Diálogos sobre el Bienestar


Los desafíos del presidente Alvarado con los niños y los adolescentes

De acuerdo con datos recientes del INEC, aproximadamente 1.500.000 niñas, niños y adolescentes habitan en el territorio nacional.

Al reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la actual administración presidencial Alvarado Quesada (2018 – 2022) en materia de niñez y adolescencia, es importante reconocer como al constituirse la acción presidencial desde la función pública, en cierta medida los retos en cuestión, pasan por considerar la dinámica estatal; y por consiguiente la política social, especialmente la relacionada con niñas, niños y adolescentes; en suma con ello, el movimiento de la sociedad que la va configurando.

En ese sentido y a modo de contextualizar, de acuerdo con las proyecciones nacionales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el año 2018, la población de niñas, niños y adolescentes está conformada por los siguientes rangos de edad según cantidades: de 0 a 4 años, 369.764; de 5 a 9 años, 371.857; de 10 a 14 años 370.067 y de 15 a 19 años es de  394.328. De esta manera, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que habitan en el territorio nacional ronda aproximadamente el 1.500.000 personas.

En un primer nivel de análisis sobre los desafíos en la materia, se destaca el plano estructural, en el cual la institucionalidad pública mediada por las particularidades de la contemporaneidad capitalista atraviesa un complejo proceso de crisis, acompañado por la primacía de la ideología neoliberal.

Derivado de tales situaciones, es posible notar de manera tendencial, una debacle en el trabajo ocasionando desempleo, subempleo, precarización, flexibilización y tercerización laboral; así como un asedio al quehacer estatal público y más recientemente una ofensiva a los derechos humanos. Estas generalidades se constituyen en trazos que componen de alguna manera, el retrato contextual de la contemporaneidad en que las niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares reproducen sus condiciones de vida.

Frente a las tendencias de orden estructural que sitúan y condicionan el quehacer de la actual administración presidencial, es posible identificar un segundo nivel de desafíos expresados desde el ángulo de las manifestaciones de tales condiciones históricas. En esa línea, cabe mencionar el incremento en el deterioro de las condiciones laborales, que aunado a las deudas económicas familiares, obligan a las personas adultas a trabajar en horarios extenuantes con pocas posibilidades de cuido, protección y acompañamiento para las niñas, niños y adolescentes (Angulo, 2013).

Sumado a lo anterior, se presenta una tendencia al fácil acceso y uso desmedido por parte de la niñez y la adolescencia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), vulnerando el uso que hacen de estas ante el desconocimiento y la falta de acompañamiento.

En la línea de las expresiones mencionadas, con respecto a la primera infancia es oportuno visibilizar la responsabilidad social y no exclusivamente femenina en el cuido de esta población, el cual debe ser comprendido desde la protección integral, que incorpore no solo la alimentación y el resguardo, sino también que potencie experiencias pedagógicas para esta población.

El abordaje de las situaciones de desnutrición y sobrepeso correspondientes al 2% y 34% respectivamente, según el Censo Escolar de Peso y Talla del año 2016, se sitúan también como retos en el abordaje de la alimentación de niñas, niños y adolescentes (GobiernoCR, 2017).

De igual manera, la incorporación de procesos institucionales con perspectiva de gestión del riesgo ante los desastres, en el territorio costarricense caracterizado por la constitución de multiamenazas, representan elementos por considerar entre los retos en recuento.  

En la línea de las manifestaciones señaladas como parte del segundo nivel de desafíos identificados, destaca también el requerimiento por abordar ámbitos propios de la salud mental en temas específicos como la depresión, la ansiedad, el acoso y el suicidio. En lo que respecta a esta última situación, el informe del Estado de la Nación (2017) señala que la tasa de muerte por suicidio durante el 2016 fue de 6,5 por cada cien mil habitantes.

Con relación al ámbito sexual y afectivo, es necesario continuar promoviendo procesos formales de educación, destacando temas como las relaciones impropias, embarazo adolescente, roles de género y las diversidades sexuales.

Las carencias interventivas en estos temas, lo reflejan las cifras de embarazo del año 2016 que registran un 15% de los nacimientos en adolescentes madres (Estado de la Nación, 2017); o bien, las tensiones sociales suscitadas a finales del año 2017 e inicios del 2018 en lo que respecta a la implementación de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública (MEP). Tales aspectos deben ser no solo incorporados en el ámbito educativo, sino que deben permear la mayoría de escenarios de la acción estatal (justicia, asistencia y seguridad social, por ejemplo), con el fin de forjar los cambios culturales necesarios en estas situaciones.

En lo que respecta a las transformaciones en el ámbito cultural, la actual administración gubernamental se enfrenta al requerimiento de impulsar acciones que permitan el reconocimiento de las múltiples composiciones familiares en las que niñas, niños y adolescentes se desarrollan, permitiendo la aceptación de la diversidad humana que confluye en el territorio costarricense; acción que impulsa rupturas con los referentes identitarios que presionan por sostener un falso imaginario de homogeneidad e igualdad social.

En apariencia una línea de trabajo sencilla de implementar, pero los últimos meses dieron cuenta de las disputas que tal reconocimiento suscita en la sociedad costarricense.

En la línea de aspectos culturales con ondas raíces socioeconómicas, es necesario tener presente las implicaciones que posee el país a nivel regional, como lugar de paso, o bien de condiciones que ofrece desde la perspectiva de la población migrante en situación de vulnerabilidad (EDNA, 2015).

Ante tales dinámicas, es importante garantizar la protección integral y la protección especial de las niñas, niños y adolescentes migrantes en estas condiciones, quienes solos o acompañados por sus grupos familiares, viajan y/o habitan el territorio nacional en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En un tercer nivel de identificación de desafíos gubernamentales, se destaca el ámbito gerencial de la política social en niñez y adolescencia. En este plano es importante mencionar la necesidad de contar con sistemas de información unificados que permitan recolectar datos estadísticos fidedignos de la población, información que contribuye a la toma de decisiones en la materia; la existencia de un expediente único y digitalizado puede contribuir en esta tarea.

La información en cuestión podría impulsar proyectos de investigación que complementen las decisiones gerenciales estratégicas y políticas en distintos ámbitos, como por ejemplo, requerimientos en capacitaciones de las personas profesionales a cargo y nuevas necesidades de abordaje de la política social.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia debe continuar implementándose, a la vez que incorpora las mejoras continuas y necesarias, con el fin de garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia juega un papel relevante en la articulación de los esfuerzos que realiza la institucionalidad pública costarricense en esta materia, por lo cual también es necesario su adecuado funcionamiento.


Diálogos sobre el Bienestar es una iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer y la FLACSO Costa Rica.

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