Diálogos sobre el Bienestar


Uso de drogas en Costa Rica: un problema de estigma, más que de salud

Resulta imprescindible que no se sancione penalmente el consumo de drogas, ya que la evidencia muestra que la intervención policial y judicial en relación con el consumo, más bien aleja a las personas usuarias de los servicios e instituciones públicas.

El objetivo principal de las políticas de control de drogas es proteger la salud pública y el bienestar de la humanidad. Esto significa que el Estado, junto con la sociedad organizada y la academia, deben brindar un acceso universal a servicios de atención en salud, así como otros servicios sociales, educativos, laborales, económicos y culturales que puedan mejorar la condición de vida de las personas que usan drogas.

Para esto, resulta imprescindible que no se sancione penalmente el consumo de drogas, ya que la evidencia muestra que la intervención policial y judicial en relación con el consumo, más bien aleja a las personas usuarias de los servicios e instituciones públicas.

A esto se le conoce como despenalización del consumo, donde los Estados a nivel legal deciden que ninguna persona debe ser detenida, enjuiciada y encarcelada por el uso o tenencia de drogas para consumo personal.

Costa Rica es un país cuya legislación de control de drogas tiene un claro enfoque sanitario, donde el consumo y tenencia de drogas para uso personal está totalmente despenalizado. A pesar de esto, las personas que usan drogas siguen siendo estigmatizadas y discriminadas, en base a una serie de prejuicios y moralismos infundados sobre las sustancias y sus posibles daños a la salud.

Esto se conoce como criminalización del consumo, y aún está presente en muchas políticas y prácticas institucionales que generan barreras de acceso a los servicios y castigan directamente el uso de drogas; en contraposición a lo que dice la misma legislación.

Uso de varias sustancias psicoactivas en los últimos 30 días.

Personas en hogares de 12 a 65 años. Costa Rica 1990, 1995, 2000, 2006, 2010, 2015

(valores porcentuales)

                        Fuente: Elaboración propia a partir de IAFA Datos Abiertos

La alarma social sobre el consumo de drogas es parte de este enfoque estigmatizante, se basa en mitos y prejuicios morales, más no en evidencia científica. Las encuestas que realiza el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) muestran que en los últimos 10 años el uso de cannabis en el último mes aumentó en un 3% y el tabaco bajó en un 5%, pero el resto de sustancias como la cocaína o el alcohol se mantuvo relativamente estable.

El alcohol sigue siendo la droga de mayor consumo en el país, cuyo uso tuvo su punto histórico más alto en 2015, sumando el doble que el resto de las otras sustancias juntas. Estos datos epidemiológicos muestran que la alarma social sobre el consumo de drogas llamadas ilícitas es injustificada, pero también que las acciones estatales realizadas hasta la fecha (con excepción al tabaco) no parecen haber tenido un mayor impacto en el consumo.

El impacto que tiene el estigma por su parte es mucho mayor, ya que se mantiene una desigualdad al estructurar por medio de estereotipos y etiquetas que permiten la discriminación y hasta violación de derechos, a las personas que usan drogas. La generalización de que toda persona usuaria es “adicta” o “delincuente” es un ejemplo de esto, cuando la evidencia muestra que la gran mayoría de las personas usuarias no tiene problemas relacionados con el consumo y nunca ha cometido un delito. Este tipo de prácticas estigmatizantes más bien las aleja de los servicios de apoyo y atención, por temor a ser rechazadas, humilladas o incluso detenidas o arrestadas.

Un ejemplo local se encuentra en el Reglamento de Evaluación de Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública (MEP), que sanciona con suspensión de hasta 30 días sin asistir a clases, la posesión o uso de drogas en el centro educativo. Es claro que nadie debería ingresar ni utilizar drogas en este entendido (incluidos docentes o administrativos), pero la evidencia muestra que la formación es un factor protector, alejar a un estudiante de la institución aumenta los riesgos y violenta su derecho a la educación. Reglamentos de algunas universidades públicas incluyen sanciones similares, con medidas de suspensión de matrícula por hasta 6 años.

