Plenario, es decir, a los 57 diputados, que pueden escoger a alguien de la terna o simplemente ignorar el criterio de la comisión y elegir a uno de los concursantes iniciales, como lo permite la ley.
