El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está muy molesto, intranquilo, desesperado. Tiene en su mano la Asamblea Nacional, a los jueces, los fiscales y otras instituciones del estado de su país, pero no tiene la razón.
Su propuesta política y de gobierno no soporta críticas, ni revisión, ni cuestionamientos.
Entonces ha mandado, cual Procusto, que se acomoden las leyes para poder contener a quienes lo critiquen. El delito es el disenso.
Así, ante la proximidad de unas elecciones donde pretende reelegirse para completar dos décadas consecutivas en el poder, ha emprendido una campaña de eliminación de opositores.
En 2006 ganó con 38% de los votos válidos, 2011 con 62% de los emitidos, en 2016 con 72% de los emitidos. Pese a ese evidente incremento en la preferencia de los votantes, en abril de 2018 el gobierno debió enfrentar fuertes protestas y bloqueos, donde se le acusaba de abusar del poder.
Luego de protestas y disturbios en las calles que dejaron un saldo de centenares de muertos y heridos y otros tantos encarcelados, en julio de 2018 la Asamblea Nacional aprobó una ley antiterrorismo. En el marco de esa legislación, que además apuntaba a delitos como el lavado de dinero, blanqueo de capitales, traición a la patria, incitación al odio y la violencia, la Fiscalía inició un proceso de judicialización de la acción política opositora que ha provocado centenares de presos políticos acusados por delitos no políticos.
El presidente favorece y persigue a su antojo, utiliza el poder sin rendir cuentas a nadie y no tolera críticas.
Los opositores han buscado formas de organizarse que les permitan actuar con libertad, pero estas son vistas por el gobierno como mecanismos de conspiración desestabilizadora.
Luego de consecutivas derrotas electorales, otros aspirantes políticos de oposición han intentado una especie de coalición alrededor de la figura de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, cuya Fundación ha sido el centro de las acusaciones de “lavado de dinero”, “apropiación indebida”, “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional” y dar dinero a “organizaciones y personas que buscaban la desestabilización y la buena marcha del desarrollo económico y social del país.”
Contra los escritores
Con verdadera inquina personalizada, el gobierno ha perseguido importantes figuras intelectuales, como fue al gran poeta Ernesto Cardenal, hasta el último de sus días.
El reciente 8 de setiembre, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Sergio Ramírez Mercado, “por incitar al odio y la violencia” y conspirar para el menoscabo de la integridad nacional”, esto por haber recibido recursos de la Fundación Violeta Barrios para la Fundación Luisa Mercado.
Durante los últimos años, como lo ha hecho toda su vida, Sergio Ramírez no ha disimulado su postura crítica; por el contrario, la expresa claramente, pero tampoco ha pretendido utilizar las actividades que la Fundación Luisa Mercado realiza en el país para la promoción de la cultura, como tampoco el festival literario más importante de la región, Centroamérica Cuenta, que ya ha cumplido más de una década.
Como intelectual, uno de los más importantes escritores latinoamericanos, ex vice presidente de Nicaragua, Sergio Ramírez ha sostenido una postura crítica a comportamientos abusivos del gobierno. La concentración del poder, el debilitamiento o corrupción de la institucionalidad perjudican profundamente la democracia en Nicaragua, cosa que el escritor ha señalado reiteradas veces a lo largo de más de quince años que ya cumple Daniel Ortega en el poder, y al que piensa reelegirse con una votación simbólica y tras haber desarticulado o amedrentado a sus múltiples adversarios.
En el quinquenio 1985-1990, Ramírez fue vicepresidente de un gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que presidía Daniel Ortega, ambos coincidían en la utopía. Pero luego, para las otras veces que Ortega aspiró al poder con bandera del FSLN, ya Ramírez señalaba que ese movimiento se había apartado de sus ideales originales.
El actual gobierno amedrenta y persigue a quienes no piensan como él o se atreven a criticarlo, mientras espera la llegada de las elecciones en noviembre próximo, para reelegirse para un cuarto mandato consecutivo.
Al emitirse la orden de captura y el allanamiento de su casa, Sergio Ramírez se encontraba en España presentando su más reciente novela Tongolele no sabía bailar y ha considerado pedir el asilo político, pues a sus 78 considera que volver a Nicaragua para significaría una condena de muerte si la someten al trato inhumano de las cárceles del gobierno.
Como si la patria fuera él, el presidente Ortega judicializa a sus adversarios acusándolos de traición a la patria o de terrorismo y sus argumentos los ampara en un poder judicial que lo obedece o en una Asamblea Nacional donde su partido tiene mayoría. Pero las banderas de sandinismo revolucionario se han visto plegadas ante la entronización del orteguismo.
Un gobierno nepótico camuflado con los jirones de auxilios populistas se aferra a su cubil desde donde acusa a sus oponentes de incitar al odio, cuando es bien sabido que en Nicaragua ese monopolio él y su señora lo detentan.
Sergio Ramírez ha dicho que sus armas son las palabras y que las seguirá usando para denunciar lo que cree que daña la libertad y la democracia en Nicaragua que él mismo luchó por alcanzar.
Mientras, el presidente Ortega sigue tejiendo su mortaja de dictador.
