El notario Marco Castillo Rojas, quien fue suspendido durante 13 años por casar a dos mujeres debido a que una de ellas aparecía inscrita como hombre, reprochó la “clara ideología discriminatoria” del juez que dictó la sanción.
Ese fue uno de los argumentos del abogado en la apelación que presentó este miércoles ante el Juzgado Notarial de San José.
Castillo aseguró que el juez Francis Porras León mostró su “prejuicio” al hacer referencia en el fallo a datos que no tenían relación, como la identidad sexual del notario.
En la sentencia del juez Porras, del 27 de enero de este año, se lee: “(…) no se juzga acá las acciones y omisiones del notario en su calidad de persona perteneciente a la diversidad ni por su condición de activista LGTBIQ, que él mismo reconoce. Quedan a salvo los conceptos jurídicos de moral social, o moral pública art 28 CP. Acá se juzgan sus acciones y omisiones como notario público”.
Castillo alegó en su apelación que esa mención resultaba “innecesaria” para dilucidar si existía una falla notarial.
“Acto seguido el Juzgador pretende aclarar que respeta a la identidad de las personas, aclaración que solamente su conciencia podrá saber por qué tenía cabida en un fallo sancionatorio sobre una presunta falta notarial”, señaló el abogado de 76 años de edad, con una amplia trayectoria como activista por los derechos humanos de las personas sexualmente diversas.
“Sin embargo, al referirse al derecho humano que tiene el suscrito, para con más de 65 años vivir y reconocerme como un hombre gay, se refiere a mi identidad como preferencia, con un absoluto irrespeto. Se prefiere un deporte frente a otro, o un tipo de comida, la orientación sexual no se prefiere, es, nada más es, y dicho análisis o mención no tiene lugar en un proceso disciplinario”, añadió en sus argumentos.
Castillo adujo que la “ideología discriminatoria” del juzgador no solo se observa en las expresiones empleadas en el fallo, sino además en su “activismo en redes sociales”.
El juez Porras publica en su Facebook imágenes de rechazo a la norma para el aborto terapéutico o el uso de la pastilla del día después. También ha presentado acciones ante la Sala Constitucional contra esos temas.
El notario Castillo además arguyó que la sentencia de Porras es disconforme con el marco jurídico actual cuando indica que el matrimonio es la “unión de dos seres humanos de diferente sexo”, pues ese derecho ya ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional.
Castillo afirmó que Porras se equivocó al justificar su fallo en que, en agosto del 2018, la Sala Constitucional otorgó 18 meses para que la Asamblea Legislativa regulara lo relacionado al matrimonio igualitario.
El argumento del juez Porras es que en ese plazo se mantiene la legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, según indicó en su sentencia y reiteró en entrevista con UNIVERSIDAD.
No obstante, Castillo argumentó que ese periodo se otorgó para que se solucionen “de forma integral” las deficiencias de la normativa actual en lo relacionado con parejas del mismo sexo, pero que ya “el derecho matrimonio civil (para parejas homosexuales) ha sido reconocido nuestra jurisprudencia constitucional”, la cual jurídicamente está por encima de las leyes.
En la resolución del 2018, la Sala Constitucional indicó que, si vencido el plazo la Asamblea Legislativa no había reformado las normas relacionadas con este derecho, el matrimonio igualitario entraría en vigencia automáticamente.
Según el notario, no se le puede sancionar por una conducta que en este momento es legítima. De hecho, el año pasado el Juzgado Penal de San José, a solicitud de la Fiscalía, dictó un sobreseimiento definitivo a favor del notario, a quien también se le había denunciado penalmente por los delitos de matrimonio ilegal y falsedad ideológica.
Castillo además adujo incompetencia del juez notarial para anular la escritura en la cual se realizó el matrimonio Laura Florez Estrada y Jazmín Elizondo Arias o para pedir un informe sobre la actuación de los funcionarios del Registro Civil.
También sostuvo que, al realizar esa unión, él empleó la documentación oficial del Registro Civil en la cual Elizondo aparecía inscrita con el sexo masculino.
En la resolución notarial el juez Porras calificó de “falacia” que exista un derecho al matrimonio igualitario y de “anticientífica” la opinión consultiva de la Corte IDH que permitió otorgar este derecho en Costa Rica. En entrevista con este medio, él sostuvo esas posiciones.
Movimiento
La polémica resolución del juez Porras generó la reacción de grupos promotores de los derechos humanos quienes apoyaron al notario Marco Castillo.
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos Costa Rica (OIDH-CR), la cual él preside, criticó la forma de actuar del juez.
Daniela Solano, vicepresidenta de OIDH-CR, cuestionó que a pesar de los logros alcanzados en jurisprudencia constitucional, en su criterio existe una parte del Estado que no respeta esos derechos. “Este señor (el juez Porras) es un claro ejemplo de eso”, expresó.
“La sanción que se le impuso a Marco es demasiado desproporcional. Lo más lamentable es la persecución hacia él y hacia otros notarios (que han realizado matrimonios de personas del mismo sexo, los cuales están pendientes de inscripción)”, añadió Solano.
La activista hizo un llamado para que las organizaciones de Derechos Humanos se unan en combatir las actitudes discriminatorias que persisten.
