La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, emitió un criterio negativo contra la Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables (22.009), un expediente que estudia la Comisión de Agropecuarios y que determina pautas para la generación distribuida de autoconsumo —un modelo en quien genera la energía es también quien la consume, por medio de “un sistema de generación distribuida con fuentes de energía renovable”.
Cañas participó de una audiencia en la que afirmó que el ICE considera que “prácticamente hay que arrancar de cero y definir muy bien, desde el inicio, los alcances, objetivos y qué buscamos con el proyecto”.
La presidenta rechazó que este proyecto se trate de estimular el uso de fuentes renovables porque el 99,5% de la energía de Costa Rica proviene de esas fuentes (en comparación, presentó datos de Alemania, Reino Unido, Chile y España, países en los que los que más de la mitad de la energía eléctrica proviene de energía térmica y nuclear).
“Se traduce en más problemas en el sistema eléctrico nacional al haber más instalación, se traduce en tarifas más altas y un aumento de la desigualdad. Yo resumiría esos tres aspectos que son los más importantes”, dijo Cañas sobre el proyecto de ley 22.009, en respuesta a la diputada oficialista Paola Vega.
Este proyecto de ley entró en julio a la Asamblea Legislativa, presentado por los legisladores Paola Valladares (Liberación Nacional) y Erwen Masís (Unidad Social Cristiana), ambos miembros de la Comisión de Agropecuarios.
En su presentación inicial, Cañas advirtió que “se está proponiendo un crecimiento desmedido” de la generación distribuida y que el proyecto tiene “ambigüedades” sobre los conceptos que usa.
Entre otros comentarios, la presidenta del ICE dijo que el proyecto deja “sin trámites de Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), municipales, sin nada, a proyectos que van a tener impactos en el medio ambiente y en donde se desarrollen este tipo de plantas”.
“En materia de tarifas, el proyecto es muy ligero, le da a Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) las competencias y no le ponen plazo”, dijo también.
El proyecto de ley propone una década de exoneración de “pago de impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación a todos aquellos equipos, materiales, repuestos, partes destinadas o relacionadas con la inversión en la generación distribuida con fuentes renovables”.
“La coyuntura del país no está para que le sigamos apostando a las exoneraciones y este tipo de incentivos”, afirmó Cañas sobre ese artículo.
Por otro lado, la presidenta del ICE dijo que hay que resolver el tema de reconocerle a la institución “servicios auxiliares” porque dan esos servicios “sin ser reconocidos tarifariamente ni de forma transparente”.
“Cuando no hay sol, viento o agua, las plantas tienen que estar listas para entrar en operación y que el país no tenga desabastecimiento de electricidad”, explicó sobre esos servicios auxiliares.
Propulsores defienden su proyecto
El diputado Erwen Masís discutió con Cañas que este proyecto es un tema de costos porque “es mucho más barato producir fotovoltaico en autoconsumo que hidroeléctrico en una mega planta”. Masís insistió en que el proyecto dice que es de autoconsumo y que no permite “una mega planta en generación distribuida porque hay un puente inmenso que se llama autoconsumo”.
El proyecto no menciona específicamente las fuentes renovables que usarán los “abonados-productores”. Sin embargo, Cañas mencionó que ya existen “industrias que tienen su planta hidroeléctrica de autoconsumo”.
La legisladora Paola Valladares dijo que se pidió consulta al ICE y al Centro Nacional Control de Energía (CENCE). El director del CENCE, Salvador López, afirmó que asistió a una reunión y Cañas respaldó que las observaciones de López “no fueron tomadas en cuenta” en el texto vigente.
“Hicimos muchísimos intentos de poder tener una reunión con su persona, fue realmente muy difícil”, aseguró Cañas a Valladares.
Otros criterios en contra
En otras sesiones de la Comisión de Agropecuarios, los diputados recibieron peticiones para que se cambie el articulado del proyecto.
Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Víctor Solís, gerente general
“Con el esquema tarifario actual le tengo que decir que sí: si hay una cantidad importante de gente que se dedica a autoconsumo todos los gastos de infraestructura de la red tiene que ser cubierto por los demás”.
Contraloría General de la República
Marta Acosta, Contralora
“La Contraloría, cuando apuntó los riesgos del proyecto, insiste en que es importante que se diferencien las tarifas, tanto por estaciones, como por hora pico, por valles; teniendo en cuenta, por supuesto, la identificación de los costos fijos y de los costos variables. Por eso hemos venido insistiendo y mencionando, que tenemos reservas hacia el proyecto, por este tema en particular”.
Cámara de Empresas Distribuidora de Energía y Telecomunicaciones
Allan Benavides, Presidente
“Este proyecto podría disminuir las ventas, los ingresos de las empresas distribuidoras, con la consecuencia de que los costos fijos tendrán que seguirse manteniendo, porque las redes están y deben atenderse y por lo tanto, las tarifas van a subir y van afectar a la gente que está conectada esta Red esto es un riesgo serio y que va a aumentar las tarifas”.
