“Llegar la 14 de enero ya aparece un parto de gemelos, cada día se hace más largo”, dijo con una brisa de humor Álida Vicente, activista y autoridad indígena de la localidad de Palín, en Escuintla, Guatemala.
Vicente explicó la situación que atraviesa su país durante el conversatorio “Resistencia contra la corrupción: el caso de Guatemala”, organizado por el programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR. El 14 de enero se supone que se realizará el traspaso de poderes, en que asumirá la Presidencia Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien ganó las elecciones a doble ronda y contra todas las candidaturas de la oligarquía de ese país.
“Guatemala atraviesa una crisis política muy fuerte, es un golpe de Estado sin consolidar” afirmó con franqueza hacia el inicio de su intervención. Ella misma ha padecido acoso y persecución de diversas formas. Por ejemplo, durante las manifestaciones en redes se compartió su foto con información personal, incluso su dirección, responsabilizándola de los bloqueos.
Vicente explicó que el último proceso electoral fue diferente, “la política en Guatemala es una de las más rancias y clientelares, los partidos son vasos desechables y la oligarquía siempre decide quién es Presidente”.
Recordó que durante el recién concluido proceso fue eliminado el partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos, liderado por la también indígena Thelma Cabrera, así como otras dos agrupaciones.
La apuesta oficial, según detalló, fue por el abogado y actual congresista Manuel Conde (Vamos), “invirtieron miles de millones de quetzales, pero no lo lograron”. Conde se quedó con el tercer lugar en la primera vuelta, con un 10,37% de los votos.
Entonces para la segunda vuelta apoyaron a la ultra conservadora ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la esperanza (UNE). Esa segunda votación se saldó 60,9% de los votos para Arévalo y 39,1% para Torres.
Así, tras el triunfo de Arévalo “se da un hostigamiento primero a ellos como partido, luego a todo el mundo. Estamos ante una dictadura, una cooptación del poder”.
Tras insistir en que “redes criminales ostentan el poder”, relató como , por ejemplo cajas con papeletas fueron secuestradas y “se ha ordenado la captura de dirigentes tanto de la Universidad de San Carlos como del Movimiento Semilla”.
Así fue como “decidimos romper el silencio y denunciar, han sido 60 días de paro nacional”.
Relató entonces cómo el movimiento indígena a partir del 2 de octubre se posicionó 30 días en carreteras y puertos, “el país estuvo paralizado, luego se dio un diálogo que debilitó la fuerza colectiva”, con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
La posición de Vicente fue no participar en esa iniciativa, porque “no podemos dialogar con los opresores” y relató como en su país “se desató una cacería de brujas” contra fiscales y abogados que incluso participaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), disuelta por el evangélico expresidente Jimmy Morales en 2019. “Muchos están en el exilio, otros en la cárcel”, lamentó.
Entre otras cosas, observó la dificultad que aún dentro de los movimientos indígenas enfrentan los liderazgos de mujeres, “porque los espacios de liderazgo en la oposición son dominados por hombres”.
Por otra parte, consideró al gobierno de Alejandro Giammattei como “uno de los más corruptos de la época democrática a partir de 1985” y aseguró que “escuelas, hospitales, la educación están en completo abandono”.
“Estamos viviendo una dictadura: estudiantes, docentes, sindicalistas de la única universidad pública son criminalizados”, afirmó.
Vicente describió una realidad política de “zozobra, persecuciones, criminalización, hostigamiento, mensajes de odio, en particular por ser mujer”. Mencionó como ejemplo el caso de la estudiante Marcela Blanco, “que está en la cárcel por un tweet y en una cárcel de máxima seguridad. Le roban los sueños e ilusiones a la niñez y a la juventud”.
En el conversatorio participó un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC), quienes llegaron a Costa Rica precisamente ante la persecución y hostigamiento.
Ese grupo explicó cómo “se ha dado la cooptación de todas las instituciones, incluida la USAC, se ha roto la independencia de poderes”.
Relataron que el movimiento estudiantil formó parte del paro nacional que duró más de un mes y que para el 16 noviembre se organizaron manifestaciones en 36 ayuntamientos, pero la persecución nunca mermó, “muchos no han salido del país, pero están escondidos, se hacen allanamientos sin explicación formal buscan impedir que el nuevo gobierno electo tome posesión”.
Según explicaron, “el terror empieza desde los trolls, la criminalización desde las plataforma la persecución y el terror psicológicos se da en redes sociales, con Twitter se criminaliza, la persecución es diaria, la libertad de expresión es mínima, no tenemos ninguna institución a la cual acudir, el Estado ha sido cooptado por un sector privado y probablemente ligado al narcotráfico”.
“A Guatemala la gobierna lo que hemos llamado un pacto de corruptos. La resistencia se ha dado de parte de indígenas, de estudiantes, de sindicalistas, de pequeños y medianos empresarios, es un escenario de gran cambio político y cambio social para recuperar la institucionalidad”, concluyeron.
Sin embargo, plantearon que la de Arévalo “muy probablemente” será una administración “inestable, no lo van a dejar gobernar”.
