Las apelaciones interpuestas por los abogados del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, así como de Mario Barrenechea y los subgerentes del Banco de Costa Rica estarían analizándose este viernes, de acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial.
Actualmente, el juzgado se apresura para movilizar las agendas y hacer todo lo posible para que las audiencias se lleven a cabo entre viernes y martes de la próxima semana.
Los reclamos se dieron luego de que el Juzgado de Turno Extraordinario de San José les impusiera tres meses de prisión preventiva. Se investiga si se dieron actos irregulares en el otorgamiento de préstamos por $40 millones a Bolaños. Los delitos que aparentemente se cometieron son: peculado, tráfico de influencias, simulación de delito y denuncia calumniosa.
En el caso de Bolaños, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga, falta de arraigo laboral, y otros aspectos como la magnitud del daño causado a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que el peculado tiene una sanción máxima de 12 años de prisión.
Por su parte, en el caso de los funcionarios del BCR, la prisión preventiva se debe a un peligro de fuga, debido a que sus condiciones económicas facilitaría una salida del país, además del peligro de obstaculización, al ser funcionarios de alta jerarquía dentro del banco, lo que les permitiría ejercer influencia para que personal subalterno no colabore con las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso.
Hasta el momento, solo Mario Barrenechea, gerente del BCR, está instalado en el Centro de Atención Integral Adulto Mayor, en La Reforma, sin embargo, Bolaños y los cinco subgerentes bancarios aún permanecen en las celdas del Organismo de Investigación Judicial.
De acuerdo con Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, hasta el miércoles se definiría el traslado de los otros, probablemente a la cárcel de San Sebastián, a un módulo de “compromisos y oportunidades”, es decir, de bajo peligro.
Este es un módulo diseñado para privados de libertad con un perfil particular, que podrían estar en una situación de vulnerabilidad ante el resto de la población penal. La capacidad de este módulo es de 54 personas, pero podría extenderse hasta unas 64, según las exigencias del caso.
Generalmente, el módulo de “compromisos y oportunidades” reúne a personas imputadas por delitos de estafa, peculado, personas sujetas a procesos de extradición, figuras públicas o inclusive, funcionarios penitenciarios que en determinado momento llegan a prisión.
