La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó hoy una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la supuesta detención “arbitraria e ilegal” del secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y tres asesores del sindicato.
En la denuncia figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez, y el Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, Jorge Rojas González, a quienes se les acusa por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.
La denuncia argumenta que el fiscal cometió abuso de autoridad porque ordenó la detención sin una denuncia penal formal ni informe policial; “detiene para investigar y no investiga para detener”. Se señala que el alcalde de Talamanca incumplió sus deberes porque “en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP”. La denuncia también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias entre el alcalde y el fiscal.
Rodrigo Rosales Arce, director del bufete Rosales y Asociados, dijo hoy en la conferencia de prensa convocada por la ANEP, que lo objetivo y lo lógico hubiera sido que el Ministerio Público investigara y se llevara a unos y a otros. “Por qué se detiene solo a las personas que vienen de fuera de Talamanca? ¿Por qué el alcalde pide al fiscal que detenga a Albino? Eso es grave”, señaló.
Albino Vargas fue detenido el 3 de junio junto a Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador, asesores sindicales especialistas en organización de los colectivos laborales municipales.
El grupo se presentó en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, por los despidos de los funcionarios municipales afiliados a la ANEP Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, sin argumentos claros, según el sindicato.
Albino y los asesores fueron detenidos por “resistencia a la autoridad”, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública. El mismo lunes 3 de junio la ANEP interpuso un recurso de hábeas corpus, el cual fue acogido y los sindicalistas fueron liberados.
Denuncian inconsistencias en informe policial
Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, refirió en la conferencia de prensa que “las horas descritas en el informe policial no concuerdan. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencian una manipulación de los hechos”.
Anchía explicó que en la página frontal del informe dice que fue presentado en la Fiscalía de Bribri a las 16:02; pero en el informe policial se consigna que lo confeccionaron a las 16:30. “No podía entonces haber sido entregado a esa hora”, dijo.
También apuntó que se indica la hora de aprensión del grupo a las 12:46; pero en el informe que describe los hechos dice que la aprensión se da a las 11:44. “Es materialmente imposible que hubiesen estado aprendidos porque estaba dando declaraciones a un medio de comunicación (Repretel) y no le habían retirado su teléfono celular”, afirmó Anchía.
“De puño y letra el oficial de seguridad se establece que los compañeros ingresan a la municipalidad uno por uno. No refiere que lo hayan golpeado ni agredido. Pero en el informe se consigna que el oficial de seguridad les indicó que no podían ingresar y que conjuntamente lo agreden con golpes y empujones”, dijo Anchía.
“Don Albino, en su derecho legítimo de petición, consagrado en la Constitución Política se presenta a una institución pública. Ese derecho le es cercenado aunque él cumple con los protocolos. ¿Que el sindicalismo es un estorbo para grupos de poder? Probablemente sí. Pero no se puede permitir que el sindicalismo sea perseguido. Don Albino fue lesionado en sus derechos como ciudadano y como miembro de la ANEP”, comentó Rosales.
Por su parte, Rafael Mora Solano, asesor político de ANEP, opinó que lo que ocurrió es una total injusticia, una violación de derechos civiles, una violación al derecho del sindicalismo”.
