Térraba es una comunidad ubicada en el cantón de Buenos Aires en la provincia de Puntarenas, a unos 200 km al sur este de San José. El origen de su población es indígena, concretamente de la etnia Teribe. Actualmente, debido a los procesos de expansión agrícola, las y los campesinos mestizos ocupan la mayor parte del territorio formalmente demarcado para personas indìgenas. De acuerdo con el censo del 2011, habitan 2084 personas en la zona de Térraba. En cuanto a adscripción étnica, 1.193 son indígenas, teribe o Bröran, 817 personas se identifican como no indígenas; se le suman 74 personas bajo el grupo «sin pueblo» (INEC, 2011. 34).
La desventaja indígena se manifiesta principalmente en los datos sobre tenencia de la tierra. El territorio Térraba legalmente pertenece a la modalidad de reserva indígena desde mayo de 1976 y se compone de 9.355 hectáreas; empero solo un 12% es ocupado por sus legítimos dueños, los indígenas térrabas. (Cole, 2009. 12-17).
La pérdida de sus territorios y la ocurrencia de reiteradas epidemias que diezmaron su población han sido algunas de las causas de un marcado deterioro de tradiciones. Al ser sociedades que han transmitido sus conocimientos, tradiciones y creencias en su lengua y a partir de la historia oral, con el deterioro del idioma original, muchos de los rasgos culturales se dejaron de pasar.
El pueblo indígena de Térraba, y en general los pueblos indígenas de Costa Rica y América Latina, han aprendido a luchar por su espacio sin Estado, y no contra el Estado. Esto supone colocarnos en otras coordenadas, inéditas e impensables hasta poco tiempo. Dicha forma de lucha es relacionada con la defensa y afirmación de las diferencias para sujetos que han hecho de sus territorios espacios en los que se reproducen sus vidas con sus tradiciones y su propia cotidianidad; los dominados sólo pueden sobrevivir como diferentes (y en la diferencia).
Guevara decía sobre la lucha ambientalista indígena; “En lo particular, soy de la opinión que el discurso sobre la defensa del medio ambiente, en las reivindicaciones indígenas, no es exactamente ambientalista, sino que tiene que ver con la defensa del territorio y de la cultura, quiero decir que no es una defensa por la defensa, sino porque la naturaleza es sustento de un modo de vida” (Guevara, 2000: 35). Este concepto refleja la forma indirecta que tienen las poblaciones indígenas de mantener ecosistemas complejos sólo a través del uso tradicional de la tierra.
Desde el año 2015, un grupo de familias Brorän recuperaron la Finca San Andrés, de 400 hectáreas ubicada entre el Río Térraba y la Interamericana Sur. Esta finca es parte del territorio que legalmente fue asignado a la población Térraba en mayo de 1976, pero estuvo durante varios años en manos de no indígenas.
Para entender esta recuperación, se necesita un análisis del paisaje de estudio y su modificación histórica, el cual nos puede servir para comprender la situación. Por un lado, está la montaña, antes cubierta de bosque, convertida en un potrero ganadero como resultado de una venta de terreno que se dio de manera irregular dentro del territorio.
Por otro lado, la Finca Volcancito, un lugar que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) entregó a no indígenas en algún momento, y sin el consentimiento del resto de personas que habitan el territorio. En el centro la Finca San Andrés, una recuperación empeñada en negar la historia de despojo escrita desde las instituciones que el Estado designó como representantes legítimos de los pueblos indígenas.
Toda esta confusión sobre la propiedad nació en 1973, cuando se creó la Ley 5.251, al tiempo que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) como el ente central que a nivel nacional coordina la distribución de recursos y la administración de las ADI, que funcionan como un gobierno local dentro del territorio de los pueblos originarios, para representar los intereses de sus asociados.
En este tema, el Estado costarricense no ha cumplido con la ley indígena pues no hace efectivo el traslado de las tierras a los indígenas y por otro lado, la comunidad indígena Térraba en lucha, cuestiona la representatividad de la Asociación de Desarrollo Integral que continúa entregando tierras sólo a sus asociados no indígenas.
La demanda principal de estos pueblos es construir y legitimar su propia autoridad política a través de un nuevo organismo que es el Consejo de los Mayores, que desde el 2010 ha venido consolidando su autoridad tanto para regular la vida política interna de la comunidad, como para asumir sobre sus hombros las reivindicaciones generales de Térraba. Es un organismo compuesto de manera voluntaria por toda persona mayor de 65 años de la comunidad. Funciona mediante asambleas, generalmente cada 15 días, donde diversos sectores y organizaciones de la comunidad se presentan y hacen sus propuestas.
Ante este panorama de violencia histórica, ilustrado en esta experiencia y otras como la represión y falta de reconocimiento estatal de la lucha por la aprobación del proyecto de ley de Autonomía Indígena en 2012, es que estos pueblos han decidido hacer de la autonomía una alternativa que permita la práctica de su forma de vida en los territorios, cuestionando las “soluciones” parciales que el Estado les ofrece.
Según Bartra, “El actual movimiento indígena es la más definida señal de que la colonidad del poder está en la más grave de sus crisis desde su constitución hace 500 años aprendiendo que deben encontrar manera no solo de no vivir del Estado, sino de vivir contra el Estado” (Bartra, 2010: 37). Hoy, a la luz de los levantamientos indígenas en todo el continente americano, es claro que no habrá verdadero cambio en América sin eliminar lo mucho que resta del colonialismo interno pues los blancos y los ladinos han logrado mantener el control local del poder en cada una de sus dimensiones básicas.
La legitimidad de la tierra asegura el pleno disfrute de un modus vivendi cuya continuidad y evolución autónoma ha estado durante mucho tiempo bajo amenaza. La comunidad indígena de Térraba o por lo menos, los que adherirá a la ocupación de fincas en San Andrés podrán ahora desenvolver sus visiones territoriales para actualizar los modelos productivos propios, para convertirse en un espacio de creación político-cultural, donde se puede practicar modelos de vida diferentes, introduciendo conceptos como autonomía y autogobierno. Esta comunidad está produciendo una revolución teórica y política, que nos muestra una nueva forma de distribución del poder.
