El presidente de la República, Carlos Alvarado, acuerpó este miércoles al presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, respecto al acuerdo al que llegó con los sindicatos para poner fin a la huelga.
El respaldo del mandatario se da pese a una serie de reclamos que manifestaron los empresarios como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) al presidente Alvarado por haber cedido a las peticiones de los sindicatos.
En la negociación del pasado lunes, las partes acordaron enviar a los tribunales para que sea mediante esa vía que se resuelva el conflicto sobre las regulaciones establecidas en la reforma fiscal por el pago de incentivos, anualidades y pluses.
El mandatario dijo este jueves que su gobierno cedió porque estaba juego la salud y la vida de los pacientes. “¿Qué pasa si el Gobierno no actúa? ¿y la gente? ¿y la vida de las personas?”.
“Yo gobierno para mayorías y no para minorías y es pensando en esas personas que adoptamos decisiones y lo hicimos en el contexto que tenemos y con las herramientas que tenemos a disposición”, señaló el mandatario a la prensa.
Alvarado añadió que la vía de declaratoria ilegal para la huelga es poco eficiente, pues el año anterior la declaratoria de la CCSS llegó meses después de que arrancó el movimiento “¿Qué le decimos nosotros a los costarricenses que están esperando un tratamiento de cáncer? o que tienen un adulto mayor en espera, es ese el derecho principal que yo como presidente estoy en responsabilidad de tutelar”.
Contra las cuerdas
El presidente sostuvo esta posición, incluso a pesar de que no fue respaldada por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pues la jerarca dijo este martes por la noche que no estaba de acuerdo con el alcance final de las discusiones para poner fin a la huelga.
“Yo he hablado con Rocío y Román la tarea de ellos es procurar el bienestar de la salud y en el caso de Rocío el de las finanzas. Mi tarea es propiciar el bienestar de las mayorías”, indicó el mandatario y añadió que si bien la ministra es la encargada de tutelar las finanzas públicas, en este caso la discusión iba más allá, pues había de por medio vidas.
Pero el acuerdo también despertó la inquietud y el enojo de los empresarios, quienes sostienen que el gobierno tiene que dar marcha atrás porque de lo contrario implicaría una pérdida de confianza para el sector.
“El acuerdo está generando una expectativa de alcanzar logros de parte de los sindicatos que no necesariamente han alcanzado. Han generado una expectativa negativa al sector privado y a los ciudadanos de que se le da todo a los sindicatos y eso no es correcto. Está generando una pérdida de confianza que compromete la reactivación económica del país”, indicó el presidente de la Uccaep, Gonzalo Delgado.
El empresario mencionó que el mensaje que arroja el gobierno con esta decisión es que se le otorgan ventajas a unos sectores pero a otros no. “Todos tenemos que cumplir la ley. Si a alguien en el sector privado no le parece tal aspecto de la ley, nadie le pone atención, ¿Por qué a los sindicatos sí? Nos parece que hay un abuso porque se les está dando una plataforma que no merecen”, indicó.
En esta misma línea reaccionó el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), Maurizio Musmanni, quien señaló que lo acordado representa “una bofeteada a todos los ciudadanos y empresas”a quienes sí le corresponde pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de renta, tal y como se les exigió en el plan fiscal.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) también le recriminaron al gobierno el acuerdo con los gremios del sector salud, aduciendo que principios como la institucionalidad, la credibilidad, la autoridad, imagen y confianza del país ante los organismos financieros internacionales y agencias calificadoras de riesgo, se tiraron por la borda.
Cadexco calificó el acuerdo como “una terrible concesión”, pues esto sienta las bases para que otras entidades públicas y autónomas exijan lo mismo. “¿Será que como sector productivo, generador de 1.9 millones de ocupados en el país, tendremos que lanzarnos a la calle; realizar bloqueos; afectar el bienestar colectivo y a nuestros trabajadores para lograr que se nos escuche, no para defender privilegios y gollerías, sino para que se nos deje producir y seguir llevando el sustento a la gran mayoría de familias de este país?”, externó Cadexco.