“ … Kirerma pà, kapöli wákpà tö sulùë seʾ suê,
kë iepa kĩ seʾ kianê, kë iepa ujtö seʾ tã …”
Traducción
“ … Los médicos no indígenas, nos ven de mala manera,
no nos quieren, ni nos hablan…”
María Delgado Rojas
Adulta mayor indígena bribri
88 años
El enfoque del derecho a la salud de las poblaciones indígenas en Costa Rica nos obliga plantear dos ópticas muy distintas, dos perspectivas de contraste. Primero, toda la retórica pública en materia de jurisprudencia que descansa sobre la legislación nacional e internacional, y que englobaremos en el “dicho”. Segundo, la realidad práctica vivida por los habitantes milenarios, que se enmarcan en el “hecho”.
Ante estas consideraciones, en teoría toda persona indígena tiene derecho a la salud, lo que implica gozar de un cierto nivel de atención sanitaria, acorde con la visión del mundo, la identidad y la cultura propia de los pobladores originarios, en cuanto al proceso salud-enfermedad. Es decir, el Estado costarricense tiene la obligación de garantizar un nivel de salud pública óptima a la comunidad en general, prestando especial atención a las particularidades de las sociedades indígenas.
El derecho a la salud, está estrechamente interconectado con otros, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, la no discriminación en ninguna de sus formas, a la privacidad, a la información, por lo que el abordaje siempre será de carácter integral; mientras esto no ocurra siempre habrá desigualdad.
En el tránsito de lo establecido teóricamente, o sea, “lo dicho” a la aplicación práctica, nos enfrenta a serias dificultades en la implementación, antes de caer en lo “hecho”. Lo que augura desafíos monumentales para el futuro cercano, en cuanto a la toma de decisiones, ejecución de proyectos y la participación plena de los beneficios.
Se hace necesario y urgente, superar serias dificultades, por parte del Estado;el principal escaño es la ausencia de voluntad política para afrontar los compromisos y obligaciones adquiridos a través de la ratificación de los convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además de la falta de recursos humanos, financieros y técnicos para aplicar un Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas de manera plena e integral.
Desde el Centro Clínico y de Diagnóstico Seʾ Yàmĩ, hemos tratado de profundizar en un modelo de atención médica basado en la armonía cultural, que la cosmovisión del proceso salud – enfermedad, sea reconocido, protegido y fortalecido según nuestra cultura (derecho consuetudinario). Y que el modelo de salud aplicado no sea de polo opuesto con la política nacional de salud, sino que interactúen, se fortalezcan en paralelo, de manera complementaria, con el fin de brindar una participación más plena en la atención médica y accesible para nuestros pacientes indígenas.
Mientras el “dicho” exige de disponibilidad, donde el Estado debe asegurar la provisión de una infraestructura suficiente y válida, instalaciones de agua y saneamiento seguras, personal capacitado, y medicamentos esenciales.
En los últimos 30 años, el “hecho” nos dice que la infraestructura en salud, no cumple con los estándares de calidad exigidos por una sociedad en auge y demográficamente en crecimiento; los servicios de agua no cumplen con la potabilidad necesaria; el acceso a medicamentos de primera línea son escasos o nulos; y que no se cuenta con el recurso humano capacitado para aportar a la política nacional en salud, con propuestas claves para el desarrollo, pues son temas a los cuales el gobierno nacional no ha prestado el interés requerido.
El reto es exigir al Estado que cumpla, con sus obligaciones, pues los indígenas tenemos el derecho a una atención médica de calidad, en armonía con nuestra identidad, a recibir y difundir información sobre la salud, en un sano equilibrio con la confidencialidad de la información médica.
Las enfermedades crónicas y las potencialmente prevenibles han tenido un impacto mayor, en parte producto de la influencia de la globalización y por políticas de salud deficientes e ineficaces en planificación, que vienen a aumentar los índices de mortalidad principalmente en las poblaciones indígenas.
Finalmente, en cuanto a la calidad de la salud pública, un sistema seriamente en decadencia, alejado de la esencia en cuanto a sensibilidad humana (léase las expresiones iniciales del sentir de una adulta mayor indígena), que viene a socavar el derecho de cada individuo a una atención médica de calidad.
Los deficientes centros de salud en los territorios indígenas no cumplen con el nivel de rigurosidad científica y médicamente apropiadas para brindar una atención particularizada. Pues no se cuenta con suficiente recurso humano indígena, con enfoques de atención integral, y mucho menos con recursos materiales, lo que potencia el riesgo de vulnerabilidad de los habitantes de los pueblos originarios.
Es así, como se cumple con la frase popular, que plantea: “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, basado en la evidencia.
