Suplementos Una memoria que se transforma en lucha:

30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica

Fecon

2020

Asesinato, racismo, impunidad y corrupción, bajo el límpido azul de tu cielo

La postal turística costarricense de gran belleza natural y protección del ambiente, encubre una desigual lucha entre quienes realmente defienden la naturaleza y quienes pretenden explotarla sin reparos ni control, amparados no solo en la violencia continua y sistemática, sino con la complicidad del estado y funcionarios de sus instituciones. Así lo deja ver esta valiente y contundente publicación realizada por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) recientemente.

La voracidad de algunos grupos por hacerse con la riqueza natural explotándola de manera irresponsable y sin control los lleva con frecuencia a operar al margen de la ley, pero sus acciones son toleradas por un sistema de justicia que muchas veces se vuelve elástico o poroso para la corrupción. Las denuncias que grupos o personas ambientalistas o protectoras de la naturaleza realizan contra esas pretensiones y abusos, topan con actos de violencia, amenazas, intimidación y cada vez con más frecuencia el asesinato, que muchas veces no reciben la debida atención por parte de las autoridades y quedan en la impunidad.

Este libro recoge un seguimiento de 30 años durante los cuales la defensa ecologista ha sufrido el atentado criminal.

La lucha ilegal contra el ambiente reúne desde grandes empresarios hasta cazadores furtivos, traficantes de especies, narcotráfico, minería e invasores de territorios indígenas.

“Según el Estado de la Nación el Gobierno de Carlos Alvarado acumula más protesta social desde el Combo del ICE. La administración Alvarado siguió el patrón registrado por el Gobierno pasado, profundizando el modelo neoliberal sobre los bienes comunes y ha tenido en esencia el mismo manejo de la conflictividad socio ambiental que los gobiernos anteriores.”, dice Mauricio Álvarez en el prólogo.

“Los informes del Proyecto Estado de la Nación han señalado la responsabilidad del Estado como principal generador de disputas y conflictos; es decir, pasó de mediar a promover conflictos socio ambientales, ya sea por omisión, ineficiencia, falta de institucionalidad o, más directamente, por las políticas neoliberales predominantes en las últimas décadas.”, agrega.

El libro señala más adelante: “Esta realidad no tiene nada que ver con imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con las que se vende a Costa Rica en el exterior. Si bien este país lucra en el extranjero promoviendo sus políticas ambientales, la realidad es de profundas contradicciones.”

Efectivamente, en los últimos 30 años, mientras se ha levantado una industria turística que depende esencialmente del recurso natural y la riqueza ambiental, paralelamente se han impulsado políticas neoliberales que tienden a reducir los controles que el estado debe tener sobre los bienes comunes y se ha favorecido el desarrollo empresarial que abarca la explotación minera, los monocultivos extensivos con sus características contaminantes y destructivas, las destrucción de especies por abuso y sobreexplotación, el mal manejo de suelos, la ocupación de territorios protegidos o la infraestructura mal planificada.

La conflictividad, que este comportamiento contradictorio por parte del estado ha generado, pone en un lugar a grandes capitales y en el otro a grupos civiles preocupados por la defensa del ambiente. Esta lucha no solo se da en Costa Rica, sino que es creciente y de la misma manera desigual en el mundo entero, principalmente en América Latina.

Como táctica de lucha de los grupos poderosos contra los defensores del ambiente, está la descalificación y criminalización de éstos.

“En general, a las personas que defienden el ambiente y a los ecologistas, se les acusa de ser “problemáticos”, “de enriquecerse con el dolor de la gente”, de ser “generadores de conflicto.”, indica el libro.

Racismo y brutal impunidad

El 18 de marzo de 2019 en la noche, el líder indígena Sergio Rojas Ortiz fue asesinado a balazos en su casa de habitación en el territorio indígena de Salitre de Buenos Aires, en la zona sur del país. Había recibido amenazas desde 2015. El asesinato ocurrió horas después de que acompañara a otros dos indígenas a presentar una denuncia ante las Fiscalía de Buenos Aires por amenazas de supuestos usurpadores de tierras.

“Hasta la fecha no se han identificado a los responsables materiales ni intelectuales. A principios de julio de 2019 la Fiscalía publicó dos retratos hablados sobre los sospechosos del homicidio, para que la población colabore en identificar a estas personas. Pero no ha pasado a más.”, denuncia el libro.

Las luchas contra la invasión de territorios estipulados en la Ley Indígena 6172 es consecuencia de que el Estado y sus instituciones no han hecho respetar dicha legislación y han permitido la ocupación de tierras por personas no indígenas.

En setiembre de 2020, dice el libro, el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que se sigue contra los presuntos asesinatos del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz. La Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, se reunió con los familiares de Rojas para darles la noticia personalmente y explicarles las razones que llevan a esta decisión.

La fiscalía encargada de la investigación del homicidio, señaló que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación”.

El 24 de febrero de 2020, a casi un año del asesinato de Sergio Rojas, Yehry Rivera, líder indígena Brörán o Térraba, de la zona sur del país, fue asesinado con cinco balazos en la espalda.

Según denuncia el libro, se trató de un “linchamiento” por parte de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado.

En el libro se explica lo siguiente: “En marzo del 2020 el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó medidas cautelares ‘en contra de dos hombres de apellidos Varela Rojas, quienes figuran como sospechosos de cometer el delito de homicidio calificado’ contra Yehry Rivera. Las medidas solicitadas eran prisión preventiva para uno de los hermanos y arresto domiciliario para el otro, que estaba hospitalizado. “No obstante, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y ordenó la libertad de los sospechosos; sin embargo, en contra del primero impuso la medida cautelar de no acercarse a testigos.”

Ante estos hechos y otros similares respaldados por abundantes datos y denuncias que se recogen en este documento, la Fecon propuso desde 2013 la creación de una “Comisión de la Verdad, un ente ‘mixto’ con representación estatal y de las organizaciones ambientales costarricenses.”

Entre los objetivos de dicha comisión están: “documentar los diferentes atentados que han sufrido las y los activistas ambientales; identificar las acciones desarrolladas por las autoridades nacionales en cada caso; dar a conocer a la sociedad nacional la realidad investigada; construir una propuesta de Fuero de Protección para los activistas ambientales; determinar —mediante un estudio— si existe protección o mecanismos jurídicos para tutelar la acción de las y los activistas ambientales, y cuáles son los órganos públicos y las instancias privadas; proponer a las autoridades nacionales otras acciones remediales jurídicas, de comunicación y políticas necesarias.”

Cabe decir que este libro apela a la sensatez por encima de la codicia, al respeto de la ley por encima de la impunidad, en una sociedad cuya fantasiosa idea de progreso topa de frente cada día con los indicadores de la realidad que le reiteran que tiene sus días contados si no toma medidas urgentes.

 

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