Diálogos sobre el Bienestar - Personas con Discapacidad

El desafío de la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo de Costa Rica

La pobreza y la desigualdad golpean en todas las regiones de este país pero de manera más puntual a la persona con discapacidad

Las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las instituciones en general no cuentan con un estudio riguroso y profundo sobre la situación en la que viven las personas con discapacidad y sus familias en Costa Rica, que permita, según lo establece la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, “identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos”.

Un ejemplo claro de esto es lo que está sucediendo con los preparativos del “Encuentro regional sobre la situación en que viven las más de setenta mil personas con discapacidad de la provincia de Limón”, próximo a celebrarse el mes de junio en el cantón de Pococí. Este se realizará debido a la dificultad existente para obtener información sobre la situación real en la que viven estas personas y tendrá como fin construir propuestas para mejorar su condición de vida.

En Costa Rica se cuenta con dos mecanismos: uno para la fiscalización e implementación de las leyes y las políticas públicas relacionadas con los derechos de la personas con discapacidad (Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad), y otro para monitorear (Defensoría de los Habitantes) la protección y la defensa de esta población. Ambos, a nivel país, tienen una deuda significativa en el cumplimiento de sus funciones.

Por ejemplo, no existe una campaña permanente para sensibilizar a la sociedad sobre el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad. Esto resulta fácil reconocerlo, pues cualquier habitante que recorra este país no se va a encontrar con una campaña de divulgación de los derechos de estas personas (vallas publicitarias, afiches, entre otros).

La Federación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad (Rednopedis), conformada por 44 agrupaciones –incluidas organizaciones en territorios indígenas, costeros, urbanos y rurales–, presta especial importancia a los proyectos y programas que impulsen la inclusión en el desarrollo local, regional y nacional de la población con discapacidad.

Sin embargo, a la hora de aportar organización a los planes de desarrollo local y nacional, encontramos, por ejemplo, que la mayoría de los 82 gobiernos locales del país no cuenta con políticas cantonales sobre derechos de personas con discapacidad y los que sí cuentan con estos planes tienen implementación muy escasa.

Próximos a conmemorar el Día Nacional de la Personas con Discapacidad este 29 de Mayo, muchas organizaciones estamos construyendo una estrategia para reivindicar el derecho a la vivienda, al empleo, a la educación, a la rehabilitación, a la cultura, al deporte y la recreación, y a un nivel de vida adecuado, así como la protección social de las personas con discapacidad.

Es urgente y necesario fortalecer las capacidades de incidencia política de las organizaciones de personas con discapacidad si queremos ser parte del desarrollo de este país. La creación de la Comisión Parlamentaria de Derechos de Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa es un espacio para incidir en la agenda de esta comisión y lograr una efectiva inclusión de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de la población con discapacidad.

Aprovechamos este espacio para hacer un llamado y una invitación al Conapdis y a la Defensoría de los Habitantes, a las comisiones municipales de discapacidad y accesibilidad, y a las comisiones institucionales de discapacidad y accesibilidad; para que, junto a las organizaciones de personas con discapacidad, elaboremos una estrategia enfocada en avanzar con los derechos de la población con discapacidad. Es necesario que estas instituciones faciliten recursos a las organizaciones para lograr una efectiva participación en la vida pública y política de este país.

Es justo destacar el esfuerzo colaborativo del departamento de Participación Ciudadana y la Unidad de Derechos de Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa, la Fundación Konrad Adenauer y la Unión Nacional de Gobiernos Locales por fortalecer las capacidades organizacionales de las agrupaciones que representan a la población con discapacidad.

Como población con discapacidad y como organizaciones que las representan, insistimos en que es poco lo hay que celebrar respecto del avance de los Derechos de la Personas con Discapacidad. La deuda que tiene el Estado y la población en general con esta población es evidente. La pobreza y la desigualdad golpean en todas las regiones de este país de manera más puntual a la persona con discapacidad. Los programas existentes son insuficientes para atender las demandas de esta población.

Por tanto, el Estado costarricense y la sociedad en general deben hacer esfuerzos por empezar a saldar esta deuda con esta población y por lograr una sociedad inclusiva.

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