“Un proyecto revanchista producto de la huelga por el combo fiscal”. Así describe el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, a la iniciativa de ley que pretende delimitar cuáles son los servicios esenciales que no se pueden afectar durante una huelga.
Así lo dijo este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, a quienes señaló como promotores de una agenda “neoliberal y privatizadora”.
El proyecto cataloga como esencial los servicios de atención y prevención en salud; el suministro y comercialización de alimentos y medicamentos; la educación pública y la resolución de conflictos jurisdiccionales, así como otra decena de actividades.
La idea de delimitar cuáles servicios son esenciales y cuáles no marcaría la cancha con mayor claridad para que los jueces puedan resolver casos de legalidad o ilegalidad de huelgas, luego de un proceso que dejó amplios márgenes de interpretación del Código Procesal Laboral.
“Se quiere castrar cualquier ejercicio de la democracia de la calle (…) Es una ofensiva contra los sindicatos. Si se aprueba así como está para darle un golpe de Estado a las dirigencias sindicales, eso implicaría la salida de Costa Rica de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”, dijo Vargas, quien alegó que se está instaurando una “dictadura laboral rayando en la esclavitud”.
Los argumentos de ANEP
ANEP busca que, lejos de asignar categorías, se analice un contexto que tome en cuenta el “peligro inminente”.
“La OIT ha dicho que en un hospital pueden transcurrir huelgas pero que los servicios deben asegurarse en un nivel mínimo. Si tengo gripe, me van a decir, váyase para la casa, pero si tiene una de esas citas que toman como cinco años de espera, por mucha huelga que haya se tiene que atender”, explicó el abogado laboralista, Esteban Calvo, quien agregó que la huelga está diseñada para generar un daño, y que si se elimina esa componente y se le pide a la gente que se quede en el parque, en lugar de huelga sería algo más parecido a una feria dominical.
Calvo dio como ejemplo una huelga en Acueductos y Alcantarillados que se dio en la administración de Abel Pacheco. “Las partes acordaron un establecimiento de servicios mínimos. No hubo nadie que se haya quedado sin abastecimiento de agua y servicios de alcantarillado”
En la misma línea, Albino Vargas fue consultado por la diputada del bloque independiente Nueva República, Nidia Céspedes, si el servicio que ofrecen los comedores escolares lo considera esencial. El dirigente sindical se negó en tres ocasiones a responder ‘sí’ o ‘no’, tras argumentar que depende de las circunstancias.
Por su parte, la diputada liberacionista y proponente del proyecto, Yorleni León, negó que se esté buscando eliminar el derecho de huelga.
“Esto no es ninguna ofensiva contra los sindicatos, se busca defender a los costarricenses para que reciban servicios públicos de calidad. Este proyecto no pretende privatizar la huelga, lo que tenemos hoy no está escrito en piedra”, dijo la legisladora.
A criterio de Vargas, la Sala Constitucional encontrará vicios en el proyecto, de aprobarse con el texto actual.
La tarde de este martes la comisión recibió al presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante, quien afirmó que el proyecto irrespeta el derecho constitucional de huelga y que en el caso de la educación, no es un servicio esencial. “Que un niño no reciba educación podría hacerlo más ignorante, pero no necesariamente se va a morir”, dijo Cascante.
