Como punto de partida, la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50 establece: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…”. En este entendido, los indicadores de crecimiento, desempleo e informalidad, y las dificultades fiscales requieren un análisis profundo con el fin de realizar esfuerzos para la reactivación económica, que permitan la dinamización de la economía en el corto, mediano y largo plazo.
Es indiscutible que la reactivación debe partir de una situación de estabilidad macroeconómica, que siente las condiciones para un proceso sostenido de crecimiento de la producción del país (PIB) y de mejora en la distribución de los ingresos generados. De igual forma, se requieren políticas de desarrollo productivo, que incrementen la productividad y competitividad del aparato productivo, a partir de la innovación tecnológica, los encadenamientos productivos, demandas interesectoriales y la generación de valor agregado.
Esto es a lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) denomina una macroeconomía para el desarrollo, donde las políticas de estabilización se acompañan con políticas de reactivación, a partir de inversiones en infraestructura, formación del capital humano, investigación y desarrollo (innovación y transferencia tecnológica), alianzas público-privadas, reglas del juego claras y eficientes; todo con el propósito de mejorar los niveles de productividad y la generación de empleos.
Además, la coyuntura internacional es desfavorable porque persiste una relación comercial tensa entre Estados Unidos y China, al tiempo que se presenta un aumento en los precios del petróleo y en la tasa Libor de Estados Unidos a 6 meses. Por lo tanto, urge tomar medidas conducentes a la reactivación económica del país en el corto plazo para evitar una situación similar o peor a la experimentada entre el año 2008 y 2009.
Se ha comprobado que Costa Rica necesita crecer a una tasa sostenida del PIB entre el 4.5% y el 5.0% para aproximarse a una situación de pleno empleo en el uso de sus recursos productivos. Las estimaciones de crecimiento para el presente año no supera el 2.2%. Las explicaciones oficiales de estos bajos niveles de crecimiento argumentan que la situación se debe a la caída en los niveles de actividad económica, a una disminución en la demanda agregada, especialmente del consumo privado; lo cual, aunado a una proyección de aumento en las tasas de interés, generan un ambiente negativo para las expectativas de inversión por parte de los empresarios.
Si lo vemos a nivel regional, el problema del desempleo asume niveles todavía más preocupantes, ya que las tasas de desempleo se incrementan significativamente en la mayoría de las regiones. El fortalecimiento de las políticas productivas y de empleo en las regiones debe hacer énfasis en el empleo femenino y de la población joven, a quienes el desempleo afecta más. Asimismo, el crecimiento de las personas adultas mayores, en condición de desempleo, es un tema para reflexionar, pues el desmejoramiento de las condiciones económicas ha implicado, que esta población no pueda dejar de trabajar, lo que llama la atención respecto al funcionamiento del sistema de protección y bienestar social.
En ese sentido, el papel de la academia en la reactivación económica debe enfocarse en contribuir con el análisis teórico y metodológico para la solución de problemas sociales y económicos que el país enfrenta. Además, debe facilitar y abrir espacios de debate entre los distintos sectores y actores que conforman la sociedad costarricense, con el propósito de llegar a acuerdos y consensos en torno a grandes objetivos en común. A partir de lo anterior, es necesario diseñar y plantear propuestas que se articulen al objetivo de reactivar la economía y generar mayores niveles de bienestar para la población.
Lo anterior implica establecer una relación fluida, permanente y transparente entre la academia y los diferentes actores de la sociedad costarricense, a través del establecimiento de un diálogo franco y directo, en procura de la consecución de consensos y acuerdos compartidos que repercutan positivamente en el bienestar de la sociedad costarricense.
Desde el enfoque de la macroeconomía para el desarrollo, se entiende al Estado como un actor clave en la definición de las políticas que garanticen un proceso de crecimiento económico inclusivo, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo. Para ello, el Estado debe de propiciar la participación de los actores privados y de la sociedad civil, tales como las cámaras patronales, organizaciones sindicales, solidaristas y cooperativistas, así como las organizaciones de origen local y comunitario, organizaciones no gubernamentales de diverso tipo y la representación de las universidades públicas.
La acción colectiva y concertada entre los distintos sectores es un eje central para impulsar los arreglos instituciones e implementación de políticas públicas de transformación productiva.
