41 diputados aprobaron un nuevo tracto de tres meses para que los patronos privados puedan reducir las jornadas, y salarios, de sus trabajadores. La norma llega una semana después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presentó datos sobre cómo 516.000 personas llegaron a diciembre del 2020 sin trabajo, un número que apenas representa una mejora leve con respecto al escenario del país en octubre.
La medida de la reducción de jornadas fue creada en marzo del 2020, bajo un trámite rápido, para que las empresas pudieran reducir sus pagos de planillas ante la desaceleración de sus ventas. Esta vez, la extensión de tres meses también se tramitó de forma rápida, dentro del plenario.
Más de 500.000 trabajadores llegaron a diciembre sin empleo
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto nacional de estadística y censos (INEC) cifró en 21,3% el desempleo en el trimestre de setiembre, octubre y noviembre, después de que alcanzó el récord de 24,4%.
La norma quedó en firme pese al voto negativo de solo cuatro diputados y los contraargumentos de tres de ellos: los oficialistas Paola Vega, Welmer Ramos y el frenteamplista José María Villalta.
Los diputados advierten que la Asamblea Legislativa está debilitando fundamentos del “pacto social” y vulneran los derechos laborales del sector privado.
Villalta se refirió a cómo el congreso carece de un plan que enfrente la crisis social del COVID-19 y que su gravar el Fondo de Capitalización Laboral y los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (medidas sugeridas de cara a una negociación con el Fondo Monetario Internacional) son cargas tributarias a la cesantía de los trabajadores. El diputado pidió que no se sigan gravando los ingresos del trabajo porque no son los únicos recursos gravables.
“No vemos un plan que aborde la problemática social del desempleo, la problemática social de la reducción dramática de ingresos de las familias trabajadoras. Más bien, esta Asamblea ha decidido abrir una nueva investigación sobre el uso de los recursos del bono Proteger. No hay, pareciera, una propuesta de los impactos adversos y daños colaterales de estas medidas. De la crisis social que estamos enfrentando”, reclamó el diputado del Frente Amplio.
El diputado Welmer Ramos se refirió a que el país enfrenta una “concentración de ingresos” que acentúa desigualdades y que es un tema que el congreso evade.
“Las clases medias y los más pobres están pagando los impuestos para sostener el Estado y no los grupos económicamente más fuertes. Perdimos toda la razón de ser de la socialdemocracia, de los socialcristianos y de la ciencia económica como una ciencia que tiene que ver con el bienestar de todos”, acusó Ramos.
Ambos diputados y la diputada Paola Vega acusaron que el plenario es selectivo con los temas que acelera su aprobación.
Vega dijo que se tomó la decisión del proyecto de jornadas de manera “relativa y antojadiza” porque no existen datos sobre cómo se comportó la medida en el 2020. Asimismo, denunció que se está afectando el salario mínimo de las personas trabajadoras.
“No solamente no se está aprobando responsablemente, ojalá no fueran así de laxos con el interés. Ahí sí, apenas reciben las llamadas de las personas que les van a financiar la campaña política frenan los proyectos de ley con dudas, mil estudios, y que hay que llamar a sectores. Ojalá funcionaran así para todo. Ninguna pandemia, ninguna crisis, ninguna emergencia de ningún tipo, local o global puede vulnerabilizar derechos esenciales”, acusó Vega.
A favor del proyecto, hablaron los diputados Jonathan Prendas (del bloque independiente Nueva República) y Shirley Díaz (subjefa de Unidad Social Cristiana)
Prendas afirmó que fue el Gobierno quien solicitó acelerar la aprobación de este expediente.
“Del oficialismo solo estaba el jefe de fracción del PAC (Enrique Sánchez, quien votó afirmativamente). Se pidió el proyecto como algo necesario para resolver los problemas de empleabilidad y el sostenimiento de las inversiones, en general”, afirmó Prendas.
Por su parte, Díaz aseguró que la Asamblea no ha aprobado medidas para reducir los costos del sector privado.
“No acepto que se trate de tildar el grupo de diputados que coherentemente damos una alternativa para que algunas empresas tengan un respiro y el recorte a su planilla sea tan grande, con una actitud de violentar el Estado de derecho y de violentar los derechos de los trabajadores”, dijo la socialcristiana.