Algunos colegios realizan intervenciones policiales con unidades caninas en las aulas y pasillos, así como revisiones de mochilas para buscar drogas. Algunos centros privados incluso realizan pruebas toxicológicas (dopaje) a sus estudiantes, con el fin de sancionarles o solicitar a sus padres el traslado a otra institución educativa. Esta última situación también existe en empresas privadas, donde injustificadamente se obliga a las personas que buscan empleo o que ya están trabajando a realizar pruebas de detección de drogas en orina, como elemento para negar una contratación o justificar su despido.

En relación con el derecho a la salud, el Estado costarricense no ha logrado brindar un acceso universal a servicios de atención para el consumo de drogas. Esto debido a que históricamente se ha delegado toda la responsabilidad en la prevención y tratamiento al IAFA con sus 14 Centros de Atención Integral en Drogas (CAIDs), así como a un grupo pequeño de Organizaciones No Gubernamentales de tratamiento residencial.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) apenas en el 2016 inició con los Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental (EISAM), pero que aún no han logrado brindar cobertura para todo el país. Se pueden mencionar algunas situaciones como malos tratos en centros de tratamiento residencial a personas menores de edad, o la negación de medicamentos antirretrovirales a personas con VIH que usan drogas; situaciones que contradicen la misma legislación nacional y el “Modelo Nacional de Reducción de Daños” aprobado por el IAFA y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a inicios del 2017. 

Sin lugar a duda, el trato que reciben las personas que usan drogas por parte de las autoridades de seguridad y justicia deja mucho que desear. A pesar de que el consumo de drogas no es un considerado un delito, tampoco es permitido en la vía pública; por lo que la Policía puede (aunque no debería) detener, requisar y decomisar las drogas a las personas usuarias, o que parecen serlo.

La legislación nacional no cuenta con una regulación sobre la tenencia de drogas para consumo personal, que podría evitar que constantemente se les esté limitando el derecho al libre tránsito a las personas que usan drogas. El Ministerio de Seguridad Publica podría contar con protocolos o manuales para el abordaje del consumo de drogas en la vía pública, para prevenir malos tratos o abuso policial.

Los ejemplos presentados hacen que quede claro el efecto negativo y contraproducente que tiene la actual política de criminalización del consumo. Existen pocas voces que denuncian y buscan cambiar esta realidad, ya que el movimiento social de reforma de políticas de drogas es incipiente, y está centrado principalmente en el cannabis.

Una de las pocas organizaciones con un enfoque más amplio es la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), que desde hace varios años viene produciendo evidencia para fomentar un debate racional y fundamentado sobre las políticas de drogas y cómo introducir el enfoque de derechos humanos en las mismas.

Debemos empezar por aceptar que las políticas de control de drogas no han logrado sus objetivos y que en algunos casos han producido más daños que beneficios. Un primer paso para cambiar esta realidad es incorporar el enfoque de Reducción de Daños en las prácticas institucionales, adaptando los servicios a las personas y a sus contextos de vida.

El objetivo principal debe ser garantizar los derechos humanos, incluyendo el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica eliminar todo comportamiento discriminatorio hacia las personas que usan drogas, e impulsar la descriminalización del consumo de drogas y la tenencia para consumo personal.  

Si se desea garantizar el derecho a la salud, a la educación, al libre tránsito y al trabajo, pero también pretendemos luchar contra el narcotráfico y la violencia criminal o estatal, tenemos que empezar a pensar y conversar sobre modelos de regulación o legalización de las drogas. El primer paso es con el cannabis y luego cada sustancia en particular, priorizando los enfoques de salud pública, seguridad humana y equidad social, muy por encima de los intereses económicos de las empresas; como se ha venido avanzado con el tabaco.

Finalmente es imprescindible integrar activamente a las personas que usan drogas en esta discusión y en la puesta en marcha de una nueva política pública de control de drogas que no les estigmatice ni discrimine, y que realmente mejore su salud y bienestar.

0 comments